Dos de los siete gerentes de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) sobresalen por una alta facturación en peajes, cancelados con fondos públicos, debido a sus desplazamientos en vehículos de la entidad a sus casas, oficinas, reuniones giras y otras actividades.
Es el caso de Roberto Cervantes Barrantes y Randal Álvarez Juárez, gerente general y gerente médico de la CCSS, respectivamente, quienes consumieron el 70% del dinero desembolsado para peajes en los últimos diez meses.
De acuerdo con cifras oficiales, entre enero y octubre del presente año, la Caja pagó ¢1.426.000 en peajes para los carros de los siete gerentes. Sin embargo, solo Cervantes y Álvarez gastaron ¢984.400 para sus recorridos.
Un aspecto que explica esos números es que Cervantes vive en Mora y Álvarez en Puntarenas, por lo que ambos circulan a diario por la ruta 27 (San José-Caldera). Por ejemplo, el carro institucional que transporta al gerente general debe pasar por las casetas de peaje de Escazú, que tiene un costo de ¢480 por sentido y Ciudad Colón, con un valor de ¢240 por sentido. Ese recorrido representa un pago total diario de ¢1.440 por un viaje de ida y vuelta entre Mora y San José.
Gerentes CCSS Roberto Cervantes Barrantes y Randal Álvarez Juárez, gerente general y gerente médico de la CCSS, respectivamente.
En el caso de Álvarez, para viajar entre Puntarenas y San José, la Caja debe pagar cuatro estaciones de peaje de ida y cuatro de vuelta para un total de ¢5.800 diarios.
Según datos suministrados por la oficina de prensa de la CCSS, entre enero y octubre de 2022, el auto que transporta al gerente general requirió ¢410.500 para peajes y el vehículo asignado al gerente médico necesitó ¢573.900. La facturación de esos dos funcionarios contrasta con la erogación de las otras cinco gerencias de la CCSS, que oscilan entre ¢24.000 y ¢172.000 en los últimos diez meses.
En promedio, el gerente general gasta en peajes ¢41.050 por mes y el gerente médico ¢53.390 mensuales.
El que menos gasta en peajes es Gustavo Picado, gerente financiero, que registra un desembolso total por ¢24.500 en los últimos diez meses, suma 23,4 veces menor a la erogación de la Gerencia Médica.
Además, el consumo de peajes de las Gerencias de Logística y de la Gerencia de Infraestructura y Tecnología es, aproximadamente, 7,6 veces menor al compararlo con los requerimientos en ese rubro de la Gerencia Médica.
La semana pasada, en una entrevista, Cervantes defendió el uso de carros oficiales para moverse de la casa al trabajo, pues en los recorridos atienden reuniones o sesiones de Junta Directiva y esas tareas les impide manejar. Además, expresó que los gerentes tienen una responsabilidad mayor dentro de la entidad que justifica ese beneficio.
Por su parte, Álvarez no ha contestado las llamadas y mensajes de texto enviados a su teléfono celular para hacer preguntas sobre este tema.
El 10 de noviembre, La Nación publicó que el gerente médico se escudó en un artículo de la Constitución Política para no responder si utilizó un vehículo y chofer oficiales después de ir a partido en el estadio Ricardo Saprissa, en Tibás, el pasado 19 de octubre.
Pese a la resistencia de Álvarez para contestar si le pidió a su conductor esperarlo hasta el final del partido entre el Deportivo Saprissa y el Club Sport Herediano para luego llevarlo a su casa, en Puntarenas, los datos de GPS, suministrados por la Subárea de Transportes de la Caja, muestran que el carro usado por Álvarez llegó al centro de Puntarenas a la 1 a. m. del 20 de octubre. Inmediatamente, se desplazó hacia Miramar, donde reside el conductor, y fue apagado a la 1:18 a. m.. Contrario a lo que establecen las reglas institucionales, el registro muestra que el vehículo no fue guardado en la clínica de la CCSS en la zona, sino en un área residencial ubicada a 700 metros.
La Junta Directiva de la CCSS ordenó, la semana anterior, abrir una investigación para determinar el “posible uso indebido” de vehículos y choferes asignados a los siete gerentes de la institución.
La Auditoría Interna tiene tiempo hasta el próximo 15 de diciembre para entregar resultados. De acuerdo con la instrucción, deben investigarse el transporte de los gerentes y los costos en viáticos, pago de horas extra a choferes “con el fin de determinar un posible uso indebido”.
El acuerdo de la Junta Directiva se sustenta en que solo el vehículo asignado a la presidencia ejecutiva es de uso discrecional, es decir, “no cuenta con restricciones para su uso”. Los de los gerentes son de uso administrativo y tienen autorización de movilidad diaria sin límite de horario para “atender funciones propias de su cargo y de índole estrictamente laboral”.
