Los magistrados del TSE ordenaron al Departamento de Financiamiento de Partidos Políticos (DFPP), abrir una investigación administrativa preliminar sobre el “supuesto reconocimiento de pago del salario —en el año 2017— del presidente del Comité Ejecutivo Superior del partido Restauración Nacional en ausencia de cumplimiento de los requisitos legales”.
Las pesquisas son para determinar si la agrupación política cumplió con los requerimientos necesarios para sustentar el uso de recursos provenientes de la contribución estatal para cubrir las remuneraciones de autoridades partidarias, como se hizo en el caso de Avendaño.
Igualmente, los jueces electorales instruyeron al DFPP que proceda a recuperar los fondos, “en caso de no haberse cumplido con los requisitos”, según detalla la resolución 9678-E10-2023, del 27 de noviembre del 2023.
Los magistrados también advirtieron que “el eventual pago contraviniendo las reglas jurisprudenciales lejos de constituir un antecedente a favor del partido, reflejaría un error que, por su naturaleza y dado los fondos públicos comprometidos, no genera derecho”.
Magistrados: ‘Pago es posible, si se cumplen los requisitos’
El TSE destacó que es viable la aprobación del gasto por pago de salario a las autoridades de los partidos, siempre y cuando se cumpla con los siguientes principios y condiciones mínimas:
-Acreditar efectivamente el gasto.
-Que la definición del carácter remunerado de la función provenga de la asamblea superior, a la que también compete fijar o aprobar el respectivo salario.
-El monto definido como salario debe ser razonable.
-La autorización de la asamblea superior para estas contrataciones no tiene efecto retroactivo, es decir, no tiene el alcance de enderezar las actuaciones que se hayan producido al amparo de un conflicto de intereses.
Ante una consulta de La Nación, Avendaño dijo que no podía opinar sobre un asunto del que no había sido notificado formalmente y que ignoraba “los ‘supuestos’ hechos en que se fundan para tales afirmaciones”.
“Además, como el mismo enunciado lo señala, son simples supuestos: es decir, algo que se considera sin seguridad, ni certeza; que carecen de la formalidad necesaria para opinar sobre incertidumbres y supuestos ajenos y carentes del debido proceso”, añadió.
Durante el primer trimestre del 2017, Avendaño recibió ¢1.631. 880; en el segundo trimestre, el monto ascendió a ¢2.267.920 y en el tercer trimestre se elevó a ¢3.540.000.
Avendaño fue diputado de la República en tres periodos, primero con el Partido Renovación Costarricense (2002-2006) y posteriormente, con Restauración Nacional (2010-2014 y 2018-2022), agrupación que ayudó a fundar.
Origen de la investigación
El proceso se originó porque Restauración Nacional, en su liquidación de gastos del 17 de mayo al 30 de setiembre del 2018, solicitó al TSE que reconociera el pago de sueldos por ¢6.390.071 a la tesorera del Comité Ejecutivo, Jessica Sequeira Muñoz, y mencionó como antecedente la retribución a favor de Avendaño.
Según la resolución de noviembre del 2023, el PRN argumentó que: “en las liquidaciones del año 2017, la cuenta de salario de personal fue reconocida y aceptada y que en esta constaba el pago de planilla al presidente del PRN, siendo que el mismo presidente era quien firmaba y suscribía los cheques con que se cancelaban los salarios a los funcionarios de la agrupación”.
Sin embargo, los jueces electorales concluyeron que, en el caso de Sequeira, no se contó con el visto bueno de la asamblea superior del partido, por lo que rechazó la pretensión del PRN.
Estado actual del proceso
La investigación fue abierta el pasado 26 febrero, se encuentra en una etapa inicial de recopilación de información y análisis.
Los tres meses de retraso responden a que la resolución de noviembre del 2023, por medio de la cual los magistrados giraron la orden, fue recurrida por el secretario de Consultores Financieros Cofin S. A., Danilo Zamora Méndez, quien reclamaba al TSE el pago para su representada de los ₡12.227.391,31 que en ese documento le fueron reconocidos a Restauración Nacional, por concepto de contribución estatal.
Empero, la resolución también ordenó la retención de los recursos debido a que el partido suma varios incumplimientos, entre los cuales destacan: la no renovación de estructuras partidarias; la no publicación del estado auditado de sus finanzas, y por existir una deuda con la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) por concepto de cuotas obrero-patronales.
Fue hasta que los magistrados declararon sin lugar el recurso de Zamora, por medio de la resolución 1689-E10-2024, del 22 de febrero, que logró adquirir firmeza la instrucción de investigar el pago a Avendaño.
