La Sabana
Un día después de que su administración desconvocara la reforma al empleo público de la agenda del Congreso, el presidente Luis Guillermo Solís negó tener una alianza con los sindicatos. Para el mandatario, existen suficientes pruebas para rechazar una alianza con los gremios, aunque algunos sectores políticos y empresariales sí ven señales de un compadrazgo.
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Este viernes, en una conferencia de prensa durante la que fue cuestionado por su decisión de cambiar el rumbo de la agenda fiscal de su Gobierno, el presidente aseguró que la desconvocatoria del plan de empleo público no fue deliberada para beneficiar a los sindicatos, los cuales amenazaban con una huelga general si proseguía el debate de la reforma que limitaría los pluses salariales.
Por el contrario, atribuyó su decisión a la "realidad política" en contra de esa propuesta, que terminó de confirmarse, según él, cuando 22 diputados firmaron una carta anunciando su oposición a tramitar la iniciativa por la vía rápida.
Los sindicatos se atribuyen lo sucedido y dicen que Solís actuó ante la presión de ellos. El presidente no dijo si esa lectura es correcta o no.
Pero sí contestó con un reclamo cuando la prensa le planteó "si el retiro de empleo público es una muestra de que los privilegios salariales de los empleados del Estado son intocables en Costa Rica".
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Para él, nadie puede afirmar que su Gobierno protege los beneficios salariales porque tiene suficientes pruebas de que los ha reducido en lo que va de su mandato.
"Este es el único Gobierno que ha renegociado convenciones colectivas a la baja, en 20 años. ¿Cómo decir que este Gobierno no está tocando privilegios cuando estamos poniéndole topes a pensiones? ¿Quién le puso antes topes a pensiones, cuál administración?, ¿cuándo fueron las convenciones colectivas uno de los nidos de privilegios más grandes que hubo en este país? Se ha logrado renegociar eso y se va a continuar renegociando. Hay demostraciones fehacientes de que hemos puesto límites a esos excesos. Entonces, me parece que decir que aquí se dejan intocables los privilegios, de ninguna manera", reprochó el gobernante.
La administración Solís Rivera sostiene que ahorró ¢5.048 millones en la convención colectiva de la Refinadora Costarricense de Petróleo (Recope) y ¢3.500 millones en la de Acueductos y Alcantarillados (AyA). Actualmente, negocia la de la Junta de Administración Portuaria y Desarrollo Económico de la Vertiente Atlántica (Japdeva).
Pruebas. En el Congreso, al menos, no le creen al presidente Solís su versión de los hechos que derivaron en el retiro de los proyectos de empleo público y, a la vez, los de de aumento de impuestos sobre las ventas y las rentas.
El jueves por la noche, horas después de que el ministro de la Presidencia, Sergio Alfaro, anunciara el retiro de la agenda fiscal, la diputada liberacionista Sandra Piszk afirmó que el Gobierno le agachó la cabeza a los sindicatos, y renunció a la potestad de mando que le entregaron los costarricenses durante las elecciones del 2014.
De paso, dijo Piszk, Luis Guillermo Solís debilitó al Congreso, al inhibir a los diputados de continuar con el debate de la reforma a los pluses salariales por la presión de los sindicatos, al menos hasta abril, cuando concluyen las sesiones extraordinarias.
El diputado Ottón Solís, del propio partido del gobierno, Acción Ciudadana (PAC), afirmó que el Poder Ejecutivo fingió su respaldo al proyecto de empleo público al convocarlo el 9 de enero para, después, dedicarse a desacreditarlo y torpedearlo.
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"No voy a referirme a los fundamentos de don Ottón, pero le puedo garantizar a él y al país que si hay un gobierno que puede salir al sol y mirarlo con la cara arriba es este (...). Aquí lo que hay es una constatación de la realidad, no es ponérsele de rodillas a nadie, no es cuestión de someterse a la versión de nadie. El proyecto sobre el empleo público no tenía viabilidad", contestó Solís.
El presidente rebatió las críticas con el argumento de que su gobierno ha hecho un análisis serio de la realidad política en contra de la agenda fiscal y que, en esta materia, ha actuado con certeza.
Sobre los proyectos de reforma fiscal, de los cuales ya renunció a tres (IVA, renta y regla fiscal), afirmó: "Este no es un gobierno charlatán. Hemos hecho un trabajo serio, profundo, técnicamente avalado por el Banco Mundial, el Fondo Monetario Internacional, el Banco Interamericano de Desarrollo y la Comisión Económica para América Latina, que refrendaron los proyectos, con un sellito, al consultárseles. Hemos sido absolutamente transparentes en el manejo de los proyectos de ley y eso a mí lo que me dice es que no solamente hemos sido sinceros, sino que hemos sido consecuentes con una visión de país".
¿Y el apocalipsis? En gran parte de sus discursos en actos públicos durante el 2016, Luis Guillermo Solís pintó un panorama caótico para el país en caso de que no se aprobara su reforma fiscal durante esta administración. Dijo que la próxima administración heredaría un déficit del 10,5% del PIB y que eso "significará violencia".
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Al consultársele si no era ambivalente su administración al haber advertido sobre un panorama de terror sin la reforma fiscal, mientras que recibe el 2017 con el retiro de la agenda, Solís dijo que mantiene cada una de sus palabras y vaticinios sobre las "malas horas" que deberá enfrentar el país sin más ingresos provenientes de la recaudación de tributos.
"Precisamente porque sigo creyendo que sin impuestos este país pasará muy malas horas en el futuro, nuestra responsabilidad es que hemos tomado la decisión de viabilizar ese proyecto con una nueva propuesta que esperamos tenga aceptación entre los señores diputados. No le quito una sola palabra a mi perspectiva de amenaza para Costa Rica en un futuro sin nuevos ingresos y especialmente si no somos capaces de no reducir la deuda. La única manera de garantizar sostenibilidad para la economía costarricense hoy, estabilidad monetaria, inflación baja, capacidad de inversión en sectores fundamentales para nosotros como el turismo y la educación es con nuevos recursos", advirtió.
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El presidente, rodeado de sus viceministros de la Presidencia, Luis Paulino Mora, y de Egresos de Hacienda, José Francisco Pacheco, dijo que la cobija del Estado no alcanza para cubrir todos sus gastos, e invitó a quienes duden de su versión a revisar los números que deberá enfrentar la administración que iniciará el 8 de mayo del 2018.
Añadió que la nueva propuesta fiscal que su gobierno le presentará a los diputados se explorará durante la semana entrante. Su ministro de la Presidencia dijo el jueves que ese será el último intento en esa materia que presentará este gobierno.
La reforma fiscal alternativa se basa en la transformación del impuesto sobre las ventas en impuesto al valor agregado (IVA) con una tasa ya no del 15%, como quería el Ejecutivo originalmente, sino manteniéndola en el 13% actual, pero gravando a servicios hoy exentos. Además, proponen una tasa diferenciada del 4% los servicios de educación y salud privados.
"El proyecto alternativo lo que busca es mantener el nivel de responsabilidad fiscal que hemos propiciado. Para nosotros sería muy fácil simplemente quitarnos de una vez por todas el problema y decirle a la siguiente administración 'venga y lo arregla usted sola'. Lo que hemos contemplado es que este nuevo subpaquete de proyectos con los cambios que se han anunciado le den al próximo gobierno un poco de oxigeno, para que pueda entrar acomodarse y posteriormente tener el espacio suficiente para discutir su reforma fiscal", adelantó el viceministro.