EscucharCrítica. Así define el tesorero del Movimiento Libertario, Carlos Herrera, la situación financiera que enfrenta el partido desde este lunes, luego de que el grupo no obtuvo una sola diputación tras las elecciones nacionales y, al mismo tiempo, se quedó sin la posibilidad de recibir deuda política, ya que logró menos del 4% de los votos para presidente y diputados.
Ambos hechos le impiden a la agrupación recibir dinero para pagar una serie de deudas que acumuló por alrededor de ¢500 millones por las elecciones y por la condena civil que le impuso un tribunal, a causa de la estafa al TSE cometida por dos de sus colaboradores.
Según Herrera, actualmente el Libertario le debe ¢120 millones al Banco Lafise por el préstamo que efectuó hace cuatro años. Además, de ese pendiente también le adeuda cerca de ¢150 millones al Banco Promérica, dinero que fue utilizado para financiar la reciente campaña electoral. A este monto se suman unos ¢20 millones que le debe el Libertario a la Caja Costarricense del Seguro Social.
De igual forma, el partido fue condenado a pagar ¢209 millones por estafa al cobrarle al TSE ese mismo monto por unas capacitaciones que nunca existieron, luego de las elecciones del 2010. En este caso, la suma podría incrementarse, ya que aún no se ha definido si la Fiscalía puede cobrar gastos sociales.
Herrera asegura que el asunto relacionado con la estafa es uno de los que más ha pesado para llegar a considerar el cierre de la agrupación.
Según el corte difundido al mediodía de este lunes, el Libertario había obtenido el 3,3% de los votos para presidente y diputado, con lo que no obtiene derecho a recibir deuda política pues, para ello, es necesario obtener al menos el 4% o ganar un diputado.
El Libertario no obtuvo diputación alguna. Obtuvo poco menos de 21.000 votos para presidente y unos 45.000 para diputados.
Ahora, para empezar a barajar opciones que le puedan dar un respiro económico al partido, Herrera afirma que solicitará una reunión este martes a primera hora con Ronald Chacón, jefe de Financiamiento de Partidos Políticos del Tribunal Supremo de Elecciones (TSE).
“No veo el panorama muy optimista para que podamos seguir, pero habrá que determinarlo después de la reunión (…) El partido técnicamente va muy encaminado hacia su cierre”, manifestó Herrera.
“Si el Tribunal nos da la esperanza de algo que podamos hacer, para tratar de enfrentar las deudas de esta campaña, podríamos pensar en que el partido sobreviva, de otra manera habrá que buscar la segunda alternativa que es cerrar el partido”, agregó el tesorero.
Los problemas financieros del Libertario provienen principalmente desde el 2014, cuando el partido solicitó un préstamo de ¢2.500 millones al Banco Lafise con el fin de financiar esa campaña y la cuarta candidatura de Otto Guevara.
En ese momento, el Libertario se endeudó con un fideicomiso del Banco, pero solo obtuvo derecho a cobrar ¢1.830 millones de deuda política al Estado por la cantidad de votos que obtuvo en esos comicios (11% para presidente y 8% para diputados).
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En busca de opciones
En la reunión de este martes, Herrera le planteará al TSE todos los escenarios posibles que tiene el partido sobre la mesa.
“Quiero saber cuál es el procedimiento para cerrar y qué posibilidades tenemos de seguir vivos”, explicó Herrera, quien se encuentra vinculado al partido desde 1997.
En caso de que se dé la cita, el tesorero mantendrá un encuentro con el comité ejecutivo del Movimiento Libertario para plantear los nuevos escenarios y, así, tomar una decisión final. Herrera señala que es un proceso que tomará varios días.
La agrupación también se enfocará próximamente en presentar ante el TSE requisitos que demanda el Código Electoral a los partidos que participaron en una campaña, como los estados financieros.
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Dentro de sus activos, el Libertario cuenta con una oficina en Sabana norte, cerca del antiguo Yaohan, más el mobiliario que se encuentra en ella. Según Herrera, los bienes podrían valorarse en unos ¢6 millones.
Por carecer de respaldo financiero, en esta elección el Movimiento Libertario no solicitó la deuda política adelantada al Tribunal, la cual pudo haber sido de hasta ¢214 millones.
