El diputado Rodrigo Arias, presidente de la Asamblea Legislativa, afirmó que postegar la entrada en vigencia de la Ley Marco de Empleo Público enviaría un mensaje negativo a la comunidad financiera internacional, en el sentido de que el país estaría renunciando a una legislación que “es columna vertebral del ajuste fiscal que Costa Rica necesita”, añadió Arias.
El diputado resaltó la importancia de la reforma luego de que su compañero de bancada Gilbert Jiménez, presentó un proyecto de ley para postergar su entrada en vigencia hasta el 10 de marzo del 2025, es decir, durante dos años.
La Ley de Empleo Público generaría ahorros en el rubro de remuneraciones del sector público, por la implementación del salario global.
“Por supuesto que mi posición es que debe entrar en vigencia y que, si hay que hacerle ajustes, se le harán posteriormente cuando se detecte exactamente qué es lo que hace falta ajustar; pero la misma ley tiene un transitorio con el que entrará en vigencia no ahora, sino en un periodo de tiempo. En lo personal, votaré en contra de cualquier iniciativa de posponer la entrada en vigencia de esa ley”, sentenció.
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Arias recordó que, con la aplicación del nuevo sistema de salario global, que sustituiría al actual sistema de salario bases más pluses que aumentan el gasto, se evitaría un incremento en el pago de remuneraciones en las instituciones.
Agregó que se trata de una ley transformadora, a pesar de los temores de los empleados públicos por el cambio en las remuneraciones.
“Con el tiempo se irán haciendo ajustes para adaptar necesidades de grupos de empleados públicos”, remarcó.
El presidente del Congreso añadió que el plan que de postergar “es un proyecto de un diputado” de su bancada, “de mi colega y compañero diputado don Gilbert Jiménez”.
Kattia Rivera, jefa de la bancada liberacionista, también aclaró que la iniciativa “es una propuesta personal de él” y que “no (ha sido) avalada como fracción”.
Jiménez buscaba una moción para dispensar de todo trámite la iniciativa con el apoyo de sus compañeros de bancada Dinorah Barquero, Francisco Nicolás, Danny Vargas y Sonia Rojas, así como de cinco legisladores del Frente Amplio.
La moción no prosperó este martes, pues, la jefa de bancada la dejó por fuera de la agenda de plenario, lo que provocó un choque entre ambos en el plenario.
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Rivera añadió que la única posición que tomó su bancada era conformar una subcomisión para evaluar algunas objeciones que se han presentado al proyecto y a la propuesta de reglamento elaborado por el Ministerio de Planificación Nacional y Política Económica (Mideplán).
La diputada Paulina Ramírez, designada para integrar la subcomisión, indicó que está valorando su participación e insistió en que la propuesta es exclusiva del diputado Jiménez.
El proyecto para atrasar la entrada en vigencia retoma algunos señalamientos de la Procuraduría General de la República (PGR) a la propuesta de reglamento que puso a consulta Mideplán.
“Indica que el borrador de reglamento tiene disposiciones ‘redactadas de forma confusa y equívoca’ y ‘ambigüedades en varias partes de su articulado y disposiciones de redacción oscura’”, dice la legislación, sin detallar las objeciones.
La PGR señaló, por ejemplo, que el pago del salario escolar a como está redactado en el reglamento podría generar confusiones innecesarias, dado que se plantea como un incremento al salario global.
El diputado Danny Vargas agrega que, otro tema que se debe aclarar, es sobre el alcance de la rectoría de Mideplán. Afirma que es imposible que el Ministerio de Planificación (Mideplán) sea rector de otros poderes de la Repíblica y de instituciones con autonomía.
Sin embargo, esa duda la aclaró la Sala Constitucional el 30 de setiembre del 2021, al indicar que la rectoría de Planificación solo aplica para el Poder Ejecutivo y sus órganos, así como para los puestos comunes del sector descentralizados.
