Mario Rojas Vílchez, secretario general de la Confederación de Trabajadores Rerum Novarum (CTRN), declaró que ningún trabajador público querrá ir a huelga si se aprueba el proyecto de ley que permitiría rebajar los salarios a quienes participen de huelgas ilegales.
“¿Quién va querer ir a una huelga si le rebajan su salario?”, dijo Rojas ante diputados de la comisión especial que tramita el expediente 21.049 propuesto por el jefe de la fracción del PLN, Carlos Ricardo Benavides.
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Actualmente, los jueces interpretan que, si un movimiento es declarado ilegal, no es posible rebajarles los días no trabajados a los participantes en forma retroactiva. Esta circunstancia permite que los huelguistas se ausenten de sus labores durante meses disfrutando del sueldo, como ocurrió en la huelga contra la reforma fiscal.
El proyecto de Benavides permitiría descontar los salarios contando los días no laborados desde el primer día del movimiento, si este es declarado ilegal.
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“¿Y por qué ni rebajas ni sanciones? Porque se le quita la esencia a la huelga. Entendámoslo, si la huelga va con rebajas, ¿quién va querer ir a la huelga?”, dijo Rojas, al citar que esta misma discusión se dio en la Asamblea Legislativa en la etapa final de la Reforma Procesal Laboral, posterior al veto de la exmandataria Laura Chinchilla.
Rojas y Lenín Hernández Navas, presidente de la CTRN, también rechazaron la vía rápida con la que los diputados tramitan este proyecto de ley, al considerar que limita la posibilidad de organización a la libertad sindical y el derecho a estos movimientos.
Ambos pidieron a los diputados darle un trámite “reposado” al proyecto, mientras se entabla una negociación “tripartita” en la que participen patronos, sindicatos y el Estado con representantes del gobierno y del Poder Legislativo.
Por su parte, Hernández reconoció que la reciente huelga de trabajadores públicos contra la reforma fiscal fue un movimiento “político laboral”, pero también llama a estas formas de protestas “movimientos democráticos”, los cuales, a su juicio, se pretenden eliminar con esta reforma al Código Procesal Laboral.
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El diputado Carlos Ricardo Benavides, presidente de esta comisión, recordó que los efectos negativos en la población, al suspenderse servicios básicos en salud y educación, por ejemplo, llevaron al acuerdo firmado por 47 diputados de diferentes fracciones para darle una vía rápida el proyecto.
El plan de ley acorta a 24 horas el tiempo para que los tribunales resuelvan la legalidad de una huelga en un servicio esencial, al tiempo que impide la huelga en servicios esenciales como operaciones quirúrgicas, citas médicas, suministro de agua potable, luz, combustible, transporte de personas enfermas, servicios policiales y comedores escolares, entre otros.
Además, ordenaría a los sindicatos tener un correo electrónico para recibir notificaciones y castigaría el bloqueo de calles o sabotaje a instituciones públicas.
Benavides señaló que la actual legislación le ha permitido al sector público hacer huelga en servicios “esenciales”, a pesar de que el Código de Trabajo de 1943 la prohíbe.
“El daño se produce a quienes no reciben el servicio. Si usted deja ir (a huelga con un plan remedial o de servicios mínimos) el 50% o el 60% o el 40% o el 70% de los servidores que dan servicios esenciales en salud, básicamente lo que usted está diciendo es que se van a prestar los servicios deficientemente en contra de la ciudadanía o que no se necesitan esos servidores regularmente”, señaló Benavides a los sindicalistas.
“Esa es una engañifa en contra del ciudadano”, dijo el legislador liberacionista. “En el caso, por ejemplo, de seguridad, ¿cómo le explico yo a la ciudadanía en un plan remedial o de servicios mínimos como pretendieron los sindicatos cuando Laura Chinchilla vetó la Reforma Procesal Laboral, se va ir la mitad de policías de su comunidad a huelga y quedan los otros? ¿Entonces qué? ¿La delincuencia va a llevar adelante el otro 50% de los asaltos, los robos y los homicidios? La delincuencia sigue con todo, igual las enfermedades que hay que atender”, añadió Benavides.
Durante su comparecencia, Mario Rojas aseveró que los parámetros de huelga los señala la Organización Intenacional del Trabajo.
Añadió que la OIT señaló que el suministro de combustible de Recope no es considerado un servicio esencial “en el sentido estricto del mismo” y que, por lo tanto el Estado debe garantizar el derecho a huelga.
Al respecto, la también diputada liberacionista, Yorleni León, agregó que cada país, dentro de su soberanía, debe definir qué es un servicio esencial o no.
León, en respuesta al pedido de respeto a los sindicatos que pidió Hernández, dijo: “Los costarricenses también quisiéramos que los sindicatos nos respeten. En ese sentido ese respeto pasa por una prestación de servicios continuos, permanentes, sin ningún tipo de interrupción, sin beneficios abusivos como los que hemos estado acostumbrados en los últimos años”.