Un incremento al impuesto a las bebidas sin contenido alcohólico, principalmente gaseosas, generaría hasta ¢10.000 millones anuales para financiar medicinas de alto costo, propone un proyecto de ley presentado este martes en la Asamblea Legislativa.
La iniciativa se llama "Ley para la adquisición solidaria de medicamentos de alto impacto financiero para la CCSS", y fue presentada por el diputado socialcristiano Rafael Ortiz Fábrega, quien busca elevar en un 2% el costo de esos productos.
Según informó la oficina de prensa de ese partido, los dineros serían recogidos por el Ministerio de Hacienda y transferidos a la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS).
"Para obtener los recursos para la adquisición solidaria de medicamentos y vacunas de alto impacto financiero en la CCSS, se propone un incremento en el impuesto específico a las bebidas no alcohólicas, establecido en el artículo 9° de la Ley N° 8114 de 4 de julio de 2001 y sus reformas, "Ley se Simplificación y Eficiencia Tributarias", particularmente a las gaseosas y sus concentrados y a otras bebidas líquidas, excepto el agua y la leche entre otras", explicó Ortiz en el comunicado.
Los medicamentos solo pueden desecharse en farmacias. | ARCHIVO (Alexander Otarola)
El legislador aclaró que el incremento tendrá una vigencia de 60 meses para dar tiempo a la Caja de buscar otros mecanismos de financiamiento y mejorar la gestión de compra de estos fármacos; principalmente, obtener precios más favorables.
Para el diputado, es necesario buscar mecanismos que permitan seguir garantizando el acceso a los medicamentos, sobre todo en momentos en que están ingresando al país fármacos de costos elevados.
La Caja tiene una politíca de medicamentos esenciales desde 1982, con la que se procura dar respuesta a las principales causas de mortalidad y enfermedad en el país.
Esta institución ha manifestado públicamente su preocupación por la llamada "judicialización de la salud", ya quelos asegurados recurren, cada vez con mayor frecuencia, a conseguir tratamientos que la institución no tiene acudiendo a instancias judiciales, como la Sala Constitucional.
Solo el año pasado, la CCSS tuvo que invertir $15 millones en la compra de 8 medicamentos para 18 pacientes con enfermedades complicadas, debido a órdenes de la Sala IV.
La Nación consultó a uno de los mayores distribuidores de este tipo de bebidas en el país, Coca-Cola.
Por medio de su gerente de asuntos públicos y comunicaciones, Gustavo Guillén, la compañía manifestó lo siguiente: "El Sistema Coca-Cola no se referirá al proyecto de Ley anunciado esta mañana por el Diputado Rafael Ortiz considerando que aún no ha sido presentado a la corriente legislativa.
"Una vez que el proyecto esté disponible, esperamos habilitar un espacio en la Cámara Costarricense de la Industria Alimentaria (CACIA) con el objetivo de compartir la posición de la industria".
