EscucharLa Procuraduría de la Ética Pública (PEP) confirmó este martes que se apersonó como parte en una causa judicial abierta por la Fiscalía General de la República en contra de la diputada independiente Ivonne Acuña Cabrera y de la presidenta de la Asamblea Legislativa, Silvia Hernández.
Se trata del expediente 22-000015-0033-PE, el cual versa sobre el hecho de que la diputada Acuña ha recibido salario del Congreso pese a sus numerosas ausencias durante los años 2021 y 2022 sin comprobantes médicos que confirmen una condición de salud que le impida trabajar. Por ejemplo, aunque salió del país desde el 11 de diciembre y no ha regresado, cobró ¢14,3 millones en los meses de diciembre, enero y febrero.
La Procuraduría confirmó que la causa judicial hace referencia tanto a las ausencias de la legisladora como al uso de combustible, pues Acuña habría pagado, en el 30 de noviembre del 2021, más de ¢3,2 millones a una gasolinera en un solo día, pese a que en diciembre solo asistió dos días a laborar.
En el caso de la presidenta legislativa, se investigan los permisos concedidos a la diputada independiente para ausentarse.
“La Procuraduría de la Ética Pública ejercerá las competencias legales que tiene para este tipo de procesos penales, por tratarse de una servidora pública y referir a un eventual delito funcional cometido por esta”, indicó la PEP.
La Fiscalía General de la República no ha respondido una consulta que La Nación le envió desde el jueves anterior sobre la apertura de dicho proceso judicial.
El denunciante es un ciudadano de apellidos Solera Cordero, a quien la Fiscalía General confirmó, el 22 de febrero, que había abierto dicho expediente.
Este martes, el Directorio de la Asamblea Legislativa aprobó una reforma reglamentaria para exigirles a los diputados y diputadas que, cuando tengan padecimientos de salud que los obliguen a ausentarse de sus labores, tengan que entregar una incapacidad de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS).
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