La Sala Constitucional dio este martes tres días hábiles al Ministerio de Hacienda, al Ministerio de Educación Pública (MEP) y a la Tesorería Nacional para explicar la retención de ¢492,8 millones destinados al Tecnológico de Costa Rica (TEC). La falta de estos recursos pone en riesgo el funcionamiento de la sede universitaria en Limón.
La decisión responde a un recurso de amparo presentado por la rectora del TEC, María Estrada Sánchez, junto con autoridades universitarias y representantes estudiantiles. Los recurrentes cuestionan la suspensión de transferencias correspondientes a octubre, noviembre y diciembre de 2026.
Según el expediente 26-041506-0007-CO, el Gobierno pretende eliminar esos recursos mediante el segundo presupuesto extraordinario de la República. Sin embargo, la universidad denuncia que la rebaja se aplicó antes de recibir la aprobación de la Asamblea Legislativa.
La Sala todavía no resuelve el fondo del recurso. Por ahora, solicitó información a las instituciones involucradas para determinar si existió alguna vulneración de derechos fundamentales.
Recorte presupuestario amenaza becas y salarios en el TEC de Limón
El presupuesto nacional de 2026 asignó al TEC ¢1.971.517 millones para gastos de operación, mediante transferencias contempladas en la Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas.
Los recursos se distribuyeron en 12 pagos mensuales de aproximadamente ¢164.293.158 millones. Según la documentación presentada ante la Sala Constitucional, la institución recibió los primeros nueve desembolsos, correspondientes al periodo de enero a setiembre.
No obstante, el TEC sostiene que el pago de octubre no se realizó y que las autoridades comunicaron la suspensión de los desembolsos previstos para noviembre y diciembre.
La institución destinó el 92% de esos recursos al Centro Académico de Limón, equivalente a ¢1.808,88 millones. El restante 8%, unos ¢162,64 millones, corresponde al Campus Tecnológico Local San Carlos.
De acuerdo con el recurso, la falta de financiamiento compromete el pago de salarios, becas estudiantiles y servicios necesarios para mantener las operaciones de la sede limonense.
La documentación señala que los salarios financiados mediante esta partida representan aproximadamente ¢90,56 millones mensuales. Las becas y ayudas estudiantiles requieren otros ¢34,63 millones por mes.
Solo las remuneraciones de octubre a diciembre y las becas de octubre y noviembre representan ¢340,92 millones, equivalentes al 69% de los recursos reclamados.
La Vicerrectoría de Administración del TEC también advirtió que, de los ¢1.478,64 millones recibidos hasta setiembre, aproximadamente ¢1.475,33 millones ya estaban comprometidos o precomprometidos.
Esto dejó un remanente de apenas ¢3,31 millones para atender obligaciones del último trimestre, según la información aportada por los recurrentes.
Más de 400 estudiantes podrían resultar afectados
El recurso identifica a 417 estudiantes y 68 funcionarios del Centro Académico de Limón como la población directamente expuesta a las consecuencias de la reducción presupuestaria.
Los estudiantes matriculados durante el segundo semestre de 2026 se distribuyen en tres carreras:
- Ingeniería en Computación: 173 estudiantes.
- Ingeniería en Producción Industrial: 141 estudiantes.
- Administración de Empresas: 103 estudiantes.
La rectora María Estrada Sánchez advirtió en octubre, durante una comparecencia ante diputados, que la sede de Limón cerraría inmediatamente si se aprobaba la reducción de recursos propuesta por el Ministerio de Hacienda.
La advertencia surgió durante la discusión legislativa sobre el financiamiento de las universidades públicas y el Fondo Especial para la Educación Superior (FEES) de 2027.
TEC cuestiona suspensión de recursos antes de aprobación legislativa
Uno de los principales argumentos del recurso de amparo se relaciona con la aplicación anticipada de una modificación presupuestaria.
El 28 de setiembre, el Poder Ejecutivo presentó ante la Asamblea Legislativa el proyecto del segundo presupuesto extraordinario de 2026.
La iniciativa propone reducir aproximadamente ¢492.879.477 millones de las transferencias al TEC. También contempla rebajas por montos iguales a la Universidad de Costa Rica (UCR), la Universidad Nacional (UNA) y la Universidad Estatal a Distancia (UNED).
Según la documentación judicial, el MEP comunicó al TEC el 13 de octubre que no realizaría los desembolsos previstos para el último trimestre debido a las disposiciones presupuestarias del Ministerio de Hacienda.
“El proyecto todavía está en trámite en la Asamblea Legislativa y no ha sido aprobado. Aun así, el Ministerio aplicó la rebaja como si ya fuera ley vigente, y advierte que la recuperación de los recursos depende de gestiones cuyo resultado no puede garantizar”, señala el amparo.
Además, afirman que la suspensión de los pagos no se notificó mediante una resolución administrativa formal, sino a través de un correo electrónico.
Sala establece plazo para recibir explicaciones
En la resolución emitida este 10 de noviembre, la Sala Constitucional ordenó al ministro de Hacienda, al ministro de Educación Pública y al tesorero nacional rendir un informe dentro de los tres días hábiles posteriores a la notificación.
Las autoridades deberán aportar documentación relacionada con los hechos denunciados. Los informes se consideran rendidos bajo juramento, conforme a la Ley de la Jurisdicción Constitucional.
El tribunal advirtió que la falta de respuesta podría provocar que los hechos denunciados se tengan por ciertos y que el recurso se declare con lugar.
Por ahora, la resolución no ordena desembolsar los recursos ni resuelve el fondo del reclamo. La Sala continuará con el trámite del expediente una vez que reciba los informes correspondientes.
