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Carlos Araya Leandro, rector de la Universidad de Costa Rica (UCR), irá a juicio el 9 de julio por el supuesto delito de incumplimiento de deberes luego de no inhibirse en una votación sobre una moción en su contra.
Así lo confirmó Gerardo Huertas, defensor del jerarca de la UCR, tras una consulta de La Nación el miércoles 1.° de julio. El juicio se realizará en los Tribunales de Goicoechea a partir de las 8 a. m.
“El tribunal encontró un espacio y nos lo señaló de una semana para otra, pero nosotros somos los más interesados en que el juicio avance. Como siempre he dicho, para nosotros este caso es completamente temerario y aquí no hay delito alguno. Más bien nosotros éramos los que queríamos llegar cuanto antes a esa fase para ejercer la defensa que corresponde”, comentó Huertas.
El 22 de abril, el abogado indicó que el Juzgado Penal de Hacienda y de la Función Pública elevó a juicio la causa penal contra el rector de la UCR.
Esa ese momento, Gerardo Huertas indicó que el juez no rechazó los argumentos presentados por la defensa, sino que consideró que estos deben ser analizados en la etapa de juicio, ya que requieren la recepción de prueba testimonial y documental, lo cual no es posible en una audiencia preliminar.
¿Por qué se investiga al rector de la UCR por presunto incumplimiento de deberes?
En abril del 2025, la Fiscalía Adjunta de Probidad, Transparencia y Anticorrupción abrió una investigación de oficio contra el rector de la Universidad de Costa Rica, Carlos Araya Leandro, por el presunto delito de incumplimiento de deberes.
Según la oficina de prensa del Ministerio Público, la investigación fue abierta “luego de conocer la noticia publicada por La Nación titulada "Rector de la UCR se salvó de moción en su contra gracias a su propio voto”.
Los hechos investigados ocurrieron el 1.° de abril del 2025, cuando Araya participó e incluso votó en una sesión del Consejo Universitario (CU) en la que se discutió una moción, presentada por la integrante, Ilka Treminio, para que el propio rector se inhibiera de emitir criterio en los asuntos relacionados con las obras a cargo de la Oficina Ejecutora del Programa de Inversiones (OEPI).
Esto ocurrió luego de las denuncias sobre supuestas irregularidades en la construcción de edificios universitarios financiados con un préstamo del Banco Mundial.
Dichas obras se realizaron durante la gestión de Carlos Araya como vicerrector de Administración, desde el 2012, y como rector de transición en el 2020.
Al momento de votar la moción, seis integrantes del Consejo lo hicieron a favor de que el rector se inhibiera y seis votaron en contra, incluido el propio jerarca. Gracias a ello, la iniciativa no se aprobó.
Como la votación resultó en un empate, la directora del Consejo de ese momento, Patricia Fumero, emitió su voto de calidad, lo cual agregó uno más a quienes estuvieron en contra de la moción.
Gerardo Huertas, el abogado de Araya, sostuvo que desde el inicio se alegó que el caso debía resolverse mediante un sobreseimiento en audiencia preliminar
En ese sentido, reiteró que la defensa nunca discutió que Araya participara en el voto cuestionado, sino que se argumentó que esa actuación no configuraba incumplimiento de deberes.
El proceso continuará ahora en la etapa de juicio, donde el tribunal deberá valorar la prueba y resolver el fondo del caso.
