La ausencia de una ley que sancione a la presidenta de la República por actos contra la ética le impidió a la Procuraduría señalar eventuales faltas de la mandataria Laura Chinchilla por volar en un avión prestado en mayo.
Ayer, el procurador de la Ética Pública, Gilberth Calderón, envió al despacho de la presidenta el informe final con la investigación por una denuncia de supuesta faltas éticas de los funcionarios que participaron en el viaje que la mandataria hizo a Perú el 11 de mayo.
El viaje lo realizó en compañía de su entonces ministro de Comunicación, Francisco Chacón; la esposa de este y ministra de Comercio Exterior, Anabel González, y la ahora exasistente personal de Laura Chinchilla, Irene Pacheco.
Todos asistieron a la boda del hijo del vicepresidente Luis Liberman el sábado 11; el lunes 13, Chinchilla asistió a una cita con el presidente peruano Ollanta Humala.
Calderón informó ayer que “por parte del exministro Chacón, la ministra González y la asistente de la presidenta, se cometieron faltas a la ética y violaciones a las prohibiciones de recibir colaboraciones de la empresa privada, y por eso lo hemos comunicado”.
Sin embargo, a la presidenta no se la vincula con ninguna falta ética porque el marco jurídico actual no le permite a la Procuraduría revisar si Chinchilla actuó o no al margen del principio de probidad y de la ética pública, dijo Calderón.
“En nuestro país no hay una ley que regule la responsabilidad administrativa que pueda tener un presidente de la República por este tipo de actuaciones”, afirmó.
Las declaraciones de Calderón, emitidas ayer a varios medios de comunicación, generaron la molestia del Poder Ejecutivo.
“Me llama la atención de que los funcionarios seamos los que tenemos la última oportunidad de defendernos públicamente ante informes como este de la Procuraduría. Me llama también la atención de que se haya emitido un informe cuando sé que a doña Irene no se le notificó, y cuando sé que a don Francisco Chacón no se le recibió testimonio”, dijo Chinchilla.
Por su parte, la ministra González dijo, mediante un comunicado de prensa, que las declaraciones de Calderón ponen en duda su “buen nombre”.
El viaje se realizó en un avión inscrito a nombre de la empresa petrolera THX, y lo había prestado el cuestionado empresario colombiano Gabriel Morales Fallón.
La polémica se hizo mayúscula cuando trascendió que Morales había sido investigado por narcotráfico en su país y que en medio del préstamo del avión estuvo el exfutbolista Rolando Fonseca.
Esta mezcla de ingredientes tuvo un alto costo político: Chinchilla aceptó al renuncia de Chacón, Pacheco y del jerarca de la Dirección de Inteligencia y Seguridad Nacional (DIS), Mauricio Boraschi, encargado de la seguridad de la presidenta de la República. Todo llevó a la Fiscalía General a abrir una investigación que está en curso.
