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San José
Los jueces de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) decidirán hasta el próximo año si Costa Rica incumple la sentencia impuesta el 28 de noviembre del 2012 por prohibir la fertilización in vitro (FIV) en el país.
El encargado de comunicación de la Corte IDH, Bruno Rodríguez, confirmó que el último periodo de deliberación de los jueces por este año ya concluyó y no emitieron ningún informe sobre la sentencia impuesta a Costa Rica.
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El periodo de sesiones fue del 11 al 27 de noviembre, ahora los siete jueces de la Corte Interamericana volverán a deliberar entre el 26 de enero y el 6 de febrero del 2016.
Tres de los siete jueces actuales dejarán sus sillas para cederlas a los nuevos titulares, que son Elizabeth Odio de Costa Rica, Raúl Zafaroni de Argentina y Patricio Pazmiño de Ecuador.
Odio tendrá que participar en la votación y decisión final de la Corte IDH sobre el cumplimiento de sentencia por parte de Costa Rica.
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La jueza costarricense fue electa en ese alto tribunal internacional el pasado martes 16 de junio para el periodo 2016-2021.
El abogado representante de las parejas ante la Corte IDH, Boris Molina, se mostró preocupado y espera que los jueces de ese tribunal resuelvan que el decreto es válido para cumplir con la sentencia impuesta a Costa Rica.
Camino legal de la FIV. La Corte Interamericana de Derechos Humanos condenó al Estado costarricense el 28 de noviembre del 2012, le ordenó regular la FIV y permitir su aplicación en la salud privada y en la Caja Costarricense del Seguro Social (CCSS).
La Sala Constitucional prohibió la aplicación de la FIV en el 2000 por considerar que la técnica atentaba contra el derecho fundamental a la vida.
El 3 de setiembre, el Estado costarricense representado por las Direcciones Jurídicas de Casa Presidencial y Cancillería, rindió un informe de cumplimiento de sentencia ante la Corte IDH.
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En ese momento, el Gobierno todavía no había emitido el decreto para regular la FIV a la espera de que los diputados aprobaran el proyecto de ley que se tramita con lentitud en la Asamblea Legislativa.
El jueves 10 de setiembre, el presidente de la República, Luis Guillermo Solís, firmó un decreto —que rige desde el 11 de octubre—, para regular la FIV nuevamente en el país y permitir su aplicación en seis meses para la salud privada y en dos años para la CCSS.
Un mes después, el 11 de setiembre, la Sala Constitucional en una votación divida de sus magistrados, decidió acoger para estudio una acción de inconstitucionalidad presentada por un grupo de diputados cristianos contra el decreto de FIV.
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Al acoger la acción para estudio, la aplicación del decreto se suspendió mientras los jueces magistrados de la Sala IV resuelven si es una figura jurídica constitucional y válida para regular la FIV en el país.
Los abogados de las parejas pidieron a la Corte IDH que avale el decreto en el informe del cumplimiento de sentencia que debe emitir esa instancia, lo que según ellos, dejaría sin efecto cualquier resolución de la Sala Constitucional.
Huberth May jurista que representa a otro grupo de parejas ante la Corte IDH, pidió a los magistrados de la Sala IV que archiven la acción de inconstitucionalidad presentada contra el decreto de FIV.
