La Sala IV requirió a la Asamblea Legislativa información adicional sobre la forma en que se tramitó el proyecto de ley de jornadas acumulativas, conocido como jornadas 4-3.
Este proyecto fue aprobado en primer debate en el pleno legislativo el 15 de agosto pasado. Posteriormente, diputados de los partidos Liberación Nacional (PLN) y Frente Amplio (FA) presentaron una consulta facultativa de constitucionalidad ante la Sala IV.
Los diputados alegan vicios de procedimiento relacionados con el traslado del expediente 21.182 desde la Comisión de Jurídicos, donde inicialmente había sido asignado en el año 2019, a la Comisión de Hacendarios, un movimiento que ocurrió en mayo de 2020, entre otras objeciones.
La solicitud de pruebas por parte de los magistrados de la Sala IV se formalizó mediante una comunicación dirigida al presidente del Directorio Legislativo, Rodrigo Arias, con fecha del 20 de septiembre.
Los magistrados requirieron el acta de la sesión ordinaria número 1 de la Comisión de Asuntos Jurídicos, que tuvo lugar el 26 de mayo de 2020, así como los documentos adjuntos y los resultados de la votación de la moción número 07-01, que recibió seis votos a favor y tres en contra.
Dicha moción buscaba que la presidenta de la comisión, la liberacionista Franggi Nicolás, reconsiderara su decisión de trasladar el expediente a la comisión de Hacendarios. Los magistrados hicieron hincapié en que la Asamblea informe cómo votaron los diputados, ya sea a favor o en contra.
Además, solicitaron una copia de cualquier resolución emitida por la presidenta de la Comisión de Jurídicos relacionada con el traslado del expediente, así como cualquier acta o resolución adicional, de ambas comisiones, donde se haya debatido o resuelto asuntos vinculados con este cambio; o bien, que estén relacionadas con la moción aprobada por los diputados de Jurídicos.
La Sala IV también pidió al presidente del Congreso información sobre las prácticas y los criterios utilizados para el traslado de expedientes entre comisiones encargadas de conocer proyectos de ley. En este sentido, los magistrados esperan una descripción detallada de los requisitos de este proceso, las opciones recursivas disponibles para los miembros de estas comisiones y el procedimiento.
Asimismo, los magistrados solicitaron los criterios empleados por el Departamento de Servicios Técnicos de la Asamblea en relación con el traslado de expedientes.
La Sala IV fijó un plazo de ocho días hábiles, a partir de la notificación del requerimiento, para que el Congreso presente la documentación.
El plazo para que el Tribunal resuelva la consulta de constitucionalidad se extenderá por un mes adicional, a partir del momento en que se reciban las pruebas. Este procedimiento se ajusta a lo establecido en la Ley de Jurisdicción Constitucional, según lo indicado por los magistrados.
El proyecto de jornadas 4-3 legaliza el esquema laboral en el que se trabajan 12 horas diurnas durante cuatro días a la semana, con tres días de descanso en algunas actividades como la industria.
En horario nocturno, se fijan 36 horas semanales por tres días, con cuatro días de descanso.
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Recorrido en el Congreso
El expediente 21.182 contempla una reforma de cuatro artículos del Código de Trabajo. Fue presentado en la corriente legislativa el 12 de diciembre de 2018 por la entonces diputada del PLN, Ana Lucía Delgado, con el respaldo de otros 13 legisladores de su bancada.
El presidente legislativo de entonces, Carlos Ricardo Benavides, asignó dicho proyecto a la Comisión de Jurídicos el 18 de junio de 2019. Sin embargo, el 26 de mayo de 2020, Franggi Nicolás anunció que el expediente se había trasladado a la Comisión de Hacendarios.
Este cambio se debió a una solicitud de la diputada Delgado, quien también era integrante de la Comisión de Hacendarios, según afirmó Nicolas en el foro.
Posteriormente, Nicolás informó al siguiente presidente del Congreso, Eduardo Cruickshank, sobre esta decisión, la cual fue respaldada por Silvia Hernández, entonces presidenta de Hacendarios, y por el jerarca legislativo.
Los diputados consultantes alegan que este movimiento contravino el principio de especialidad de las comisiones, según el reglamento de la Asamblea Legislativa.
Señalaron que la Comisión de Hacendarios se enfoca en discutir temas relacionados con los presupuestos y sus liquidaciones, así como la materia de la Hacienda Pública, que no guarda relación con el proyecto de las jornadas acumulativas, ya que este aborda aspectos propios del derecho laboral. En consecuencia, consideraron el traslado del expediente como irrazonable.
Adicionalmente, argumentan que esta decisión violó los principios democráticos, de transparencia y publicidad, al realizar el traslado sin someterlo a votación previa en la Comisión de Jurídicos y sin publicarlo en las redes públicas del Congreso.
Los diputados indicaron que Nicolás informó del traslado hasta el 26 de mayo del 2020, sin previo aval de los diputados.
De acuerdo con los consultantes, este movimiento tomó por sorpresa tanto a los legisladores como a la ciudadanía, lo que desencadenó un debate sobre la decisión, dado que el proyecto seguía en el orden del día de la Comisión de Jurídicos.
Debate en Jurídicos
En aquella época, Carlos Ricardo Benavides, liberacionista, expresó en esa sesión su preocupación argumentando que el proyecto tenía una relevancia significativa para el país y que el traslado no se basaba en criterios técnicos sólidos. Afirmó que el proyecto debió permanecer en la Comisión de Jurídicos debido a su naturaleza jurídica y laboral.
La diputada Carolina Hidalgo Herrera, de Acción Ciudadana (PAC), se sumó a las preocupaciones y destacó que el proyecto ya había sido objeto de un análisis exhaustivo en la Comisión de Jurídicos. Solicitó que se respetara la especialidad de la comisión y que se reconsiderara el traslado.
El diputado Wágner Jiménez Zúñiga, del PLN, también expresó su desacuerdo con la decisión de trasladar el proyecto a Asuntos Hacendarios y cuestionó la relación del proyecto con temas de Hacienda Pública.
La diputada Mileidy Alvarado Arias, de Restauración Nacional (PRN), hizo hincapié en que, si bien la presidencia de la comisión tiene la potestad de realizar traslados, es importante considerar la especialización de las comisiones en ciertas materias y permitir que los diputados defiendan proyectos que han nacido en sus despachos.
Finalmente, la presidenta de la Comisión de Jurídicos, Franggi Nicolás, mantuvo su decisión, pese a la moción aprobada que le pedía hacer una reconsideración.
