El relator especial de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) para la Libertad de Expresión, Pedro Vaca Villarreal, alertó sobre una tendencia creciente en la violencia contra periodistas por parte de las autoridades de los Estados, a nivel regional.
En un acto con comunicadores costarricenses, el especialista colombiano enfatizó que no se trata solamente de agresiones físicas, sino también simbólicas, que incluyen el uso de “señalamientos y discursos estigmatizantes por parte de liderazgos públicos”.
Tales actitudes, afirmó Vaca, son indicio de un potencial de temor de ciertas autoridades a las posiciones críticas o disidentes, y ponen en riesgo la actividad periodística porque inducen a otros sectores a atacar a los medios de comunicación.
Vaca Villareal describió tal panorama la mañana del jueves, durante un acto organizado por el Instituto de Prensa y Libertad de Expresión (Iplex), en conmemoración del Día de la Libertad de Expresión en Costa Rica. El relator participó de forma virtual con una exposición sobre las limitaciones a dicho derecho humano que socavan la democracia.
“La escalada de violencia contra periodistas y trabajadores de medios de comunicación, desplegada en muchos casos por propias autoridades de los Estados contra la prensa, es una tendencia a nivel regional de todo el hemisferio”, afirmó el experto, quien es abogado especialista en Derechos Humanos.
Vaca detalló que la violencia contra la prensa se manifiesta en el continente americano de distintas formas, incluyendo amenazas, agresiones físicas, actos de hostigamiento, cierres de instalaciones de medios de comunicación y dificultades para que los periodistas realicen coberturas.
El relator resaltó, además, que la Comisión Interamericana ha confirmado que, cada vez más, altos funcionarios públicos atacan a la prensa en sus declaraciones públicas.
“La Relatoría ha constatado un incremento de los señalamientos y los discursos estigmatizantes por parte de liderazgos públicos y personas que ejercen la función pública dentro de los más altos niveles de los Estados, que termina por exacerbar el riesgo inminente a la actividad periodística”, declaró Vaca.
De acuerdo con el especialista, tales discursos estigmatizantes contra los periodistas son peligrosos, pues otros sectores podrían entenderlos como una forma de aliento, o permiso, para atacar a los comunicadores.
Al respecto, Vaca también expresó que los Estados tienen la obligación de proporcionar “un alto nivel de protección a la expresión política”, en particular cuando se trata de informaciones sobre el quehacer del Gobierno, incluso si las consideran " indebidamente críticas o incluso ofensivas”.
“Los liderazgos públicos y las personas que ejercen la función pública deben abstenerse de hacer declaraciones que puedan promover la intolerancia, la discriminación o la desinformación”, dijo.
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Abuso de acciones judiciales
Pedro Vaca también advirtió sobre el abuso por parte de autoridades de los gobiernos en la presentación de acciones penales contra periodistas, que “en muchos casos buscan intimidar y silenciar a la prensa”.
Este tipo de represalia se conoce en inglés con las siglas “SLAPP”, que en español quiere decir Demanda Estratégica contra la Participación Pública. Según el relator, el uso de estos mecanismos se acrecienta en las Américas, y es perjudicial porque los procesos judiciales pueden generar “un efecto disuasivo y de autocensura sobre el ejercicio del derecho de la libertad de expresión”.
Un artículo publicado este 1.° de setiembre por la revista de la Facultad de Periodismo de la Universidad de Columbia describe las SLAPP como una forma de “acoso legal”, por lo general iniciado por parte de individuos, a veces con apoyo del Gobierno. Es común que pasen desapercibidas por parte del público y, por lo tanto, generan menos indignación que acciones represivas más evidentes.
El artículo de la Columbia Journalism Review cita, como ejemplos de esta forma de hostigamiento en el continente, las 140 denuncias que presentaron pastores contra el periodista y cineasta brasileño João Paulo Cuenca. Los religiosos alegan que el comunicador los difamó en un tuit en el que habló sobre las grandes sumas de dinero que el Gobierno de Jair Bolsonaro ha invertido en publicidad de medios evangélicos.
En América Central, se menciona el caso de la persecución del presidente salvadoreño Nayib Bukele contra el medio digital El Faro, al cual busca acusar por lavado de dinero, e incluso ha espiado a los periodistas con intervenciones de sus celulares.
“Los procesos SLAP constituyen un uso abusivo de los mecanismos judiciales que deben ser controlados por los propios Estados con el objetivo de proteger el pleno ejercicio de la libertad de expresión”, afirmó el especialista de la Comisión Interamericana.