EscucharA pesar de no existir una partida presupuestaria aprobada para la compra de alimentos y bebidas para las sesiones de Junta Directiva de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS), los integrantes de ese órgano recibieron platillos en cada una de las sesiones del 2022 y varios meses del 2023.
Así lo demuestran correos internos, cotizaciones de catering service dirigidas a la Secretaría de Actas de la Junta Directiva de la Caja y entrevistas realizadas por este diario.
Por ejemplo, el 30 de noviembre de 2022, una cotización elaborada por la empresa Viaje Culinario incluyó el siguiente menú: 15 platos de yogurt con granola, 14 platos de gallo pinto con huevo, queso, maduro y natilla, un plato de desayuno vegetariano y té verde.
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Marta Esquivel, presidenta ejecutiva de la CCSS; participó de una conferencia de prensa en Casa Presidencial el pasado miércoles. La acompañaron sus compañeros de Junta Directiva. (Cortesía de CCSS)
Para el almuerzo, el menú contemplaba gazpacho, carne de res y pollo al estilo shawarma, falafel, pan pita, mini papas, vegetales asados, ensalada árabe y aderezo y de postre un queque red velvet. Para la merienda: alfajores, pao di queijo (pan de queso brasileño), mini wrap vegetariano y pastel de palmito. Por último, en la cena propusieron sopa y crema de lentejas.
El menú, cancelado con dinero de los asegurados, costaría ¢255.000 solo para ese día. La Nación confirmó con esa compañía que, el año anterior, en varias ocasiones, fue contratada para servir comida en las sesiones de la Junta Directiva, la cual está integrada por nueve personas y sesiona, en promedio, cinco veces al mes.
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En otras oportunidades, a esa compañía se le pidió servir salmón, lomito, espárragos, corvina y salsas que incluían almendras. Fuentes de la CCSS que pidieron reservar su identidad indicaron que también se encargó comida en hoteles y restaurantes ubicados en Paseo Colón, San José.
Este diario contactó a Marta Esquivel, presidenta ejecutiva de la CCSS y le envió consultas sobre este tema a su teléfono celular y a través de la oficina de prensa, pero no contestó antes del cierre de esta información.
Adrián Torrealba, representante de los patronos en la Junta Directiva de la CCSS, admitió la contratación de comida durante todas las sesiones.
Añadió que mes y medio atrás, aproximadamente, cuando descubrieron que no existían partidas presupuestarias avaladas, suspendieron el encargo de comida.
“Antes de eso no tenía idea de que hubiera algo irregular. Cuando entré en la Junta Directiva ya se tenía esa tradición (servir comida para directivos con fondos públicos) desde antes”, declaró Torrealba este jueves.
También se enviaron consultas a Roberto Quirós Coronado y Juan Ignacio Monge Vargas, representantes de los patronos y el Gobierno, respectivamente, pero no respondieron las consultas remitidas este martes.
Álvaro Ramos, presidente ejecutivo de la CCSS entre mayo y setiembre de 2022, aceptó que el servicio de alimentación se daba en todas las sesiones. Aclaró que el resto de los días laborales él compraba su almuerzo o lo llevaba de su casa.
Agregó que, por su corta estancia en la presidencia ejecutiva, no tuvo la responsabilidad de revisar la distribución de partidas presupuestarias, por lo que desconocía que no existiera el aval para utilizar recursos en la compra de alimentación para los directivos.
“Toda la logística de las sesiones estaba a cargo de la Secretaría de Actas y como estuve solo cuatro meses, nunca llegó un momento en que me correspondiera revisarle el presupuesto. Entiendo que eso usualmente se hace en octubre o noviembre. Yo salí en setiembre”, dijo el exjerarca.
Varios pronunciamientos de la Contraloría General de la República han señalado que funcionarios públicos con salario o dieta deben costearse sus alimentos.
Por ejemplo, por medio del oficio DJ-0504-2013, el órgano contralor expresó: “Se entiende que los funcionarios públicos retribuidos por dieta o salario, en virtud de principio de previsión, han de proveerse de alimentos durante el cumplimiento de sus labores costeados de su propio peculio”.
La Contraloría permite, en casos extraordinarios, no regulares, que se dé una “atención mínima, razonable y austera de bocadillos y bebidas” con cargo a fondos públicos.
