La Junta Directiva de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) rechazó inicialmente la posibilidad de que sus sesiones se trasmitan en vivo. Así ocurrió luego de dos rondas de votación en las cuales no se obtuvo el apoyo necesario para implementar la medida.
La presidenta ejecutiva de la CCSS, Marta Eugenia Esquivel Rodríguez, informó de la situación en su cuenta de TiKTok, la noche del jueves 13 de julio, después de la sesión ordinaria de Junta Directiva.
“El día de hoy (jueves 13 de julio) estaba incorporada en el orden del día de la Junta Directiva la solicitud para las transmisiones en vivo a partir de la primera semana de agosto. Sin embargo, la gestión fue inicialmente rechazada.
“Rechazada porque a pesar de que hubo mayoría, el reglamento vigente de Junta Directiva declara privadas las sesiones. Para poder hacerlas públicas se requiere la totalidad de los votos”, explicó la jerarca.
La Junta Directiva de la CCSS tiene nueve integrantes.
Según lo expresado por la funcionaria, en una primera ronda de votación, dos directivos -cuyas identidades no reveló- manifestaron su desacuerdo.
Posteriormente, añadió Esquivel, se presentó una nueva moción respaldada en los artículos constitucionales que promueven la transparencia de las sesiones. Sin embargo, señaló que uno de los miembros de la Junta Directiva −cuyo nombre tampoco precisó− invocó el artículo 26 del reglamento, lo cual impidió que se llegara a una decisión.
La Junta Directiva de la CCSS está integrada por nueve miembros: tres representantes del Estado, tres de los trabajadores y tres de los empresarios. (Jorge Castillo)
“Salvo los casos expresamente exceptuados por ley o reglamento, las resoluciones de la Junta Directiva se tomarán por mayoría absoluta de votos presentes. Cualquier miembro de la Junta Directiva que requiera estudiar más un tema determinado, podrá solicitar que su votación se posponga hasta la próxima sesión ordinaria, siendo lo anterior vinculante para efectos del respectivo trámite”.
Un mes después de llegar a la presidencia de la Caja, Marta Esquivel expresó su interés de transmitir en su totalidad las sesiones de la Junta Directiva a través de una plataforma tecnológica de acceso libre, con el objetivo de permitir que la población conozca los temas que se discuten en el máximo órgano de toma de decisiones de la institución. La funcionaria asumió el cargo en setiembre de 2022.
A la fecha, ni esa posibilidad se ha concretado ni tampoco la publicación de la totalidad de actas de Junta. Hasta la fecha en el año 2023, solo se han publicado las actas correspondientes a las sesiones llevadas a cabo entre enero y marzo.
Hoy presente ante la junta directiva la solicitud para que las sesiones de la junta de la Caja Costarricense de Seguro Social sean transmitidas en vivo. Les comparto el resultado. #parati#noticiascostarica#rodrigochaves#ccssdecostarica
Desde el viernes 11 de noviembre pasado las instituciones públicas están obligadas a aplicar normas de transparencia para eliminar el secretismo en sus sesiones de junta directiva.
Lo anterior sucede por la entrada en vigencia de la Ley para Mejorar el Proceso de Control Presupuestario, con la que ahora todos los órganos colegiados de entidades públicas deben grabar en audio y video sus sesiones.
La excepción se presenta en los casos en los que exista una norma legal que establezca la confidencialidad del proceso. Por ejemplo, en situaciones que involucren secretos de Estado o en procesos disciplinarios sancionatorios, donde es necesario proteger la identidad de los involucrados.
Las nuevas normas de transparencia exigen que se realicen actas literales de las intervenciones de los jerarcas, directivos e invitados que participen en estas instancias, con el objetivo de evitar la omisión de información o discursos que puedan generar interrogantes éticas en relación con los altos funcionarios, tal como se ha detectado en la Administración Pública.
Las disposiciones de transparencia, establecidas por la nueva legislación, se aplican a todas las juntas directivas de instituciones y órganos colegiados de organizaciones amparadas por la Ley General de la Administración Pública (LGAP).
