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El mandatario lamentó la divergencia con María del Rocío Sáenz, a quien en mayo del 2014 confió la presidencia de la CCSS y que ahora crítica el decreto con el cual Costa Rica intenta cumplir la orden de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH). (Albert Marín)
San José
El Consejo de Gobierno rechazó abrir una investigación contra la presidenta ejecutiva de la Caja Costarricense del Seguro Social (CCSS), María del Rocío Sáenz, por oponerse al decreto que permitiría restablecer la aplicación de la fertilización in vitro (FIV) en el país.
La solicitud de abrir un procedimiento administrativo contra la jerarca de la CCSS fue presentada ante el Consejo de Gobierno el pasado 9 de noviembre, por los abogados de las parejas que demandaron al Estado costarricense ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH), Boris Molina y Hubert May.
El Consejo de Gobierno emitió una resolución sobre el tema el pasado 12 de enero. En el documento se establece que "el Poder Ejecutivo es respetuoso de la postura adoptada por dicha institución en torno al reglamento referido, pues la CCSS cuenta con autonomía para emitir su criterio".
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"No obstante, aun cuando la institución haya manifestado dudas con respecto al procedimiento que se debe seguir para regular la FIV, ello no podría constituir en sí un acto de incumplimiento de lo ordenado por la Corte IDH y reiterado en el Decreto Ejecutivo referido. Se concluye así que la posición adoptada por la Junta Directiva de la CCSS no da pie para el inicio de un procedimiento administrativo contra la jerarca de dicha institución", concluye el acta.
El abogado de las parejas afectadas por la prohibición a la FIV en el país, Boris Molina, indicó que si bien el Gobierno rechazó investigar a la presidenta de la CCSS, la interpretación que se hace es importante porque aclara que sea cual sea la posición de esa entidad, debe acatar lo dispuesto por la Corte IDH y por el decreto emitido por el presidente de la República, Luis Guillermo Solís.
Posiciones encontradas. El pasado 30 de octubre la CCSS envió un informe a la Sala Constitucional en el que pide a los magistrados anular el decreto ejecutivo de la FIV, porque consideran que la técnica reproductiva se debe regular por medio de una ley al estar de por medio derechos fundamentales.
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En el informe, firmado por María del Rocío Sáenz, se señala que "las instancias técnicas de la CCSS han advertido que la autorización de esta técnica no podía dejar de lado la regulación de aspectos que pueden alterar, afectar, modificar, variar o violentar elementos esenciales de la vida, de procreación, de filiación, sancionatorios, etc.".
El pasado 5 de noviembre, Luis Guillermo Solís perdonó a la presidenta de la CCSS por contradecirlo sobre la FIV y dijo que "este no es un régimen autoritario en el que todos se tienen que alinear o irse para afuera".
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"Hubiera querido que el criterio de la CCSS fuera otro, pero vamos a insistir para que el decreto se imponga", concluyó el presidente.
Camino legal. La Sala había prohibido la fertilización in vitro en el año 2000 por considerar que es una técnica que atenta contra el derecho fundamental a la vida.
El jueves 10 de setiembre, el mandatario Luis Guillermo Solís firmó el decreto para autorizar y regular la FIV, nuevamente en Costa Rica.
El decreto ejecutivo permitiría la aplicación de esta técnica en seis meses para la salud privada, y en dos años para la CCSS.
Un mes después, la Sala Constitucional, en una votación divida de sus magistrados, acogió para estudio una acción de inconstitucionalidad presentada por un grupo de diputados contra el decreto de FIV.
Desde entonces, la aplicación del decreto está suspendida en el país hasta que los jueces decidan si es constitucional o no.
