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Tras solicitar al TSE la inscripción de su candidatura presidencial, el liberacionista Johnny Araya afirmó que su campaña no suspenderá los servicios gratuitos de atención dental que comanda su esposa, la odontóloga Sandra León.
"Por Dios, por Dios, no hay ninguna irregularidad. No hay ninguna norma del Código Electoral que se esté violentando", dijo Araya en las instalaciones del Tribunal Supremo de Elecciones (TSE).
"A nadie se le condiciona el voto. Es una forma distinta de expresar nuestra campaña política", añadió.
Ayer, el TSE y el Colegio de Cirujanos Dentistas anunciaron que supervisarán las Caravanas de la Salud que organiza León, con el propósito de determinar si incurren en delitos electorales o faltas a la ética.
Sobre las investigaciones, el candidato de Liberación Nacional (PLN) manifestó: "No les veo ningún sentido. Me parece que es una forma diferente de hacer campaña y es un movimiento que ha integrado a un equipo de voluntariado de odontólogos, de médicos y que han venido recorriendo comunidades en donde hay mucha gente que no puede pagar una cita privada".
Argumentó, además, que a lo largo de su carrera, su esposa se ha caracterizado por desarrollar muchos programas sociales.
Araya insistió en que no suspenderán el programa "porque no hay ninguna irregularidad".
"Si el Tribunal encontrara alguna irregularidad, por supuesto, pero estamos convencidos de que no hay ninguna irregularidad, de que todo se está haciendo transparentemente", añadió.
Estas Caravanas de la Salud estuvieron en comunidades de San Sebastián, y Alajuelita, donde repartieron a los pacientes información de la campaña del PLN.
“Les dan un paquetito con la cara del candidato Johnny Araya. Esos son los informes que tenemos”, dijo el martes Héctor Fernández, director del Registro Electoral del TSE.
De acuerdo con el artículo 279 del Código Electoral incurre en un delito contra la determinación del electoral aquel que, por medio de dádiva, promesa de dádiva, amenazas o violencia induzca a otra persona a adherirse a una candidatura o a votar en un determinado sentido o a abstenerse de votar.
La conducta se castiga con prisión de dos a doce meses.
