La Procuraduría de la Ética Pública (PEP) presentó, este martes, una denuncia penal en el Ministerio Público en contra del diputado Óscar Cascante, del Partido Unidad Social Cristiana (PUSC), por las gestiones que hizo en favor de sospechosos de narcotráfico ante diversas instituciones públicas.
La denuncia es por el presunto delito de tráfico de influencias y otros delitos contra sus deberes de funcionario.
La PEP considera que hay mérito suficiente para que la Fiscalía General de la República abra una causa contra el congresista por las gestiones realizadas ante diversas autoridades y entidades estatales en beneficio de los negocios turísticos y de construcción de tres presuntos miembros (uno ya fallecido) de la banda Turesky, la cual habría invertido millones de dólares en la compra de lujosos bienes, incluido un motel, con dinero proveniente del tráfico de drogas.
De hecho, los sospechosos Alejandro Cartín Ramírez y Robert Soto Rivera, así como el difunto Luis Guillermo Cartín Herrera, hicieron 13 visitas al congresista del PUSC en su oficina del Congreso.
Cascante, por ejemplo, les consiguió citas con autoridades de Casa Presidencial, el Banco Popular, el Instituto Costarricense de Turismo (ICT), la Municipalidad de Limón y el Instituto Nacional de Vivienda y Urbanismo (INVU). La banda, la cual fue desmantelada por la Policía Judicial en el 2021, pretendía desarrollar proyectos de vivienda de interés social y un complejo turístico en Limón.
Este mismo martes, la PEP entregó a la Asamblea Legislativa el informe PEP-INF-10-2022 con las conclusiones de la investigación realizada contra Cascante, tras recibir dos denuncias en su contra por las gestiones mencionadas.
Consultado sobre el hecho, el legislador Cascante remitió a su abogado, Alonso Salazar; sin embargo, este respondió que desconoce las gestiones de la Procuraduría y apuntó que se emitiría una reacción cuando se conozca la denuncia.
En junio del 2021, la Fiscalía General también confirmó que se mantenía una investigación contra Cascante Cascante por el presunto delito de tráfico de influencias, desde el 2019.
Aunque la Procuraduría llevó adelante las gestiones del socialcristiano, los diputados por alto los hechos en el informe de la Comisión investigadora sobre la penetración del narco en la zona sur.
Dicho informe evitó hacer valoraciones políticas sobre las visitas que recibió el parlamentario y mucho menos sobre las gestiones que hizo ante múltiples instituciones.
Cascante, incluso, recibió a dos de los sospechosos de narcotráfico un día antes de que las autoridades judiciales los detuvieron.
En junio del 2021, el Tribunal de Ética del PUSC confirmó la apertura de un proceso contra Cascante y la fracción había tomado la decisión de separarlo. Este martes, el jefe de la bancada de la Unidad, Pablo Abarca, aseguró que sigue separado de la fracción.
En la página web del PUSC no consta que se haya tomado una resolución del Tribunal de Ética y sigue apareciendo Cascante como miembro más de la fracción, incluso junto con Shirley Díaz, quien había renunciado a ese partido en setiembre.
Proceso ético de 10 meses
Aunque el Tribunal de Ética del PUSC abrió un proceso contra Óscar Cascante, en junio del 2021, uno de los miembros de ese órgano, Freddy Coto, aseguró que aún no se ha emitido una resolución.
Coto alegó que al órgano ético de la Unidad se le venció su periodo en noviembre del 2021 y para ese momento ni siquiera se le había notificado al diputado la apertura del proceso.
Por ello, ni siquiera se llegó a recibir en audiencia al congresista, pues Coto adujo que apenas se estaba en el proceso de recopilar “todo el elenco de la denuncia”, cuando se vencieron los nombramientos.
Él mismo, Freddy Coto, dijo que renunció al órgano, el cual todavía no está “totalmente integrado” porque la “Asamblea Nacional no se ha reunido para resolver”.
“Yo no diría que no quedó en nada, porque el expediente está abierto y mientras esté abierto, hay una posibilidad de resolver, pero todo depende de los nuevos integrantes”, dijo.
Cuando se le comentó que el proceso lleva abierto 10 meses, adujo que en realidad estaba suspendido porque “no se le ha notificado” a Óscar Cascante el proceso ético, por lo que considera que en realidad “no se ha abierto técnicamente”, aunque el proceso estuvo supuestamente abierto entre junio y noviembre del año pasado.
Entonces, Coto alegó que el Tribunal de Ética trabaja con recursos limitados y que “no se contó con las posibilidades de obtener los domicilios” para notificar al congresista.