La Unión Costarricense de Cámaras y Asociaciones de la Empresa Privada (Uccaep) se unió a los sindicatos públicos para pedirle al presidente, Carlos Alvarado, frenar por un mes los proyectos vinculados al acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI).
La carta, presentada al Ministerio de la Presidencia este miércoles, también lleva las firmas de la Asamblea de Trabajadoras y Trabajadores del Banco Popular, varias cooperativas y colegios profesionales.
La misiva también fue enviada a las diputadas y diputados de la Asamblea Legislativa, que tienen en sus manos el trámite de los proyectos del acuerdo.
Los firmantes criticaron los proyectos de reforma al empleo público, renta global, cobro de renta a los excedentes de cooperativas y asociaciones solidaristas, así como el impuesto a las casas de lujo.
Las organizaciones que piden frenar ese acuerdo aseguran que esos proyectos “carecen de la visión estratégica e integral imprescindible para impulsar el desarrollo económico y social como lo establece la Constitución Política”.
Por la Uccaep firmó el documento el presidente de ese foro empresarial, José Álvaro Jenkins.
También, firman los representantes de sindicatos de educadores, de enfermeros, de Recope y del Banco Popular, junto a delegados de los colegios profesionales de Abogados, Trabajadores Sociales y Licenciados y Profesores, así como el Movimiento Solidarista, la Cooperativa de Empleados del Banco Nacional y otras cooperativas de ahorro y crédito.
Según la petición, el freno sería como “respeto del proceso de diálogo en que el país se ha comprometido y en aras de la paz social”.
El alegato es que ese mes, en el trámite de los proyectos que están dentro del acuerdo con el FMI, permitiría “construir los insumos para que la legislación manifieste el compromiso nacional con la ciudadanía, con los diversos sectores sociales y productivos, para sacar adelante el país en un ambiente de paz y trabajo”.
Consultada sobre la petición, la ministra de la Presidencia, Geannina Dinarte, respondió que los proyectos de ley avanzan “a buen ritmo”, con el compromiso de los legisladores.
“Por supuesto, entendemos las expectativas que surgen alrededor de la posibilidad de plantear algunos aspectos u oportunidades de mejora, y el ánimo siempre ha sido constructivo al recibir observaciones”, afirmó Dinarte.
La jerarca apuntó que los diputados están en pleno proceso de ajuste de planes como el de empleo público, por medio de mociones.
Dinarte reiteró que las reformas se necesitan para estabilizar el nivel de endeudamiento público.
El pronunciamiento hecho por la Uccaep, sindicatos, solidaristas, cooperativas y colegios profesionales lo difundió el diputado Pedro Muñoz, del Partido Unidad Social Cristiana (PUSC), a través del chat de prensa de la fracción socialcristiana, a las 2:25 p. m. de este miércoles.
Junto con ese reclamo de los empresarios y los sindicatos, Muñoz celebró que las “organizaciones sociales levante la voz frente al desgobierno y la improvisación”. Además, el legislador suscribió todo lo dicho por la Uccaep y los gremios.
“He conversado personalmente con la mayoría de ellos y sigo convencido de que podemos ponernos de acuerdo para llevar a cabo la mayoría de los cambios y las reformas que permitan que Costa Rica sea viable como nación”, dijo el congresista.
La Nación solicitó una entrevista con Jenkins para consultarle sobre los motivos por los que se opone a cada uno de los componentes del acuerdo con el FMI.
En un comunicado, la Unión de Cámaras afirmó que el proyecto de empleo público “podría poner problemas de fondo”, pero no mencionó ninguno. Al cierre de este artículo, los encargados de prensa de la organización indicaron que Jenkins no daría más explicaciones sobre el tema.
El pronunciamiento también dice que Uccaep no pretende atrasar los proyectos que se requieren para alcanzar un acuerdo con el FMI, aunque en la carta entregada a la Presidencia, el grupo pide que el trámite de las iniciativas se suspenda durante un mes.
Por su parte, el ministro de Comunicación, Agustín Castro, dijo que los proyectos del acuerdo con el FMI urgen para asegurar la estabilidad de la economía nacional, por lo continuarán su trámite legislativo, con suficiente espacio para hacer ajustes.
Recordó, por ejemplo, que el plan de empleo público está en proceso desde el 2019.
Rectores contra plan de empleo público
Aparte del pronunciamiento promovido por empresarios y sindicatos, el Consejo Nacional de Rectores (Conare) se pronunció en contra de la reforma al empleo público que se tramita actualmente en el Congreso.
En un documento de cinco páginas, afirmaron que se oponen al expediente 21.336, pues alegan que se ignoran las necesidades del desarrollo de las instituciones públicas y que implica un “desmantelamiento del Estado Social de Derecho”.
También aseguran que la Ley Marco de Empleo Público solo pretende generar un ahorro económico y contable de las finanzas públicas, “sin valorar su impacto en la calidad y la inversión de los servicios públicos”.
Los rectores creen que el proyecto debilita la gobernanza del país en cada ámbito del servicio público descentralizado y que atenta contra los principios que deben inspirar la concepción, desarrollo y aseguramiento del persona para un servicio público altamente capacitado y profesionalizado.
El principal reclamo de los jerarcas universitarios es que, según ellos, el proyecto “atenta contra el régimen de independencia y autonomía constitucionales de las universidades” del Estado y aducen que no fue producto de un proceso de diálogo entre el Gobierno y las organizaciones de funcionarios públicos.