Las plataformas de transporte Uber y DiDi evalúan utilizar una tarifa mínima común para el primer kilómetro, dentro de las negociaciones con el Gobierno para regular su operación en Costa Rica y equiparar las condiciones de trabajo con los taxistas.
No obstante, los taxistas rechazan cualquier posibilidad de que sean las mismas plataformas las que definan el precio y se inclinan por la regulación de la Aresep para todos, con los costos que contempla esa fijación como el pago de los cánones, seguros, renta y la contribución a la seguridad social.
Esta semana, el presidente de la República, Rodrigo Chaves, recibió en su despacho a los representantes de ambas empresas y al presidente de la Cámara de Comercio, Julio Castilla, quienes aportaron observaciones sobre lo que debería incluir el proyecto de ley para regular el servicio.
Castilla, testigo de la reunión, confirmó que las plataformas estudian el precio del primer kilómetro para aplicarlo en su negocio y que los taxistas queden sujetos a la misma regulación.
En ese escenario, se acabaría la intervención de la Autoridad Reguladora de los Servicios (Aresep) y el precio del resto del recorrido lo definiría cada prestador del servicio.
Actualmente, el servicio de Uber y Didi no está regulado, mientras que los taxistas aplican la tarifa que les aprueba la Aresep, acorde con el costo del servicio.
El servicio de taxi tiene actualmente un costo de ¢1.030 por kilómetro.
Castilla calificó como constructiva la negociación con el Gobierno. Por su parte, Rubén Vargas, dirigente de taxistas en la mesa de negociación, indicó que el 60% de su voluntad para aprobar el proyecto de ley depende que se mantengan tarifas “justas” para todos.
El dirigente dijo que es necesario reconocer los costos y calificó a las plataformas como “devoradoras” del mercado porque tienen “poder” para bajar sustancialmente las tarifas, contrario a los taxistas sujetos al pago de varios rubros.
Los taxistas piden que se les indemnice en caso de no lograr acuerdos de operación en igualdad de condiciones, según Vargas.
De acuerdo con Castilla, las plataformas, también representadas por la Cámara de Comercio, están de acuerdo con exigir requisitos a los choferes afiliados, como el aseguramiento con la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) y el pago de seguros para sus vehículos.
Estos costos correrían por cuenta de los conductores, quienes también estarían sujetos al pago del impuesto de la renta.
El pago por las utilidades de las empresas Uber y DiDi se debatiría en una discusión directa con el Gobierno, pero no se incluiría en el proyecto de ley de regulación del servicio.
Datos de la Cámara de Comercio señalan que entre las dos plataformas operan 30.000 conductores con un millón de usuarios.
El Gobierno ha aplazado la presentación de este proyecto de ley, y no hay una fecha definida para introducirlo a la Asamblea Legislativa.
El proyecto para regular Uber sería presentado en las próximas semanas. (Shutterstock)
