Hoy hace casi un año, el magistrado Gilberth Armijo iba encorbatado a la cabeza de una marcha llena de funcionarios judiciales que defendían la permanencia de Fernando Cruz en la Sala Constitucional.
No era usual ver alguien de su rango, con traje entero, manifestándose en la calle, a pocos metros del sindicalista Albino Vargas y de un grupo de jóvenes universitarios que también sentían amenazada la independencia del Poder Judicial por decisiones de los diputados respaldados por el Gobierno.
Armijo era solo uno más de muchos que se manifestaron ese 22 de noviembre y que sumaron una nueva causa a las muchas que se defendieron entre el 2011 y el 2013, el período de conflictividad social “más largo, complejo y difuso” de la historia reciente del país, según destacó el Decimonoveno Informe Estado de la Nación en Desarrollo Humano Sostenible.
Aunque no todo se atribuye a su gobierno, la mandataria Laura Chinchilla ha debido encarar más de dos años de frecuentes y variadas protestas o “acciones colectivas”, como las llama el estudio.
Durante esta Administración se rompió el ciclo de conflictividad que se arrastraba desde mitad de los 90, cuando era usual un pico centrado en un solo punto a mitad de cada gestión presidencial.
Chinchilla no tuvo que afrontar una huelga del magisterio como José María Figueres, ni un “Combo del ICE” como Miguel Ángel Rodriguez. Tampoco sufrió la presión de calles colapsadas por demostraciones contra Riteve, como le tocó a Abel Pacheco, ni las tensiones polarizadas que sobrellevó Óscar Arias en tiempos del Tratado de Libre Comercio (TLC) con Estados Unidos.
La presidenta ha tenido una lluvia de manifestaciones tan abundantes como diversas, lo que ha dificultado dar respuestas, dijo el ministro de Comunicación, Carlos Roverssi.
Si se consideran las dos últimas décadas, se registran un promedio de 35 manifestaciones por mes, casi una por día.
Si se corta ese período en dos partes, los números son más expresivos. De 1994 al 2011 el promedio fue de 32 protestas mensuales, pero tras un primer año de gracia con Chinchilla, los sectores se lanzaron a las calles a partir de junio del 2011 con un promedio de 68 “acciones colectivas” por mes.
Esto indica la medición hecha hasta marzo pasado, según el Estado de la Nación .
Los motivos fueron causas que van desde el plan fiscal, la crisis de la Caja del Seguro Social (CCSS), las condiciones de anestesiólogos, marchamos de motos y los derechos de la población homosexual.
Un abanico. También hubo marchas por recortes en Imprenta Nacional, de taxistas contra porteadores y porteadores contra taxistas y por oposición a la concesión de la carretera San José-San Ramón.
Otro ejemplo se dio este lunes. Numerosos grupos se unieron en una jornada de protestas que mezcló temas como el rechazo a reformas fiscales, al aumento del marchamo automotor y a la concesión privada de servicios de salud públicos, además de políticas en educación estatal y la concesión de los puertos de Limón.
La dispersión ha sido la norma. “Aunque las manifestaciones de descontento han sido frecuentes a lo largo de todos estos meses, no se han presentado movilizaciones masivas que hayan paralizado el país por completo, como sí sucedió en anteriores episodios de conflictividad”, señala el informe.
Igual que Armijo aquel 22 de noviembre, otros actores se han estrenado en las “luchas” de calle. “Algunos, anteriormente inhibidos o sin fuerza para plantear sus demandas, tienen hoy un rol más beligerante: defensores de la diversidad sexual, motorizados, porteadores y ambientalistas son algunos ejemplos”, se lee en el estudio.
Uno de sus autores, Steffan Gómez, explicó que dos factores puede ayudar a explicar esta explosión de protestas de mediana intensidad: un mayor activismo y la pérdida de legitimidad del sistema político, lo que puede incluir una pérdida de autoridad del gobierno.
“En los años 80, el 85% de la gente apoyaba la democraca y ahora hay una erosión de la legitimidad. Ahora hay actores que decidieron no hacerle tanto caso y por eso van a las calles”, explicó.
Pero, el ministro Roverssi sostuvo que son “los mismos actores que van cambiando de causa, como en un video”. Dijo además que el Gobierno ha respondido con eficacia reclamos cuando son atendibles, pero que muchos son muy dispersos y difíciles de atender.
