EscucharEl plan impulsado por el Gobierno para legalizar el consumo recreativo de la marihuana en Costa Rica, cobraría una sobretasa de 1% en el impuesto de renta a las personas físicas y jurídicas que se dediquen a la producción, comercialización o actividades relacionadas con el cannabis.
Lo que eventualmente se logre recaudar de ese sobreimpuesto, señala el proyecto de ley, será distribuido entre seis instituciones o programas públicos de esta manera:
- 10% al Ministerio de Salud para sus actividades propias y para el financiamiento de programas de prevención y educación del consumo responsable de marihuana.
- 10% al Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG) para las competencias que le asigna el proyecto de ley.
- 10% a Instituto Costarricense sobre Drogas (ICD) para el cumplimiento de sus labores.
- 20% al Seguro de Enfermedad y Maternidad (SEM) de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS), para la compra de medicamentos.
- 20% para el Centro Nacional de Control del Dolor y Cuidados Paliativos de la CCSS.
- 30% para el Fondo Nacional de Desarrollo del Sistema de Banca para el Desarrollo (SBD), para financiar actividades productivas.
La repartición de ingresos tributarios entre instituciones, en leyes costarricenses y proyectos de ley de la Asamblea Legislativa, son conocidos como destinos específicos.
Contraloría en contra de los destinos específicos
Su existencia en el proyecto de ley provocó observaciones de la Contraloría General de la República (CGR) en contra de la propuesta.
Ese órgano ha advertido a los diputados, en múltiples ocasiones, que los destinos específicos “imprimen un alto grado de rigidez al presupuesto del Gobierno Central”, pues limita la discreción de las autoridades de asignar los fondos que entran a las arcas estatales a través de impuestos.
En la forma como el Poder Ejecutivo planteó el proyecto de ley, señala la Contraloría, el propio Gobierno no tendría forma de recortar, reducir, reubicar o priorizar gastos en procura del uso eficiente de los recursos públicos, debido a que debe respetar lo que quede establecido en la ley.
Si la propuesta queda aprobada tal como está redactada, por ejemplo, el Gobierno no podría echar mano de los recursos recaudados de la sobretasa de 1% en renta para financiar otras iniciativas o programas públicos, inclusive si están dirigidas a atender problemas relacionados con el consumo de marihuana.
“Se ha destacado las dificultades e implicaciones que los destinos específicos tienen en el equilibrio presupuestario y la necesidad de que estas asignaciones sean revisadas a fondo, a fin de acercalas a la realidad económica y social del país, pues se ha evidenciado que los motivos que han justificado la asignación mediante ley de recursos con destinos de esta naturaleza, varían, desaparecen o dejan de ser prioritarias con el transcurso del tiempo”, dijo la CGR.
Al tener fijado un destino particular, el margen de maniobra de esos recursos es limitado y no pueden ser canalizados para la atención de otras necesidades públicas, continuó.
Por el contrario, si los destinos específicos son eliminados del proyecto de ley, entonces el Gobierno sí tendría, mediante criterios de oportunidad y priorización, la posibilidad de redirigir esos recursos a esas mismas instituciones y programas, pero con mayor margen de maniobra.
Puede ser que un año decida potenciar el financiamiento a un programa en específico y destinarle más recursos mediante el presupuesto nacional. O, inclusive, puede ser que en un año específico decida redirigir esos recursos a otras prioridades del país.
El señalamiento de la Contraloría, puntualmente, es que esos recursos deberían entrar a la Hacienda Pública y, de ahí, asignarse libremente.
Mediante el criterio enviado a la Asamblea Legislativa, el órgano contralor les aclaró a los diputados que no se referiría sobre la legalización del consumo de marihuana en el país, debido a que ese tema se sale de sus competencias constitucionales. Únicamente hizo énfasis en la existencia de destinos específicos dentro del proyecto de ley.
