La prohibición para comercializar esos licores se mantendrá “hasta tanto el Ministerio de Salud determine que el consumo de estos productos no representa un riesgo para la salud de la población”, dijo Salas.

A partir del lunes, a los comerciantes que se les descubra con estos productos, se le va a “suspender el permiso sanitario de funcionamiento" y a decomisar los licores de esas marcas “que no tengan número de registro sanitario o que estos correspondan a otro producto, o que no cuente con el número de lote que permita su trazabilidad”, indica el decreto.

La orden señala que hay una “negativa” de los comerciantes a colaborar luego de que Salud emitió una alerta sanitaria el 5 de julio, y por eso se llega al extremo de suspender los permisos sanitarios o a la clausura temporal.

La jefa de la Unidad de Normalización y Control del Ministerio de Salud, Jennifer Lee, confirmó que esa resolución le permitirá a la institución a proceder más ágilmente con estos clausuras.

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Según Lee, antes de esa publicación, no existía una prohibición explícita. Hasta ahora, dijo, no se ha cerrado ni uno solo de los locales en los que se ha decomisado productos.

A la fecha, se han visitado 1.200 comercios, pero ella no tenía el dato de cuántos de esos sitios tenían producto adulterado.

"Hay una alerta de no comercializar el producto pero ante la falta de atención a esta alerta y al llamado de atención para no vender, se saca la prohibición haciendo uso del principio precautorio en una norma que ahora sí establece esa prohibición”, dijo Lee.

Según la funcionaria, los comerciantes han hecho hasta ahora caso omiso, a pesar de que el brote de intoxicaciones con guaro adulterado con metanol, que se inició en junio, ha causado 45 intoxicados; veinte de estas personas han fallecido.

“Tenemos denuncias de ciudadanos que nos indican que en algunos minisúper o pulperías esconden el producto para vendérselo a ciertos clientes. Estos casos ya están en manos del OIJ (Organismo de Investigación Judicial)”, confirmó Lee.

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De acuerdo con el dato más reciente de Salud, se han sacado del mercado casi 40.000 botellas de siete marcas diferentes: Guaro Montano, Guaro Gran Apache, Aguardiente Estrella Roja, Aguardiente Barón Rojo, Aguardiente Timbuka, Aguardiente Molotov y Aguardiente Sachetto.

Este producto, cuando es decomisado, pasa a ser propiedad del Estado, se toman muestras en algunos y se envían al Instituto Costarricense de Investigación y Enseñanza en Nutrición y Salud (Inciensa), donde los resultados de las pruebas de laboratorios se tienen en cuatro días.

Los establecimientos a los que se les decomisa producto sospechoso de adulteración puede abrir una vez que presente una declaración jurada, comprometiéndose a no volver a comercializar estas bebidas.

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La Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) elaboró un protocolo especial para la atención de estos casos los cuales, hasta hace poco, eran infrecuentes.

Actualmente, se gestiona con la Organización Panamericana de la Salud (OPS) la llegada de kits o paquetes de pruebas para medir el nivel de concentración de metanol en el organismo de las personas afectadas, confirmó Elenita Ramírez, médica del equipo responsable de atender esta alerta en la Caja.

Hasta la fecha, las víctimas de atención son alcohólicos crónicos de bajos recursos económicos, de todo el país, principalmente, Cartago y San José.

Posibles delitos

El abogado experto en derecho penal, Gerardo Huertas, explicó que conductas como las relacionadas con la adulteración de guaro con metanol están reguladas en los artículos 268, 269 y 270 del Código Penal.

“Son los delitos relacionados con la puesta en circulación de sustancias nocivas para el público en general. Estos delitos requieren dolo. Es decir, no basta con que una persona, accidentalmente o sin saberlo, genere esa situación. Tienen que saber que están agregando una sustancia no autorizada.

“Este último ejemplo, donde supuestamente se decomisa el guaro y el sujeto esconde más producto para volverlo a comercializar, es la prueba del dolo. Demuestra que sabían. Es un dolo eventual”, comentó el jurista.

Según el artículo 268 del Código Penal, "será reprimido con prisión de tres a diez años, el que envenenare, contaminare o adulterare, de modo peligroso para la salud, aguas o sustancias alimenticias o medicinales, destinadas al uso público o de una colectividad.

“Si el hecho fuere seguido de la muerte de alguna persona, la pena será de ocho a 18 años de prisión”.

Por su parte, el artículo 269 del mismo Código, castiga con prisión de uno a cinco años "el que envenenare, contaminare o adulterare de modo peligroso para la salud, sustancias o cosas destinadas al uso público o de una colectividad, distintas de las enumeradas en el artículo precedente.

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En el 270, se aplican las mismas penas “al que vendiere, pusiere en venta, entregare o distribuyere las sustancias o cosas peligrosas para la salud a sabiendas de su carácter nocivo”.

Ante las múltiples advertencias y llamamientos realizados por Salud en las últimas semanas en relación con este caso, Gerardo Huertas considera que para un comerciante no resultará tan fácil decir que no se dio cuenta.

“Claro que, como todo, se convierte en un asunto de prueba. Se podría alegar que el comerciante puede tener cierta previsibilidad. Por ahí podría tener ese conocimiento”, comentó el penalista.

NOTA DEL EDITOR: Información actualizada a las 9:40 p. m. de viernes 26 de julio con datos sobre el decreto ejecutivo.