De poco le sirvió a la Presidencia de la República el argumento de “seguridad nacional” esgrimido para mantener en secreto la lista de personas que visitan su sede en Zapote.
La Sala Constitucional declaró ayer, por unanimidad, que todos los costarricenses tienen derecho a conocer quién entra a la Casa Presidencial, pues se trata de información de interés público que, además, nunca ha sido declarada por ley como un “secreto de Estado”.
Los magistrados respondieron así a la queja del diputado Rolando González, del Partido Liberación Nacional (PLN), quien acudió a la Sala luego de que Presidencia le negara el listado de visitantes.
“La negativa de la autoridad accionada, en suministrar la información al petente, constituye una violación a sus derechos fundamentales, específicamente, a las garantías de acceso a la información pública contenidas en los artículos 27 y 30 constitucionales (...). Se ordena al Ministro de la Presidencia que entregue de inmediato la información a partir de la notificación de la resolución sobre los registros de entradas y salidas de la Casa Presidencial”, dice el boletín oficial.
González celebró la sentencia y la orden que los magistrados emitieron para que Zapote le entregue a él –y a quien así lo pida– los nombres de quienes llegan a la casa de gobierno.
El legislador no mencionó la razón de su interés en la lista.
“Solo se oculta algo que es muy valioso para la persona que lo oculta. Esperaré a que me entreguen las listas para decir si encontré o no lo que estaba buscando (...). Debo estudiar las listas para ver si solo fue un acto de obstrucción o el ocultamiento de algún hecho importante”, indicó.
Riesgos. Consultado sobre el fallo, el director jurídico de la Presidencia, Marvin Carvajal, dijo que lo acatarán a pesar de considerar que se pone en riesgo la seguridad nacional y las relaciones con países amigos, cuyos agentes de inteligencia entran con regularidad a la Presidencia.
En declaraciones en radio Monumental, Carvajal dijo que reciben a agentes de la Agencia Central de Inteligencia (CIA) de Estados Unidos y sus pares israelíes de la Mossad, específicamente en la oficina de Mariano Figueres, jefe de la Dirección de Inteligencia y Seguridad (DIS).
Después, declaró a La Nación que mencionó esos casos solo de manera ilustrativa y que los países pueden ser variados, incluidos oficiales de Venezuela, España o México. “No lo confirmo ni lo descarto”, contestó en ese momento el director jurídico.
“Eso es baladí, superficial e insostenible”, calificó, por su parte, González, sobre el argumento de las visitas de agentes de inteligencia de países amigos, ofrecido por Presidencia para ocultar la información que pedía.
Carvajal manifestó ayer que esperará la sentencia completa de la Sala Constitucional, con la esperanza de que haya alguna excepción en los nombres de las personas que debe divulgar.
