Actualmente, la Constitución establece, en su artículo 138, que para alcanzar la Presidencia se requiere contar con el apoyo mínimo del 40% de los votos válidamente emitidos en el proceso electoral; sin embargo, con el nuevo plan se busca reducir ese porcentaje a 20%.

La propuesta fue presentada por el diputado Gilberth Jiménez Siles, del Partido Liberación Nacional (PLN), este lunes 1.º de agosto, ante la Asamblea Legislativa. Esa bancada es la mayor del Congreso, al contar con 19 legisladores.

El proyecto de ley también cuenta con el apoyo de Monserrat Ruiz, Francisco Nicolás, Sonia Rojas Méndez y Alejandra Trejos Larios, congresistas del PLN; los legisladores Fabricio Alvarado, Gloria Navas y Olga Lidia Morera, del Partido Nueva República (PNR); y Alejandro José Pacheco y Horacio Alvarado, del Partido Unidad Social Cristiana (PUSC).

La propuesta de los nueve congresistas solamente indica que se reforma el artículo 138 de la siguiente forma: “El presidente y los vicepresidentes serán elegidos simultáneamente y por una mayoría de votos que exceda el 20% del número total de sufragios válidamente emitidos”.

La definición del presidente de la República por el 40% de los votos está vigente desde 1936 y lo refrendó la Constitución Política actual, vigente desde 1949, según Tomás Federico Arias Castro, profesor de la Cátedra de Historia del Derecho, de la Universidad de Costa Rica.

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Según plantea la exposición de motivos del proyecto de reforma, al modificar el artículo 138 de la Constitución Política se evitaría que los candidatos vayan a una segunda ronda, lo cual generaría un ahorro de recursos de ¢3.000 millones que podrían ser utilizados para proyectos de inversión.

Incluso, el texto asegura que la iniciativa se sustenta en el hecho de que las últimas tres elecciones presidenciales se han resuelto en segundos comicios, por lo que los congresistas desean acabar con esa práctica.

“Al tener un 40% como mínimo en donde los votos se concentran mucho más en un número muy reducido de candidatos o partidos, con la consiguiente pérdida de pluralismo político y representación de las distintas fuerzas y partidos políticos, en donde se tenían ventajas, pues los candidatos electos están investidos de una mayor legitimidad, ya que han obtenido un mayoritario respaldo de los electores y por tanto debemos adaptar el porcentaje a la realidad del multipartidismo que hoy tiene el país, no ya la obtención de esa mayoría absoluta del 40% de los votos válidos, sino de mayorías relativas o simples”, explica el texto.

Asimismo, la iniciativa de ley destaca que esto representaría un “fortalecimiento al modelo democrático” costarricense, pues permitiría dar por terminados los comicios con una sola elección.

“El porcentaje para obtener la elección aumenta o disminuye en función del número de partidos o candidatos participantes. Cuanto mayor sea el número de éstos, más bajo deberá de ser el porcentaje exigido para resultar electo, al contrario, cuanto más reducido sea el número de candidatos que se presenten, mayor será el porcentaje”, comenta la propuesta.

Según datos del Tribunal Supremo de Elecciones, para el 2022 se presupuestaron ¢9.240 millones para la realización del proceso electoral. De ese gran total, ¢6.624 millones se gastaron en la primera ronda y ¢2.616 millones en la segunda ronda.

Para las elecciones nacionales el monto total por repartir entre los partidos equivale a 0,19% del PIB del año trasanterior a las elecciones; sin embargo, la Asamblea Legislativa puede reducir ese porcentaje antes de cada proceso electoral.

Por ejemplo, para los comicios de 2010, 2014, 2018 y 2022 los legisladores redujeron tal monto al 0,11%, del cual un 0,08% fue destinado a reintegrar los gastos de los partidos que obtuvieron ese derecho con motivo de su participación en las elecciones nacionales y el 0,03% restante para el financiamiento de las elecciones municipales.

La Nación intentó conocer la reacción del diputado Jiménez, proponente de la iniciativa; no obstante, no fue posible obtener su respuesta.

En un artículo en la sección Opinión, de La Nación, el asesor del Tribunal Supremo de Elecciones, Gustavo Román Jacobo, había expuesto los beneficios de contar con una segunda ronda.

“La segunda ronda electoral es un mecanismo virtuoso porque permite a la ciudadanía hacer la elección de la nómina presidencial más democrática e informada posible.

“Es la única forma de resolver una elección por mayoría en la que se garantiza que la decisión sea del electorado y no de sus representantes (como ocurría antes); que el ganador lo sea con un alto porcentaje de votos válidamente emitidos (no ocurre en los sistemas de mayoría simple); y que el elector cuente con información sobre cuáles son las dos principales opciones en disputa”, indicó Román en parte de su comentario.

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La historia del 40%

Copiado!

La Procuraduría General de la República, de hecho, recapitula cómo la Asamblea Constituyente, en la sesión del 27 de mayo de 1949, llegó a definir el 40% de votos actual.

Inicialmente, ese día, se presentó una moción para que el presidente y vicepresidentes se definieran por el 40% o más del “número total de ciudadanos que hubieren sufragado”.

Esa propuesta, recopila la Procuraduría con base en las actas de la Constituyente de 1949, suscitó polémica entre quienes sugerían una mayor reducción del porcentaje, dado que se debía “hacer todo lo indispensable para alejar la posibilidad de una segunda elección”, y los que se oponían a ello, “pues no se puede concebir que un presidente llegue al poder apenas con un 30% del electorado. Si esto ocurre, es un hecho que no podrá gobernar, ya que no cuenta ni con la tercera parte del electorado”.

Como fórmula transaccional, el diputado Jorge Rojas Espinoza sugirió a los proponentes de la moción variarla en el sentido de que el cociente se refiriera a los “sufragios válidamente emitidos”, lo que aceptaron aquellos.

Esta fue la fórmula que finalmente aprobó la Asamblea, según el siguiente texto: “El presidente y los vicepresidentes serán elegidos simultáneamente, y por mayoría de votos que exceda del cuarenta por ciento del número total de sufragios válidamente emitidos”.

“Estaré retirando mi firma”

A las 5:11 p. m. de este mismo martes 2 de agosto, la diputada Monserrat Ruiz, quien aparece entre las firmantes del proyecto, anunció que retiraría su firma.

“Quiero expresar que mi firma aparece en el proyecto por un error de procedimiento y de consideración de mi parte. Nunca he apoyado ni apoyo esta ida que considero un grandísimo error y sería un retroceso democrático”.