Los diputados aprobaron en primer debate, este lunes, el proyecto de ley que promueve la instalación de empresas en régimen de zona franca fuera de la Gran Área Metropolitana (GAM). El expediente 22.607 tuvo 44 votos a favor y solamente uno en contra: José María Villalta, del Frente Amplio.
La iniciativa permitirá a dichas compañías pagar menos cargas sociales, con la condición de que se ubiquen en zonas rurales, fronterizas y costeras, para llevar desarrollo a esa regiones. Los descuentos se aplicarán sobre las cuotas patronales para Fodesaf, el Banco Popular, el IMAS y el INA. En condiciones normales, una compañía debe pagar a estas instituciones el equivalente al 7% de su planilla, pero con el plan de incentivos el pago se reduce a un 1,25% en el primer año de operaciones.
Una de las condiciones es que se trate de nuevas inversiones por al menos $250.000, lo que significa que empresas ya establecidas en ese régimen no podrán migrar hacia fuera de la GAM para aumentar sus beneficios.
Entre las ventajas de ubicarse fuera de la GAM, para estas empresas, está la exoneración total, por cinco años, del pago de un monto equivalente al 5% de los salarios mensuales, que los patronos deben girar al Fondo de Desarrollo Social y Asignaciones Familiares (Fodesaf).
Durante los años seis y siete de operación, pagaría un 1%, mientras que durante el octavo año, un 2% de los sueldos. A partir del año nueve, tendrán que pagar el 5%.
En el caso de la carga que pagan las empresas al fondo de trabajo administrado por el Banco Popular, estas empresas solamente tendrían que trasladar un 0,25% al mes sobre todas las remuneraciones, durante 10 años, a diferencia del 0,5% que hoy pagan todos los demás patronos.
Tampoco quedan obligados a pagar el monto para financiar el Instituto Mixto de Ayuda Social (IMAS), que actualmente es un 0,5% mensual sobre las remuneraciones totales. El proyecto los exime de esa carga durante cinco años, mientras que desde el año seis hasta el año diez, el pago deberá ser de un 0,25%.
A partir del año 11, esas empresas quedarán sujetas al aporte general, que es del 0,5%.
La otra carga social reducida para estas empresas es la del Instituto Nacional de Aprendizaje (INA), que actualmente es el 1,5% sobre el monto total de las planillas mensuales, para todas las empresas.
A las compañías en zona franca que se ubiquen fuera de la GAM, les tocaría pagar solamente un 1% durante los primeros 10 años de operación, y tendrían que pagar la carga completa a partir del año 11.
Las únicas cargas sociales que no se les rebaja a las nuevas empresas de zonas francas fuera del Área Metropolitana son las que corresponden a las cuotas obrero patronales de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS).
Estos descuentos en cargas sociales, para empresas fuera de la GAM, son adicionales a los otros beneficios que tiene el régimen de zonas francas, en donde las compañías están exentas de los impuestos sobre valor agregado (IVA) y de consumo sobre compras de bienes y servicios, así como de los tributos de renta y las remesas.
Además, durante 10 años a partir del inicio de operaciones, las empresas están libres del pago de impuestos sobre el capital y el activo neto, del impuesto territorial y de traspaso de bienes inmuebles. Igualmente, están exentas de los tributos y patentes municipales por 10 años.
El proyecto aprobado este lunes crea nuevas categorías de empresas en zona franca: servicios de salud humana (odontológica, oftalmológica y cirugía estética), insumos (agrícolas, pecuarios y pesqueros) y parques sostenibles de aventura.
Además, se introducen exenciones tributarias adicionales para sectores como agroindustria, alimentario, manufactura liviana, infraestructura turística y servicios, siempre que cumplan con el requisito de inversión inicial de $250.000 fuera de la GAM.
El liberacionista Carlos Ricardo Benavides aseguró que el proyecto es un antes y un después en la promoción de inversión en las zonas más alejadas de la GAM, que han estado abandonadas y no han recibido inversión de zonas francas.
“Una vez que se apruebe, las costas, las fronteras y las zonas rurales más alejadas, pasando por Limón, Guanacaste y Puntarenas pueden incorporar nuevas empresas”, comentó.
El frenteamplista Villalta justificó su voto diciendo que, si bien él esta de acuerdo en la atracción de inversión fuera de la GAM, no está de acuerdo en incentivar a las empresas reduciendo el pago que le hacen al Fodesaf que financia programas sociales para combatir a la pobreza.
“El financiamiento del Fodesaf es el núcleo del financiamiento social del país, del Estado social de derecho y no se debería abrir el portillo de que empresas grandes no contribuyan. Mañana querrán quitarle las contribuciones a la Caja”, alegó.
