La Sala Constitucional recibió seis coadyuvancias en contra de la acción de inconstitucionalidad presentada por un grupo de diputados contra el decreto ejecutivo para regular la fecundación in vitro (FIV).
La Defensoría de los Habitantes, el Colegio de Médicos, el Instituto Nacional de las Mujeres (Inamu), el abogado Boris Molina y dos organizaciones no gubernamentales interpusieron ante la Sala sus argumentos para que se deseche la acción que frenó la aplicación del decreto de la FIV.
La defensora Monserrat Solanog aboga por el decreto. | ARCHIVO LN (Pablo Montiel)
Desde octubre pasado, la Sala acogió una acción de inconstitucionalidad presentada por un bloque de legisladores evangélicos en contra el decreto con el cual el Gobierno pretendía implementar la técnica de fecundación asistida en el país.
Al ser acogida por la Sala, cuatro de los siete magistrados frenaron el cumplimiento de la condena que pesa sobre el Estado costarricense por parte de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) del 2012.
El decreto firmado por el presidente Luis Guillermo Solís, el 10 de setiembre, fue cuestionado también por la presidenta de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS), María del Rocío Sáenz, y por la Procuraduría General de la República que consideran que la FIV se debe aplicar por ley y no por decreto.
