Los integrantes de la Junta Directiva de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) serán los encargados de definir eventuales sanciones en caso de que se confirmen irregularidades en compras urgentes de mascarillas.
La decisión fue tomada por ese órgano colegiado este jueves 18 de febrero.
De esta manera, la Junta Directiva de la Caja aclara las diferencias de criterio entre la Gerencia General y el Centro para la Instrucción de Procedimientos Administrativos (CIPA), sobre quién determinaría el futuro de los 13 funcionarios de la Gerencia de Logística investigados.
A esas personas, entre las que figura el gerente de Logística, Luis Fernando Porras y dos de sus asesores, les atribuyen la contratación de proveedores inexpertos, pagos por adelantado y la aceptación de 700.000 cubrebocas de uso no médico.
El conflicto surgió cuando la Gerencia General conoció que Grettel Camacho Marín y Sergio Alfaro Esquivel, abogados del CIPA a cargo de los tres expedientes disciplinarios, delegaron el rol de órgano decisor en los integrantes de la Junta Directiva de la CCSS.
Roberto Cervantes, gerente general, calificó esa resolución como una “extralimitación de competencias”. Ademásy acusó al CIPA de “dilación indebida” por aplazar las audiencias orales de esas indagaciones para cuando cesen las medidas de restricción y distanciamiento social impuestas por la pandemia.
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Este jueves, durante una comparecencia en la Comisión Legislativa de Control de Ingreso y Gasto Público, Cervantes anunció la intervención del CIPA. La próxima semana, la Gerencia Administrativa deberá presentar un informe detallado sobre las acciones a tomar con ese dependencia.
Las pesquisas relacionadas con las mascarillas fueron instruidas por la Gerencia General desde agosto del 2020, pero ahora será la Junta la que establezca sanciones, si así se considera.
“La Junta Directiva de la Caja Costarricense de Seguro Social adoptará las acciones correspondientes para garantizar el debido proceso y la transparencia que permita determinar la verdad real de los hechos”, declaró la institución por medio de un comunicado de prensa enviado la tarde de este viernes.
La Junta Directiva está conformada por nueve miembros: tres representantes del Poder Ejecutivo, tres del sector patronal y tres de los trabajadores.
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El escándalo relacionado con adquisiciones de emergencia durante la pandemia inició cuando La Nación reveló que un contrato de $4 millones para la adquisición de 12 millones de mascarillas fue entregado a una periodista española y un contador público costarricense sin experiencia en el suministro de implementos médicos.
