A partir de ahora, en sus formularios de solicitud de información, las instituciones públicas tendrán que preguntar a los usuarios cuál es su preferencia sexual y con cuál género se identifican.
Así lo dicta la directriz Nº047-P , firmada por el presidente Carlos Alvarado, la cual incluye a todas las entidades de la administración pública y entes descentralizados.
¿A qué responde esa orden? Según el gobierno, la idea es solventar la falta de datos que hay en Costa Rica de las personas LGBTI (lesbianas, gais, bisexuales, transexuales e intersexuales).
Luis Salazar, comisionado presidencial para asuntos de esa población, argumentó que la falta de información hace que estas personas y sus realidades sean invisibilizadas en las estadísticas del país.
Desde el momento en que la norma se publique en el diario oficial La Gaceta, las instituciones deberán incluir en sus hojas de recolección de datos preguntas como “¿Usted se considera?” –para determinar la orientación sexual de la persona– y “¿Usted se identifica?”, en el caso de la identidad de género.
En cada casilla, habrá una serie de alternativas para que el usuario escoja, siempre que quiera hacerlo, pues nadie estará obligado a consignar los datos solicitados, dijo Salazar.
El comisionado presidencial para la población LGBTI enfatizó que, aunque la instrucción es generalizada, regirá solo en las instituciones que apliquen fichas informativas y donde sea fundamental recopilar ese tipo de datos de los usuarios.
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Primero en cinco entidades
Salazar explicó que la obligatoriedad de plantear esas preguntas regirá, en primera instancia, en cinco entidades: el Ministerio de Seguridad Pública, el Ministerio de Educación Pública (MEP), el Patronato Nacional de la Infancia (PANI), la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) y el Ministerio de Salud.
En el caso del Ministerio de Seguridad, lo que busca el Gobierno es consignar si existen casos de violencia o agresión motivados por la orientación sexual de la persona o por la identidad de género.
En el MEP, el objetivo es determinar cuántas situaciones de bullying (matonismo) se dan en función de esas dos variables.
“Cuando se dé una situación de bullying y se llegue a dar el relato (del afectado), ahí se detectará cuál es el motivo, pero se llevará nada más el número, porque lo que nos interesa es determinar números. No nos interesa cuál estudiante, porque ahí se tiene que guardar absoluta confidencialidad y privacidad”, argumentó Salazar.
Según el funcionario, en esos casos, los centros educativos no tendrán que preguntar directamente a sus estudiantes sobre sus preferencias sexuales e identidad de género. Habrá una persona encargada en cada institución –un profesor, por ejemplo– de llevar el conteo de alumnos, pero sin detalle de nombre y apellido.
En el PANI, agregó, el motivo de plantear las preguntas es la prevalencia de casos en que menores de edad pertenecientes a la población LGTBI son expulsados de sus casas.
“Incluso a los 12 años, mujeres trans son expulsadas de sus hogares, y también nos interesa ver esos datos para trabajar en política pública”, agregó Salazar.
En cuanto a la Caja y el Ministerio de Salud, la intención es contar con una data más certera para la atención en salud sexual.
“Es fundamental consignar quiénes son atendidos en los centros de salud para el tratamiento del VIH/Sida, siempre en forma confidencial”, afirmó el comisionado.
Pese a que la directriz no se implementará en todas las instituciones del Estado, la pretensión es que se vayan incorporando otras, pues otro de los objetivos es detectar y acabar con los tratos discriminatorios a usuarios por parte de funcionarios.
Cuidado con la obligatoriedad
Larissa Arroyo, representante del Frente por los Derechos Igualitarios, califica la iniciativa del Gobierno como un esfuerzo valioso, pues la recolección de datos de las personas LGTBI permitiría crear políticas sociales para esa población.
No obstante, aseguró que el hecho de plantear esas preguntas podría implicar discriminación y violencia contra los usuarios por parte de los funcionarios que tengan acceso a la información recolectada.
Por esa razón, enfatizó, no puede ser obligatorio revelar los datos, pues se trata de información sensible.
“Pensemos en una chica de 18 años que todavía vive con sus padres y cuya familia es muy religiosa. Poner esos datos podría implicar una mayor discriminación y mayor violencia. Entonces, no podríamos recriminar que mienta o que no quiera dar detalles”, aseveró.
Por eso, replicó, esta acción debe venir acompañada de otras iniciativas gubernamentales con las que rompan prejuicios, estereotipos y roles de género.
Marco Castillo, líder de la comunidad gay, consideró que la recopilación de datos de orientación sexual y de identidad de género sería beneficiosa para ciertos trámites.
“Por ejemplo, una pareja que esté solicitando el bono de la vivienda, tienen que aclarar que son pareja del mismo sexo. Ya en diciembre hubo una resolución que aprueba el bono de vivienda para el mismo sexo”, indicó.
Asimismo, fue enfático en que la medida no puede ser impositiva.
El presidente Alvarado firmó la directriz este viernes 17 de mayo, durante la inauguración del Festival de Cine por la Diversidad, en el Museo de Jade.
Dicha normativa se afianzará en el informe Marco de referencia para el abordaje de la población LGTBI en la producción y divulgación de las estadísticas oficiales, elaborado por el Fondo de Población de Naciones Unidas (UNFPA), en conjunto con el Instituto Nacional de Estadísticas y Censo (INEC) y el comisionado presidencial para asuntos de la población LGTBI.
La firma se gestó en el marco del Día Mundial contra la Homofobia, la Bifobia y la Transfobia, celebrado el 17 de mayo, pues fue en esa fecha, en 1990, cuando la Organización Mundial de la Salud (OMS) eliminó la homosexualidad de la lista de enfermedades mentales.
Recientemente, esa misma entidad global también sacó la transexualidad de esa lista.
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