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La presidenta ejecutiva del Instituto Nacional de Vivienda y Urbanismo (INVU), Sonia Montero Díaz, denunció la existencia de un “monopolio” en la construcción de casas de bien social.
En una entrevista con La Nación, la nueva jerarca criticó –sin precisar nombres de desarrolladores– que los proyectos que benefician con casa a familias pobres están en manos de “unos pocos” competidores en el mercado.
“Eso se llama monopolio y lo tengo muy claro. Mi hipótesis es que hay un favoritismo puro y duro, lo cual pone en desventaja a grupos de empresarios que quieren empezar desde abajo, generar empleo y no pueden, porque no son amigos de nadie. Eso es injusto”, manifestó la jerarca del INVU.
Según la lista de proyectos del Banco Hipotecario de la Vivienda (Banhvi), en la última década las empresas con mayor número de proyectos a cargo son Construcciones Modulares S. A. y Triángulo del Norte S. A., del desarrollador Carol Humberto Prado Hernández, con 21 proyectos de interés social; seguido de la Constructura Synsa, del ingeniero Marcos Sequeira, con 14 obras, y Arquibloom, de Juan León, con 13 proyectos.
No obstante, Marisol Castro, encargada de comunicación de la empresa Construcciones Modulares, indicó, vía correo electrónico, que en los últimos diez años solamente han construido cinco obras de bien social. “En el INVU se han realizado cinco proyectos en los últimos 10 años”, escribió.
Apertura. La jerarca del INVU dijo que el mercado de vivienda de interés social “está contraído” y que buscará espacios para profesionales recién graduados y pequeños desarrolladores que han sido excluidos.
“Ha habido un proceso clientelar que favorece a personas que han contribuido con campañas políticas de gobernantes anteriores y de eso sí hay datos, pero no los tengo a mano”, agregó Montero.
Para ello, la jerarca enfatizó en que es necesario revisar la forma en que se publican los carteles de licitación en el INVU.
“Mire, eso se frena con tres palabras: sensatez, honradez y congruencia. Hay que revisar la forma en que salen a concurso esos carteles de licitación y también el modo de competir entre las empresas”, agregó Montero.
Para la Cámara Costarricense de la Construcción (CCC), la competencia es viable siempre y cuando las empresas sean formales y cumplan con los requisitos.
“Nos parece bien todo lo que suene a apertura en tanto sean empresas formales en el sector construcción”, manifestó Guillermo Carazo, presidente de la Cámara.
Otros desafíos. Sonia Montero se refirió además a una serie de ajustes que, en su criterio, son necesarios en la entidad.
“Me encontré una institución que está en coma y hay errores que se deben corregir. El principal responsable de esto es la institución, porque es la que ha permitido todo eso. Aquí, los sistemas informáticos y electrónicos son obsoletos y la gente está desmotivada”, opinó.
Otra de sus preocupaciones es el cobro de cuotas ilegales en los proyectos de interés social.
“El error es que ha hecho falta pedir los libros contables y revisar lo que están haciendo las asociaciones comunales a cargo de los proyectos”, consideró la nueva jerarca del INVU.
