La Junta Directiva de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) pedirá cuentas este jueves a diferentes instancias internas por no haber informado oportunamente sobre el hackeo perpetrado días atrás contra su sistema de planillas.
Hasta este miércoles, ninguno de los integrantes de ese órgano director había recibido reportes oficiales sobre la violación a los registros laborales de 522.000 asalariados contenidos en el Sistema Centralizado de Recaudación (Sicere).
Los principales hechos se dieron el 13 de marzo y el 26 de mayo, según consta en la denuncia que la Caja presentó al Ministerio Público el 13 de agosto, y de la cual La Nación tiene copia.
La sesión ordinaria programada para este jueves tendría como tema central el análisis de esa denuncia, confirmaron varios miembros de Junta a este diario.
La CCSS también presentó el caso por la vía administrativa ante la Agencia de Protección de Datos de los Habitantes, luego de hacer público el caso de hackeo de los registros laborales de más de medio millón de asalariados.
Los dos trabajadores del Grupo Financiero BAC San José que figuran como sospechosos de esa intromisión ilegal en el Sicere fueron suspendidos ayer por “tiempo indefinido hasta que se termine el debido proceso”, declaró anoche Gerardo Corrales, gerente del BAC San José.
Eso implica que la entidad los separó mientras el Ministerio Público estudia el caso y determina si hay causa o no de acusación.
Indignación. José Luis Loría, representante laboral ante la Junta Directiva de la Caja, confirmó que se enteró por terceros el viernes 28 de agosto y expuso el tema a los otros miembros el lunes 31.
Renato Alvarado, vocero patronal, conoció los detalles del hecho a través de los medios de prensa, en tanto a Óscar Fallas, delegado del sector estatal, la noticia le cayó “por sorpresa”.
“Me parece muy grave lo que ha pasado. Fuimos informados el lunes de manera informal”, manifestó, por su parte, Mario Devandas, de los trabajadores.
Mayra Soto, también del sector laboral, se declaró “estupefacta”, así como “indignada”, por no haber sido recibido información de estos hechos a tiempo.
Para Adolfo Gutiérrez, representante empresarial ante la Caja, sería prudente “esperar con mesura y con mucho cuidado el reporte oficial para luego valorarlo y saber qué pruebas concretas hay”.
Rónald Lacayo, director del Sicere, alegó que la denuncia se presentó hasta cinco meses después de detectados los hechos para dar espacio a investigaciones legales y técnicas de la institución.
Pero tal parece que no solo los directores de la Caja fueron notificados con retraso. Tampoco el superintendente de Pensiones, Álvaro Ramos, obtuvo reportes detallados oportunamente, dijo.
Luis Carlos Delgado, presidente del Consejo Nacional de Supervisión del Sistema Financiero (Conassif), señaló que pidió a la Superintendencia de Pensiones (Supén) “un detalle pormenorizado de los hechos, y las posibles medidas respecto a la adopción de las mejores prácticas en el uso de la información que deben tener todas las entidades supervisadas, en aras de que el cliente final esté protegido”.
Hermes Alvarado, presidente de la Asociación de Operadoras de Pensiones Complementarias, confirmó que convocó un encuentro para revisar las medidas que tomarán ante lo sucedido.
