El secretario general de la OEA, Luis Almagro, anunció este jueves que evalúa proponer la aplicación de la Carta Democrática a Nicaragua, debido a las denuncias de violaciones de derechos humanos por parte del gobierno de Daniel Ortega y la orden de expulsión de grupos de expertos del organismo en ese país.
“Al comenzar el camino de la Carta Democrática se abre también un camino para que su gobierno reconsidere sus acciones, la Carta así lo prevé. Quisiera aferrarme a esa última esperanza, a la esperanza que usted (al embajador nicaragüense) y su gobierno recuperan la dignidad revolucionaria, la dignidad de la autocrítica, la dignidad de buscar la verdad, reconocerla y hacerla responsable", manifestó Almagro en el cierre de una sesión extraordinaria que se efectuó en la sede de la OEA, en Washington.
La Carta Democrática es un mecanismo de diálogo de la Organización de Estados Americanos (OEA), que se utiliza cuando la democracia de un Estado miembro está en peligro, y que puede conducir a sanciones como la expulsión de ese país del organismo.
Su artículo 20 faculta al secretario general o cualquier país miembro a convocar inmediatamente un Consejo Permanente para evaluar la situación.
(Video) Secretario general de la OEA evalúa invocar la Carta Democrática
La vicepresidenta de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), Esmeralda Arosemena de Troitiño, también hizo un llamado a considerar la aplicación de la Carta Democrática contra Nicaragua con el propósito de hallar una salida a la crisis política y social del país.
“La Comisión llama a los Estados Miembros de la OEA a rechazar las violaciones a los derechos humanos y los actos de represión que hoy mantienen en una situación crítica el goce y ejercicio de las libertades y derechos de la población nicaragüense, así como a considerar el cumplimiento de las condiciones que hacen aplicable la Carta Democrática Interamericana al país”, manifestó Arosemena en su intervención.
La sesión extraordinaria surgió luego de que expertos de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) presentaron un informe el viernes en el que se reveló que en el país vecino se han registrado conductas que deben considerarse como “crímenes de lesa humanidad”.
LEA MÁS: Costa Rica presidirá sesión extraordinaria de la OEA por crisis en Nicaragua
Para investigar las denuncias, la CIDH conformó el Grupo Interdisciplinario Especial de Investigación (GIEI) y el Mecanismo Especial para Nicaragua (Meseni), que se desplazaron a ese país, pero que fueron expulsados por el gobierno el 19 de diciembre.
Además, la sesión de organiza apenas unos días después de que el gobierno de Ortega ingresó violentamente al medio 100% Noticias y detuvo a su director, Miguel Mora y a la periodista tico-nicaragüense, Lucía Pineda.
Durante la ponencia del representante alterno de Costa Rica, Antonio Alarcón Zamora evitó referirse sobre si apoyaba o no la aplicación de la Carta Democrática. Aunque reiteró el “total rechazo y repudio” a la expulsión de los mecanismos de la OEA y exhortó a los países miembros a levantar su más enérgica protesta por las violaciones crecientes a los derechos humanos en el país vecino.
La intervención costarricense estuvo a cargo de Alarcón, ya que la embajadora Montserrat Solano presidió la sesión.
Pese a no referirse a la Carta Democrática, Solano destacó que el lenguaje diplomático de Costa Rica ha tomado un tono más fuerte por la escalada de violencia en la nación vecina, que hasta el momento ha cobrado la vida de 325 personas y ha dejado 400 detenidos.
“Llegar a utilizar la palabra condena es bastante fuerte, ya no deplora ni lamenta. Eso es un elemento importante a considerar dentro del desarrollo del lenguaje que hace Costa Rica y que también poco a poco va haciendo la OEA. Una de las cosas que uno puede ver en el marco de la OEA es que va in crescendo hasta llegar a tomar algunas medidas.
“Sé que ese proceso puede ser frustrante para algunos países, pero es un proceso político que toma tiempo”, dijo Solano tras el encuentro.
“De la sesión de hoy, creo que lo importante es el mensaje de que la OEA es una organización que frente a lo que sucede en Nicaragua decidió reunirse y manifestarse al respecto, no es una organización que se quedó callada”, agregó la representante tica.
Por su parte, la embajadora argentina, Paula Bertol, indicó que muchos miembros están pensando en su aplicación porque “estamos hablando de terrorismo de Estado”.
La sesión fue convocada y presidida por Costa Rica ante la solicitud de las misiones de Argentina, Brasil, Canadá, Chile, Colombia, Perú y Estados Unidos.
LEA MÁS: Expertos de la CIDH denuncian ‘crímenes de lesa humanidad’ en Nicaragua
¿Cómo se activa la Carta Democrática?
La Carta Democrática Interamericana de la OEA, la cual se aprobó en setiembre del 2001, se aplica cuando hay una alteración o una ruptura del orden democrático. El proceso puede conllevar a su suspensión del organismo.
En primera instancia, es necesario que el Consejo Permanente del organismo declare por mayoría simple (con 18 votos) de sus miembros que en Nicaragua hay una alteración del orden constitucional y democrático. Si esto se avala, la OEA deberá realizar gestiones diplomáticas para tratar de resolver la crisis a través del diálogo y la mediación.
En caso de que la gestión no prospere, con el voto de dos tercios de los integrantes (24 votos) es posible convocar a una sesión extraordinaria de la Asamblea General del organismo.
De nuevo se intentaría la vía diplomática y, de fracasar en esta ocasión, sería necesario otra vez el voto de 24 países para suspender a Nicaragua del ente, con lo que dejaría de participar en los programas y actividades de la OEA.
El caso más reciente de un país sancionado mediante la Carta Democrática fue Honduras, luego del golpe de Estado contra el presidente derrocado Manuel Zelaya, en el 2009.
En toda su historia, la OEA solo ha suspendido a dos países: Cuba y Honduras.
El caso de Venezuela es distinto, pues la amenaza de suspensión ha recorrido un largo camino, sin haber conseguido el cuórum para concretarla. En plena disputa, Caracas lanzó un proceso para retirarse del organismo que debería concluir en abril del 2019.
