La Contraloría General de la República (CGR) advirtió este lunes serias deficiencias en la gestión y regulación del servicio eléctrico por parte del Instituto Costarricense de Electricidad (ICE) y la Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos (Aresep).
Una auditoría reciente determinó que ambas entidades incumplen con el marco normativo y técnico aplicable, lo que podría propiciar riesgos de racionamiento eléctrico a nivel nacional y un aumento injustificado en las tarifas de electricidad para los usuarios.
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El informe DFOE SOS IAD 00002-2025 señala que las decisiones operativas del ICE, así como la fiscalización y fijación tarifaria de la Aresep, han generado consecuencias económicas relevantes para el sistema eléctrico.
Entre las principales afectaciones identificadas se encuentran:
- ¢12.000 millones: Costo aproximado incurrido por el ICE tras retirar dos unidades térmicas en Moín.
- $40 millones: Monto relacionado con el alquiler de plantas térmicas, gasto que se habría evitado si no se hubieran retirado las unidades mencionadas.
- $149.000: Valor estimado de la energía eléctrica no servida (166 MWh) reportada el 9 de mayo de 2024.
- ¢58.000 millones: pago en exceso realizado por los usuarios en 2023 y 2024 debido a retrasos de Aresep en reconocer las liquidaciones tarifarias.
- ¢128.000 millones: Costo acumulado por la compra de combustibles para generación térmica e importaciones de energía al Mercado Eléctrico Regional (MER), que impactará las tarifas de 2025.
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Estos hallazgos, dice el ente regulador, evidencian una falta de planificación técnica adecuada y de vigilancia tarifaria oportuna. Según la CGR, estas omisiones impidieron una rebaja significativa en las tarifas eléctricas para este año.
Como resultado, la Contraloría ha iniciado una investigación formal y ordenó acciones correctivas. Al ICE, le exige fundamentar sus decisiones operativas en criterios técnicos sólidos.
A la Aresep, le ordenó analizar los efectos de las metodologías tarifarias para justificar eventuales modificaciones.
Del mismo modo, fiscalizar de manera más rigurosa la situación financiera del ICE y garantizar la elaboración de al menos un estudio tarifario anual para los operadores del servicio eléctrico.
Defiende actuación
“Vamos a valorar el informe en integridad y que se valorará de acuerdo con las competencias exclusivas y excluyentes en materia tarifaria que tienen la Aresep en servicios públicos”, indicó el regulador general, Eric Bogantes Cabezas al ser consultado por la orden de la Contraloría de elaborar al menos un estudio tarifario anual.
Poco después, la Autoridad también emitió un comunicado en el cual defendió cambios que en 2023 introdujo a la metodología de Costo Variable de Generación (CVG).
“Si se aplicaba la metodología de CVG anterior, con cambios trimestrales, se habrían dado tarifas mucho más altas durante periodos más cortos de tiempo”, indicó la entidad en un comunicado.
Según Aresep, aquellos cambios metodológicos buscaron “corregir distorsiones existentes y mejorar la estabilidad financiera de los prestadores, para brindar señales de precios más consistentes y estables para los usuarios”.
No obstante, ese ajuste metodológico fue hecho a solicitud del ICE y la Aresep aceptó.
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En una comunicación oficial del martes 5 de setiembre de 2023, el presidente ejecutivo del ICE, Marco Acuña Mora, instó a la Aresep a considerar la posibilidad de suspender la aplicación de la metodología de Costo Variable de Generación (CVG) para el último trimestre del año.
Según el comunicado de la Aresep de este lunes, durante el 2024, la generación térmica con combustibles que realizó el ICE representó 10% de la generación total del Sistema Eléctrico Nacional (SEN).
Lo anterior afectó ese año los costos de las ocho empresas eléctricas, con alzas de entre 5,62% y 32,49%.
Sin embargo, de acuerdo con la explicación de la Aresep en su comunicado, el cambio en la metodología de CVG permitió aplicar una rebaja en tarifas eléctricas a partir de este año, dado que otros estudios tarifarios compensaron el impacto de la generación térmica.
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