EscucharLa renuncia de dos miembros le permitirá al Gobierno reconfigurar la Junta Directiva de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS). El sábado pasado, el Consejo de Gobierno aceptó la dimisión de dos representantes del Poder Ejecutivo en la cúpula de la CCSS.
Se trata de María de los Ángeles Solís Umaña y Fabiola Isabel Abarca Jiménez, quienes fueron nombradas en mayo del 2018 por un periodo de ocho años que se extendería hasta mayo del 2026, según informó la Caja a La Nación.
En consecuencia, la nueva Administración podrá nombrar dos nuevos directivos que acompañarán a Álvaro Ramos, presidente ejecutivo de la CCSS, en la Junta Directiva.
La Junta Directiva de la CCSS está conformada por nueve miembros: tres representantes del Poder Ejecutivo, tres del sector patronal y tres de los trabajadores.
Los relevos en la delegación del Gobierno coinciden con una nueva designación por parte del sector patronal.
El pasado 20 de mayo, la Unión Costarricense de Cámaras y Asociaciones del Sector Empresarial Privado (UCCAEP) anunció el nombramiento de Adrián Torrealba, abogado experto en temas tributarios en sustitución de José Pablo Ross.
Asimismo, se ratificó la continuidad, por cuatro años más, de los directivos Marielos Alfaro Murillo y Jorge Arturo Hernández Castañeda.
“El sector empresarial, consciente de las reformas que necesita la institución, propuso perfiles con experiencia en temas laborales, financieros, tributarios e institucionales. Mediante su designación, el sector reafirma su compromiso para impulsar, junto al nuevo presidente ejecutivo, las transformaciones que requiere el país en materia de seguridad social”, expuso la Uccaep.
Durante la campaña, el hoy mandatario de la República, Rodrigo Chaves, planteó la posibilidad de hacer alianzas con el sector patronal para impulsar, en la Junta Directiva, cambios en el modelo aseguramiento.
“Creo que es muy factible”, dijo este martes Adrián Torrealba.
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En el programa de Gobierno, el Partido Progreso Social Democrático (PPSD) planteó disminuir las cargas sociales y eliminar los cobros mínimos en el aseguramiento.
“Las cuotas obreras y patronales son su principal fuente de financiamiento (de la CCSS), pero resultan una carga excesiva, desproporcionada e insostenible. Por eso, casi el 40% de nuestros trabajadores ya están en la informalidad, sin seguro de salud ni derecho a una pensión”, dice el plan.
