Una reforma legal autorizaría al Tribunal Supremo de Elecciones (TSE) a adelantar el 40% del financiamiento estatal a los partidos políticos en elecciones nacionales, mediante el pago de pauta publicitaria en los medios de comunicación, sin que las agrupaciones tengan que presentar garantías que respondan en caso de que no saquen suficientes votos.
La cantidad de votos determina el monto del aporte estatal que recibe cada grupo político. Solo reciben los que capten como mínimo el 4% de los sufragios o los que ganen al menos un diputado.
La iniciativa dejaría el anticipo bajo la administración del Tribunal, para que este compre los espacios en empresas nacionales de comunicación colectiva de televisión, radio y prensa, incluyendo medios digitales.
El ente electoral tendría que procurar una distribución equitativa de la pauta entre las agrupaciones, con base en los horarios y espacios de mayor difusión de las empresas nacionales y provinciales que hayan cumplido el trámite de inscripción, dice el texto.
Así consta en el expediente 21.836, que crearía franjas electorales. La iniciativa fue dictaminada afirmativamente este miércoles con cinco votos a favor y cuatro en contra en la Comisión de Asuntos Jurídicos de la Asamblea Legislativa.
Del mismo modo, el plan autorizaría el adelanto de otro 10% del financiamiento estatal para los partidos en contienda, pero esta porción estaría sujeta a la presentación de garantías, como bonos bancarios o propiedades.
En ambos escenarios, las agrupaciones participantes en la contienda a las que se les haya asignado el adelanto, deberán devolver lo recibido si, una vez realizada la elección, no obtienen el mínimo del 4% de los votos válidos para acceder al financiamiento, según lo estipulado por el Código Electoral y la Constitución Política.
No obstante, en el caso de la pauta, el TSE no dispondrá de garantías que pueda ejecutar en caso de que los partidos no alcancen suficientes votos para cubrir el anticipo mediante la contribución estatal.
El texto lo dictaminaron afirmativamente el frenteamplista José María Villalta, su principal impulsor; Carolina Hidalgo, del Partido Acción Ciudadana (PAC); Mileyde Alvarado, del Partido Restauración Nacional (PRN); Wálter Muñoz, del Partido Integración Nacional (PIN), y la independiente Paola Vega.
En contra votaron el socialcristiano Pedro Muñoz y los liberacionistas Franggi Nicolás, Jorge Fonseca y Wagner Jiménez.
Villalta justificó que, con el adelanto de los recursos para publicidad, se busca un acceso equitativo de los partidos y una exposición ante los medios más equilibrada.
“El partido nunca tendría plata en sus manos. Los riesgos del mal uso del dinero se reducirían muchísimo y, para hacer viable el mecanismo, no podrían exigirse las mismas garantías actuales para el financiamiento anticipado, (mediante el cual) el dinero se entrega a los partidos.
“Actualmente, el Tribunal exige una garantía líquida en dinero de los partidos para poder acceder al financiamiento anticipado, por lo que hace casi inaplicable el mecanismo”, argumentó el frenteamplista.
“Aquí queremos dar igualdad de medios. Lo que debemos de dar es igualdad de oportunidades que las hay. Existe un sistema de reembolso por votos, hay financiamiento. A mí me tocó administrar un partido financieramente quebrado. Tocó conseguir la plata para sacarlo de ahí sin pedir que se cambiara las reglas del juego”, señaló el socialcristiano Pedro Muñoz.
Los cambios
El proyecto plantea una reforma al artículo 96 del Código Electoral, que ya establece un 15% de anticipo de la deuda, con previa presentación de garantías.
De estos recursos, el 80% se distribuye entre partidos que participan a escala nacional –es decir, que presentan candidatos a diputados y a la presidencia de la República– y el restante 20% se otorga a las agrupaciones provinciales que solo aspiran a llegar al Congreso.
En cambio, la reforma elevaría el adelanto al 50%, del cual el 80% –es decir, un 40% del total del financiamiento– iría para pauta publicitaria sin presentar garantías.
Para acceder al restante 20% del anticipo, equivalente al 10% del total del financiamiento para determinada elección nacional, los participantes tendrían que presentar garantías.
Para las elecciones nacionales del 2022, el Estado destinó ¢19.790 millones para la deuda política.
Con el esquema actual, el financiamiento adelantado con garantías alcanzaría los ¢2.968 millones. De este monto, ¢2.374 millones se distribuirían entre agrupaciones a escala nacional y ¢593 millones, entre las provinciales.
Con la reforma que los diputados plantean, se elevaría a ¢9.895 millones el anticipo (50%). De estos, ¢7.916 millones (80%) quedarían en poder del TSE para el pago de pauta publicitaria, y ¢1.979 millones (20%) se dispondrían para los partidos políticos que presenten garantías.
Sin embargo, Villalta ve difícil que su propuesta se implemente en el actual proceso de elecciones. “Sería para el próximo”, subrayó.
El scialcristiano Muñoz, de nuevo, criticó que se pretenda elevar el anticipo de la deuda de un 15% actual al 50%, así como el alto porcentaje que se destinaría a la pauta en los medios sin garantías.
“En el sistema de reembolso que tenemos, si el partido no alcanza el mínimo de votos o no liquida bien los gastos, ¿quién va a devolver el dinero que ya se gastó?. Nadie lo va a devolver”, aseguró.
Distribución de la pauta
La redacción plantea una distribución distinta de los recursos. En cuanto al monto para pauta publicitaria, el 50% se distribuiría entre los partidos que tengan representación en el Congreso. De la mitad restante, el 45% se repartiría entre los partidos a escala nacional y el 5%, entre los provinciales.
Esa distribución implicaría que un partido con representación en el Congreso que participe a escala nacional en una elección, pueda participar del 95% de la distribución de la publicidad anticipada.
Siguiendo con el ejemplo de las elecciones actuales, agrupaciones como el PLN, el PUSC, el PAC o el Frente Amplio podrían participar de la distribución de ¢7.520 millones; los provinciales, de ¢394 millones.
Del 20% del adelanto restante, sobre el cual se exigiría garantías, el 80% se distribuiría entre partidos nacionales y 20% para provinciales.
Para el año entrante, por ejemplo, ¢1.583 millones estarían disponibles para agrupaciones nacionales y ¢395 millones para provinciales.