El proyecto de ley de jornadas laborales 4/3, también conocido como jornadas acumulativas, se cayó en la Sala IV.
Por mayoría, los magistrados concluyeron que hubo un vicio sustancial en el procedimiento legislativo del plan porque, en el 2020, el expediente 21.182 fue trasladado de forma irregular desde la Comisión de Jurídicos, donde inicialmente había sido asignado en el 2019, a la Comisión de Hacendarios.
De acuerdo con un comunicado del Tribunal, a esa comisión “no le corresponde conocer este tipo de materias, pues su función es analizar los presupuestos nacionales, sus liquidaciones y los asuntos de Hacienda Pública”.
Los altos jueces recordaron a los parlamentarios que el reglamento de la Asamblea Legislativa ordena que la asignación y el traslado de los expedientes a las comisiones se realice “con estricto apego a la especialidad de la materia y según las funciones y atribuciones señaladas para cada una de ellas”.
La Sala indicó que el vicio tiene un efecto vinculante, por lo que no procedió a estudiar la iniciativa por el fondo.
Salvaron el voto los magistrados Fernando Castillo Víquez y Luis Fernando Salazar Alvarado, por considerar que el vicio detectado no supuso una alteración sustancial de la voluntad del órgano legislativo.
Estos jueces alegaron que la iniciativa se pudo discutir ampliamente y los diputados pudieron ejercer su derecho de enmienda, por lo que el proceso seguido no afectó otras garantías constitucionales o establecidas en el reglamento legislativo.
El resto del Tribunal estuvo conformado por los magistrados Fernando Cruz Castro, Paul Rueda Leal, Jorge Araya García, Anamari Garro Vargas e Ingrid Hess Herrera.
El proyecto fue aprobado en primer debate en el pleno legislativo el 15 de agosto de este año Posteriormente, diputados de los partidos Liberación Nacional (PLN) y Frente Amplio (FA) presentaron consultas facultativas de constitucionalidad ante la Sala IV.
La iniciativa fue presentada por el PLN en el periodo anterior y recibió el apoyo del gobierno del presidente Rodrigo Chaves.
El texto planteaba legalizar las jornadas en las que los empleados trabajan trabajan cuatro días por semana y descansan tres, si su horario es diurno. Mientras tanto, laboran tres días y descansan cuatro, si tienen el horario nocturno.
Cada una de las jornadas, tanto diurnas como nocturnas, eran de 12 horas, con un tiempo de descanso diario de una hora y media, es decir, 10 horas y media de tiempo efectivo laborado.
Traslado del expediente
El pasado 20 setiembre, los magistrados solicitaron al Congreso información adicional, sobre el movimiento del expediente de la Comisión de Jurídicos a Hacendarios.
Este cambio se produjo el 26 de mayo del 2020, cuando la liberacionista Franggi Nicolás, quien dirigía Jurídicos, anunció que el expediente se había trasladado a la Comisión de Hacendarios, por una solicitud de la diputada proponente, la también verdiblanca Ana Lucía Delgado.
Originalmente, la propuesta fue asignada por el presidente legislativo de entonces, Carlos Ricardo Benavides, a la Comisión de Jurídicos el 18 de junio de 2019.
El movimiento aprobado por Nicolás no fue consultado al resto de integrantes de la Comisión. En la sesión del 26 de mayo, al conocer la noticia, se presentó una moción de orden, solicitando a la presidenta del órgano que reconsiderara su decisión. La moción se aprobó con seis votos a favor y tres en contra.
Al conocer el resultado de la votación, Franggi Nicolás expresó “que hubo buena fe” en el traslado; señaló que conversaría con la diputada Delgado “para tratar de evaluar el escenario en el cual se encuentra la tramitación de esta situación” y que procedería a emitir una resolución en la siguiente sesión. Sin embargo, se mantuvo el cambio del expediente.
La decisión de Nicolás fue respaldada por Silvia Hernández, entonces presidenta de Hacendarios, y el jerarca legislativo de ese momento, Eduardo Cruickshank, del Partido Restauración Nacional (PRN).
Los magistrados solicitaron una copia del acta de la sesión del 26 de mayo, así como los documentos adjuntos y los resultados de la votación de la moción.
Además, pidieron que se les remitiera cualquier resolución emitida por la presidenta de la Comisión de Jurídicos relacionada con el traslado del expediente, así como cualquier acta o resolución adicional, de ambas comisiones, donde se haya debatido o resuelto asuntos vinculados con este cambio.
La Sala IV también requirió al actual presidente del Congreso, Rodrigo Arias, información sobre las prácticas y los criterios utilizados para el traslado de expedientes entre comisiones encargadas de conocer proyectos de ley, además los criterios emitidos por el Departamento de Servicios Técnicos de la Asamblea en relación con el traslado de expedientes.
