Los esfuerzos por buscar una solución a la fuga de médicos especialistas de los hospitales públicos quedaron congelados en el seno de la comisión de alto nivel, creada para analizar una de las principales causas de las listas de espera en la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS).
Hasta ahora se desconocen los avances de un programa donde se definieron al menos seis líneas estratégicas de trabajo. Las más importantes están relacionadas con la formulación de una política de recursos humanos en salud, y de un decreto ejecutivo para permitir un único proceso de admisión a los programas de formación de especialidades y subespecialidades médicas.
Entre las líneas de trabajo también se acordó revisar y actualizar el contrato de retribución social de los futuros especialistas, así como ajustar programas para formar estos profesionales desde el requisito de Medicina General.
En la reunión del 5 de mayo −la última de cuatro que se han realizado en lo que va del año−, se establecieron algunos plazos para entregar resultados. Por ejemplo, se dio un mes de plazo para presentar la estrategia de distribución de especialistas.
¿Qué ha pasado con esas tareas desde entonces? La Nación le consultó al Ministerio de Salud sobre los avances, pero al cierre de esta nota no se había recibido una respuesta del ente rector.
Se realizó la misma consulta a la CCSS, sin embargo, la Gerencia Médica, a través de su oficina de prensa, derivó las preguntas a Salud argumentando que este último es el responsable de coordinar la comisión.
El grupo está integrado por autoridades y equipos técnicos de Salud, CCSS, Colegio de Médicos, Instituto Nacional de Seguros (INS) y Defensoría de los Habitantes como observadora activa del proceso.
La última sesión se realizó el 5 de mayo sin presencia de autoridades del Colegio de Médicos, promotor de la iniciativa, luego de que este comunicara su salida de la comisión. La reincorporación del Colegio está sujeta a incluir en la agenda de trabajo los temas de retención y distribución de especialistas.
El Colegio confirmó, a través de su oficina de prensa, que tampoco tiene conocimiento de los avances logrados hasta la fecha.
La última reunión de la comisión de alto nivel, programada para el 9 de junio, fue suspendida sin previo aviso, informó la Defensoría de los Habitantes ante consulta de La Nación.
La próxima cita sería el 25 de agosto, según dijo la ministra de Salud, Mary Munive, a la Defensoría, institución que reiteradamente le ha pedido cuentas sobre el progreso en el trabajo acordado.
Crisis en hospitales
La génesis de la comisión de alto nivel, instaurada con el propósito de analizar la crisis desatada por la fuga de especialistas, fue concebida por el Colegio de Médicos y Cirujanos.
Esta iniciativa surgió a raíz de la divulgación de datos que evidenciaron la partida masiva de especialistas de la CCSS. Esta coyuntura engendró una auténtica emergencia, exacerbando las demoras en cirugías, consultas y procedimientos diagnósticos.
Conforme las cifras proporcionadas por el Sindicato Nacional de Médicos Especialistas (Siname) y la Unión Médica Nacional, entre el 2021 y el 2022, un total de 208 médicos especialistas renunciaron a la CCSS.
Optaron por trasladarse a servicios privados o al Hospital del Trauma, perteneciente a la red del Instituto Nacional de Seguros (INS), en busca de condiciones salariales y horarias más propicias.
Las secuelas de estas deserciones adquieren un matiz especialmente crítico en disciplinas como Anestesiología, Ortopedia y Radiología. Únicamente en el Hospital Nacional de Niños, cuatro anestesiólogos pediatras presentaron su dimisión en el transcurso de dos años.
Este éxodo agravó la acumulación en las listas de espera en ese centro médico donde, hasta el mes de febrero, se aglomeraban 2.000 menores a la espera de una intervención en Ortopedia.
Otros 965 pequeños estaban pendientes de una cirugía en el ámbito de Urología, mientras que 773 más esperaban su turno para ser operados de la vista.
Es altamente probable que estas cifras hayan experimentado un aumento continuado.
Los médicos instan a la CCSS a mejorar las condiciones laborales, principalmente en términos de flexibilidad horaria, con el propósito de conciliar su práctica privada y la búsqueda de actualización profesional.
Además, demandan mejoras en los entornos de trabajo, que, según su testimonio, han perdido calidad tras la pandemia de la covid-19.
Con base en los documentos proporcionados por la Defensoría de los Habitantes, las seis líneas estratégicas de acción se dividieron en fases, cada una con responsables y plazos asignados.
Por ejemplo, se espera que la primera fase, en la que se elaboraría la política nacional de recursos humanos en salud, esté lista en setiembre. El responsable de lograrlo es el Ministerio de Salud.
Sin embargo, lo relacionado con la gestión de contratación y retención del recurso humano médico especializado, no tiene ni fecha de inicio, conclusión o porcentaje de avance.
La institución responsable de esta tarea es la Caja que, en principio, debería integrar un equipo a cargo de hacer la propuesta y establecer un plan de trabajo.
En lo que respecta a la elaboración del decreto ejecutivo para lograr un proceso de admisión único a los programas de formación de especialidades y subespecialidades, solo se sabe que el trabajo en esa dirección se inició en abril, sin que hasta ahora se conozcan resultados.