Las fuertes medidas para recortar el gasto público, recientemente derogadas por el presidente de la República, Rodrigo Chaves, forman parte de los compromisos adquiridos por Costa Rica en el acuerdo de ajuste fiscal con el Fondo Monetario Internacional (FMI).
La administración anterior se comprometió con ese organismo a implementar una serie de recortes y a aumentar los ingresos, a cambio de un crédito blando en tractos por hasta $1.778 millones, para aliviar el estado de las finanzas públicas.
En la sección de contención del gasto se menciona que, durante el 2022, el Estado debe lograr una reducción en el gasto primario equivalente al 2% del producto interno bruto (PIB) y, para alcanzarlo, se citan las siguientes medidas.
- Reducción nominal anual de los componentes temporales del salario (como horas extraordinarias) en un 8,5%.
- Reducción nominal anual del gasto en bienes y servicios en un 11%.
- Congelamiento de pensiones de jubilados del sector público y transferencias corrientes al sector público, excluyendo las transferencias a la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS).
- Reducción de transferencias privadas (excepto las relacionadas con pensiones), transferencias públicas (excepto las de la CCSS) y transferencias con recursos externos.
- Aplicar las continuas restricciones salariales impuestas por la reforma fiscal (congelamiento de salarios base, anualidades y nuevas contrataciones) y eliminación de todas las vacantes.
Cada una de esas medidas, agrega el documento pactado entre la administración anterior y el FMI, debe implementarse durante el periodo 2022-2025.
Un decreto del expresidente Carlos Alvarado, que fue derogado por Chaves este mes de setiembre, imponía recortes graduales con el fin de reducir el gasto en remuneraciones eventuales, suplencias y adquisiciones de bienes y servicios, entre los años 2021 y 2025. Asimismo, imponía un tope de crecimiento mínimo a las transferencias corrientes, tomando como base el presupuesto ejecutado de 2020.
Para la compra de bienes y servicios, por ejemplo, este año solo podía gastarse un 85,56% de lo ejecutado hace dos años y, en el 2025, el porcentaje debía bajar a un 67,72% de lo girado en el 2020.
Incluso, para cumplir con esa meta, el Gobierno habría tenido que aumentar el recorte para cumplir con la reducción del 11% anual acordado entre el Gobierno y el FMI, después de las dos primeras revisiones. La primera meta era de 7,5% anual, pero luego fue ajustada.
Otra de las medidas de dicho decreto, en la partida de las transferencias corrientes, impedía a las instituciones gastar este año en ese rubro más de un 101% de lo girado en 2020. Asimismo, para el 2025, el límite era un 102,53%.
Por último, aunque el acuerdo con el FMI establece la eliminación de plazas vacantes, el gobierno de Chaves insiste ante la Asamblea Legislativa en eliminar esa medida en el Presupuesto Nacional.
Ministro de Hacienda: ‘Los compromisos son a nivel de balance primario y deuda’
Pese a que eran metas acordadas previamente con el Fondo, el mandatario Rodrigo Chaves decidió derogar el decreto que imponía las restricciones dirigidas a cumplir con algunos de esos hitos.
Al ser consultado, el ministro de Hacienda, Nogui Acosta, sostuvo que no se trata de compromisos con el Fondo Monetario Internacional, pues las metas “son a nivel de balance primario y deuda”. Aseguró que ambos factores “a junio mostraron un sobrecumplimiento”.
“Esos no son compromisos; son las medidas que iba a estar impulsando la administración anterior para dar cumplimiento a la regla fiscal, cuando esta se medía por el ejecutado (Rodrigo Chaves reformó esa norma).
“Recuerde que la regla fiscal es un techo al límite del crecimiento del gasto. Ahora que la regla fiscal se mide por el presupuestado, su verificación queda finalizada con la aprobación por parte de la Asamblea Legislativa”, insistió Acosta.
La normativa había sido firmada el 11 de enero de 2021 por el expresidente Carlos Alvarado y el exministro de Hacienda, Elian Villegas, justamente el mismo día que comenzaron las negociaciones con el FMI.
Con dichas restricciones, la administración anterior buscaba contener el gasto corriente primario en 3,45 puntos porcentuales del producto interno bruto (PIB), a fin de que el ajuste fiscal negociado con el Fondo Monetario Internacional (FMI) se apoyara, principalmente, en reducción del gasto público.
Cambio en el modelo de regla fiscal permitirá al Gobierno aumentar su gasto
Con la derogatoria, todas esas restricciones quedaron sin efectos. Ahora las instituciones tienen libertad de gasto en esas partidas siempre y cuando en el gasto total no sobrepasen los límites impuestos por la regla fiscal, mecanismo que también fue flexibilizado por al actual administración.
De hecho, el Poder Ejecutivo derogó las normas citadas fundamentándose en ese primer decreto que aflojó la regla fiscal y permitirá al Gobierno gastar ¢412.000 millones más en 2022.
La reforma, altamente cuestionada por la Contraloría General de la República (CGR), modificó el modelo de verificación del cumplimiento de la regla fiscal.
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Un primer reglamento de la administración anterior establecía que el cumplimiento de la regla fiscal se verificaba al comparar el gasto realmente ejecutado en el año en curso con la ejecución del año anterior.
En cambio, la reforma de Chaves establece que la verificación se hará únicamente comparando el presupuesto final del año (incluyendo los presupuestos extraordinarios) con el presupuesto ordinario del año anterior.
Al igual que el decreto de verificación de la regla fiscal de la administración anterior, las normas para el control y la reducción del gasto público también se basaban en el presupuesto ejecutado de las instituciones.
“Se ajusta lo concerniente a la forma de verificación del cumplimiento de la regla fiscal al finalizar el periodo; se determina que la regla fiscal se aplica a los presupuestos y no sobre el gasto ejecutado, como establecía el decreto 42798-H (normas para el control y la reducción del gasto público)”, argumentó Acosta. El ministro agregó que, “por lo tanto, lo que se hace es eliminar un decreto que se basaba en una premisa insubsistente”.
Además de esas medidas, el presidente Rodrigo Chaves impulsa un proyecto de ley en la Asamblea Legislativa que flexibilizaría la aplicación de la regla fiscal, al excluir del cálculo los intereses y la obra pública, así como a diversas instituciones. Esa propuesta abriría la puerta para aumentar el gasto del Gobierno Central en otros ¢140.000 millones.
La derogatoria del decreto que imponía fuertes recortes y restricciones se publicó en el diario oficial La Gaceta en momentos en que una misión del Fondo Monetario Internacional (FMI) revisa los cumplimientos del país, para evaluar el posible desembolso de un tercer tracto del crédito.