Las denuncias por supuesta negligencia en procedimientos de cirugía estética han saltado a las páginas de los diarios.
Como característica común, las operaciones las han realizado personas que no están especializadas en cirugía plástica. Pueden ser médicos o no.
El 2013 fue un año especialmente movido en este tipo de historias.
En enero del 2013, la exmodelo Cristina García denunció a un médico de apellido Vargas por deformarle los glúteos.
El profesional supuestamente le inyectó una sustancia en las nalgas que los abogados de Vargas calificaron de “mortal tóxico”.
Pocos meses después, en abril de ese año, una mujer de 33 años, vecina de Pérez Zeledón, falleció en el Hospital San Juan de Dios, adonde acudió con una infección severa que se le desencadenó tras una cirugía de agrandamiento de glúteos en un centro privado.
Por esas mismas fechas, médicos de la CCSS informaron sobre la atención de otros dos casos con similares características en hospitales públicos.
Las situaciones denunciadas por los medios en ese entonces no han cambiado dos años después: sigue el vacío legal y la falta de información sobre el desempeño de los servicios privados.
