Cuatro informes de la Auditoría Interna de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) detallaron irregularidades en el proceso de priorización para aplicar las vacunas contra la covid-19 en tres hospitales y en una área de salud.

Entre los hallazgos, se indicó que al comienzo de la aplicación de las dosis, se inmunizó a personal que se encontraba de vacaciones, con permisos sin goce de salario o de departamentos administrativos que no correspondían a esta primera fase, en donde se debía aplicar las dosis a los trabajadores de primera línea de atención, así como a residentes y trabajadores de hogares de larga estancia.

En total, ese ente fiscalizador detectó 67 casos en los hospitales San Vicente de Paúl, en Heredia; Max Peralta, en Cartago; William Allen, en Turrialba; y en el Área de Salud de Corredores, en Puntarenas.

De vacaciones

En el caso del Hospital de Heredia, el informe AGO-006-2021 reveló que, en el proceso de planificación no se realizó una priorización por servicio.

Según el recuento hecho por la Auditoría, fueron vacunados 25 funcionarios que se encontraban de vacaciones, todos ellos del servicio de Enfermería (tanto de áreas covid-19 como de otras externas); además se vacunó a otras cinco personas que, al momento, se encontraban incapacitadas y ocho que contaban con permisos laborales o pertenecían a otras unidades.

Asimismo, nueve trabajadores fueron vacunados sin estar priorizados en la programación elaborada por el mismo hospital; entre ellos, jefaturas de consultas, el director interino del hospital, el director de Enfermería y otros de áreas administrativas.

Incluso, algunos funcionarios de la Dirección General recibieron la dosis en los primeros tres días del plan de vacunación, antes que otro personal con mayor exposición de contagio, lo que, según el informe de la Auditoría, evidencia la vulnerabilidad del sistema de control interno establecido en este proceso.

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En su justificación, el centro médico indicó que se trataba de personas que realizaban gestiones de supervisión o coordinación asociadas con servicios donde labora personal que atiende a pacientes con covid-19, o que eran trabajadores que atienden a personal externo que presenta disconformidades, así como funcionarios que en sus tiempos extraordinarios laboran en otros servicios, como por ejemplo, Emergencias.

Sin embargo, la Auditoría concluyó que: “estas no son justificaciones que demuestren contundentemente la razonabilidad de modificar el cronograma previamente establecido en ese centro de salud y dar prioridad a personal que en primera instancia no estaba incluido, lo que evidencia el incumplimiento de los lineamientos establecidos en la normativa vigente”.

El informe recordó que, a pesar de que indicaron que ocasionalmente estos funcionarios realizan actividades asistenciales en tiempo extraordinario, la Comisión Nacional de Vacunación y Epidemiología ha sido enfática en que la decisión de priorización en la vacunación se estableció con base en el riesgo de contagio, el cual evidentemente es mayor al prestar atención directa a usuarios con coronavirus, como labor principal durante la jornada ordinaria y continua.

En este caso, además se hizo un llamado de atención a las jefaturas de servicio en relación con su responsabilidad, no solo de cumplir con el marco técnico, sino de “mantener y demostrar integridad y valores éticos en el ejercicio de sus deberes y obligaciones”, y recalcó que, en cuanto mayor sea la jerarquía del funcionario, mayor es su deber de conocer las normas.

Sustitutos en Cartago

En el caso del Max Peralta tampoco se respetó el plan de vacunación establecido, a pesar de que se elaboró un listado de funcionario prioritarios, con base en la información suministrada por las jefaturas de los diferentes servicios.

Esta situación ocasionó que se vacunaran funcionarios “con menor riesgo de contagio” antes que al personal que atiende directamente a pacientes contagiados con el virus.

De acuerdo con el recuento, se le suministró la dosis a diez funcionarios sin que se ajustaran a los lineamientos de priorización, entre ellos, a varios trabajadores del departamento de Vigilancia, Radiología y un trabajador que se encuentra con un permiso sin goce de salario.

En respuesta a la Auditoría, la directora del hospital, Krisia Díaz, indicó que esas personas fueron vacunadas en sustitución de otras que no se presentaron a la cita otorgada para la vacuna correspondiente por diferentes motivos, tales como, periodos de lactancia, ausentismo o por haber contraído el virus.

Sin embargo, el ente fiscalizador determinó que, en ese momento, existía personal en mayor riesgo de contagio por el desarrollo de sus funciones, como los trabajadores de consulta externa.

También se halló que, de ese grupo de diez funcionarios, nueve habían sido registrados erróneamente como trabajadores del servicio de Enfermería, lo cual fue atribuido por la Dirección del Hospital a un error de transcripción al momento en que se hizo la sustitución.

De igual forma, se le llamó la atención al centro médico por incluir a un empleado de Enfermería que se encuentra con un permiso sin goce de salario, pese a que la Dirección alegó que el trabajador tenía su oficina dentro del hospital.

La Auditoría rechazó el argumento porque “la persona indicada no forma parte de la planilla institucional y, por tanto, no es funcionario del hospital en este momento, confirmándose entonces que, no se encontraba desarrollando labores de atención directa a usuarios covid o no covid para ser priorizado dentro de los funcionarios vacunados en el tercer día”.

“(...) Se generó una afectación del clima laboral del centro de salud, incumplimientos al orden de priorización establecida y por lo consiguiente, un impacto a la vacunación oportuna de otros funcionarios que son de atención directa a pacientes, lo que toma relevancia al considerar que la disponibilidad de la vacuna por parte del fabricante es limitada”, añadió ese órgano.

Secretarias y jefes en Turrialba

En el Hospital William Allen de Turrialba se vacunó en los primeros días a personal de apoyo y a un médico que no correspondía con la priorización.

En total, se le suministró las dosis a nueve funcionarios que no formaban parte de los prioritarios, tales como secretarias, asistentes y jefaturas.

Las justificaciones de la institución tampoco fueron de recibo para la Auditoría, que apuntó que, en su jornada ordinaria, estas personas realizan labores administrativas.

Otro de los informes de Auditoría reveló que en el Área de Salud de Corredores se vacunó a una persona que labora para una empresa privada que presta servicios a la CCSS.

La directora de esa área de salud indicó que la vacuna se aplicó a la funcionaria de aseo porque no había ningún funcionario de primera línea pendiente de aplicarse la vacuna y ya estaba por cumplirse el plazo de las horas desde que se prepararon las dosis.

El jueves anterior, la Caja informó de que 30 funcionarios de hospitales públicos están bajo investigación porque habrían recibido la vacuna contra la covid-19 sin cumplir los requisitos.

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Estas personas pertenecen a 11 centros médicos y siete áreas de salud, entre las que se incluyen los hospitales citados en los recientes informes, así como los 16 funcionarios del Hospital Enrique Baltodano, de Liberia, Guanacaste, quienes recibieron las dosis antes de que les correspondiera.