La entrada en vigencia está prevista para el próximo 10 de marzo y, con esta, la implementación del esquema de salario global, en el no existen los pluses que disparan el gasto público.
Aparte de la regla fiscal, la Ley de Empleo Público fue la principal medida de contención de gasto que el país acordó aplicar, para acceder a un crédito blando de $1.778 millones del FMI.
“No cumpliríamos con el requisito para marzo (próxima fecha para revisión de metas). No estamos de acuerdo con ese proyecto de ley”, previno el ministro de Hacienda.
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De acuerdo con Nogui Acosta, la aplicación de la reforma y su reglamento es un compromiso con el organismo por sus rendimientos.
“Esta es una condición que, en el mejor de los escenarios, sería un atraso en el programa, pero adicionalmente pondría en entredicho el compromiso del país y minaría la credibilidad del país”, añadió.
El nuevo sistema pretende equiparar salarios para puestos similares en las instituciones del Estado y e impediría que, mediante convenciones colectivas, se negocien incrementos salariales, nuevos pluses y plazas.
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El acuerdo inicial pactado por la administración de Carlos Alvarado, incluía metas fiscales como reducción del endeudamiento y del déficit fiscal, aumento del superávit primario y otras medidas.
El crédito del FMI se desembolsa en tractos semestrales cercanos a los $300 millones, durante tres años.
Cada desembolso está sujeto al cumplimiento de las metas fiscales comprometidas por el Gobierno.
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Los rendimientos ofrecidos por la anterior administración por empleo público fueron del 0,37% del producto interno bruto (PIB) para 2021; 0,66% al siguiente año; 0,95% en 2023; 1,23% en 2024 y 1,52% del PIB para 2025.
Según el último cálculo hecho por el Ministerio de Planificación Nacional y Política Económica (Mideplán), en octubre de 2021, los ahorros en todo el Estado serían del 1,04% del producto interno bruto (PIB) anual, por los próximos diez años, equivalentes a ¢394.000 millones en ese momento.
Ese porcentaje se conformaba por un 0,77% del PIB (¢291.450 millones en 2021) que se generaría en el Gobierno y sus órganos desconcentrados, así como en los poderes Judicial, Legislativo y Electoral, los cuales están cubiertos por el Presupuesto Nacional.
El restante 0,27% del PIB (¢102.200 millones) se ahorraría en el resto de instituciones, como la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS), las universidades estatales, las empresas públicas que no están en competencia y las municipalidades.
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Acosta indicó que las condiciones del acuerdo no se han modificado.
En tanto, Mideplán no ha actualizado los rendimientos de la reforma, tomando en cuenta, por ejemplo, el pago del salario escolar que el Poder Ejecutivo pretende pagar.
La propuesta de reglamento que Mideplán puso a consulta semanas atrás, dice que se “publicará de manera paulatina y vía resolución, en su sitio web”, la columna del salario global para las instituciones bajo su competencia, y los índices o escalas salariales específicas de cada familia laboral.
El gobierno de Rodrigo Chaves negoció un crédito adicional con el FMI por $725 millones del nuevo Servicio de Resiliencia y Sostenibilidad (SRS).
