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Rodrigo Arias, presidente de la Asamblea Legislativa, solicitó a los partidos políticos dar un trámite rápido al proyecto para reformar varios artículos del Código Procesal de Familia. El legislador calificó de urgente la aprobación de las modificaciones, porque la norma entrará a regir el próximo 1.° de octubre.
“Yo quisiera hacerles una respetuosa excitativa para que este proyecto lo viéramos con la mayor rapidez y responsabilidad, por la importancia que tiene. Este es un proyecto que nos presentó la Corte Suprema de Justicia, recibimos a gran parte de los magistrados que vinieron acá”, expresó Arias, la noche del miércoles, durante la reunión semanal de los jefes de fracción.
El líder parlamentario hizo las manifestaciones en apoyo a la propuesta de Alejandra Larios, subjefa de la bancada del Partido Liberación Nacional (PLN), de aprobar, la próxima semana, una moción para dispensar de trámite la iniciativa de ley, que está bajo el expediente 24.131.
La dispensa permite que un proyecto no pase por estudio de una comisión dictaminadora, sino que se tramite directamente en el plenario de la Asamblea Legislativa. Tanto Arias como Larios son los proponentes de la iniciativa.
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El Código Procesal de Familia fue aprobado en el año 2019, pero su entrada en vigencia se aplazó en dos oportunidades, 2020 y 2022. La diputada Larios aclaró que la expectativa es que la norma, finalmente, se pueda ejecutar con todos los arreglos necesarios y no tener que pedir otra prórroga.
Un criterio similar externó Arias, al manifestar que el país ha venido posponiendo el tema, una y otra vez, por considerar que “no nos encontrábamos listos”. No obstante, aseguró que aún se está a tiempo de hacer un “esprint final” y lograr la aprobación de la reforma, antes del plazo fatal del 1.° de octubre.
El texto fue presentado el 22 de enero y se encuentra asignado a la Comisión de Jurídicos, en donde se ha priorizado la discusión y análisis de la ley para regular las jornadas 4-3 en el sector privado.
Corte Plena también urgió aprobación
La Corte Plena también manifestó, el pasado 11 de agosto, preocupación de que el Código Procesal de Familia empiece a regir sin que el Congreso haya realizado las modificaciones promovidas por el mismo Poder Judicial. Ante la premura, los altos jueces aprobaron hacer un llamado a los diputados para que se avance con la propuesta.
Particularmente, los magistrados expresaron inquietud por la entrada en vigor del artículo 286 del Código, por medio del cual se creó el Fondo de Pensiones Alimentarias.
La reforma legislativa contempla una derogatoria del numeral 286, pero la Corte Plena acordó como plan b, coordinar con la Procuraduría General de la República (PGR) la redacción de una acción de inconstitucionalidad, en caso de que el Congreso no finiquite el trámite de la reforma antes de octubre.
El Fondo se creó para prestar recursos a deudores de pensiones que necesiten saldar sus obligaciones alimentarias, siempre que dispongan de bienes inmuebles o muebles que respondan como garantía real.
Sin embargo, los magistrados declararon inviable poner a operar la reserva, ante la inexistencia de recursos que puedan sustentar al Fondo, porque la fuente de financiamiento asignada es la misma que una ley anterior destinó a alimentar el Régimen No Contributivo de Pensiones (RNC). Igualmente, concluyeron que el costo administrativo de manejar los recursos sería “monstruosamente grande”.
