Gustavo Viales, diputado de Liberación Nacional (PLN), presentó este miércoles un proyecto de ley para reducir en 25 días el periodo de tiempo durante el cual los partidos políticos podrán hacer gastos de campaña, que puedan reembolsarse con dinero público, antes de las elecciones nacionales del 2022.
La iniciativa acortaría de cinco meses y medio a cuatro meses y medio el tiempo para reconocer actividades proselitistas con cargo a la deuda política, la cual es tramitada ante el Tribunal Supremo de Elecciones (TSE).
Las actividades de los partidos políticos esos primero 25 días, después de la convocatoria a elecciones, pueden financiarse con contribución privada o recursos propios, según explicó el legislador.
Ese texto permitiría reembolsar las actividades partidarias entre el 1° de noviembre del 2021 y hasta el 23 de marzo del 2022, es decir, 45 días después de las elecciones del 6 de febrero de este último año.
Actualmente, el Código Electoral establece que los gastos de campaña empezarán el 6 de octubre de 2021, cuando se hace la convocatoria a elecciones, y se extenderán hasta 45 días después de la elección.
“En ningún momento se pospone el inicio de la campaña política La campaña inicia desde la convocatoria en octubre y finaliza hasta el día de elecciones de febrero”.
“Lo que se modifica es el plazo en el cual las actividades de los partidos políticos van a ser reconocidas como gastos electorales. Un partido puede iniciar campaña en setiembre o en el mismo octubre, si así lo requiere, pero el gasto se reconoce a partir de noviembre, con el fin de tener una disposición de que los partidos puedan ahorrarle plata al Estado costarricense”, subrayó el liberacionista.
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Desde la semana pasada, Viales consultó al TSE un borrador que pretendía que la campaña electoral empezara oficialmente el 6 de noviembre del 2021, además de prohibir toda actividad partidaria durante el primer semestre del próximo año.
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Sin embargo, en el proyecto, finalmente, no se propone cambiar la fecha de la convocatoria de elecciones ni se prohibirían expresamente actividades partidarias en los primeros seis meses del 2021.
Lo que sí se plantea es impedir a las agrupaciones celebrar actividades que, por su naturaleza, impliquen aglomeraciones de personas, desde la entrada en vigencia de la reforma y hasta el 31 de diciembre del presente año.
Las agrupaciones políticas sí podrían celebrar asambleas en forma virtual, según las disposiciones que establezca el TSE.
El fin de esta norma, según explicó el diputado Viales, es cumplir con los lineamientos sanitarios establecidos por el Ministerio de Salud debido a la pandemia.
“Me parece que, guardando medidas sanitarias, (la iniciativa) ayudaría a que los partidos políticos no tengan ni reuniones masivas ni congresos ideológicos ni otro tipo de aglomeración dentro de sus sedes que implique aglomeración de sus sedes y ponga en riesgo la salud”, explicó el diputado proponente.
El mismo plan prorrogaría la vigencia de las actuales estructuras partidarias cuyos nombramientos venzan entre la aprobación de la iniciativa y la culminación del proceso electoral del 2022.
La idea es que esas estructuras desarrollen actividades relacionadas con el proceso electoral como presentación de nóminas de candidatos, solicitud de inscripción de fiscales y de miembros ante las diversas juntas electorales, y los aspectos propios de la gestión de la contribución del Estado, entre otras.
La prórroga de nombramientos seguiría vigente, continúa el texto, para desarrollar procesos de renovación de sus cargos; también se ampliarían los periodos de los miembros del los órganos electorales internos de los partidos políticos.
“Eso tiene como propósito que a los comités ejecutivos de los partidos políticos, que actualmente están vencidos, llámese agrupaciones cantonales o provinciales, se les pueda prorrogar su vigencia y no estén en desventajas de otros partidos que ya hicieron renovación de esos estructuras. La pandemia les ha limitado porque el Tribunal no permite hacer asambleas”, dijo Viales.
Finalmente, la iniciativa proponer reducir el monto de la deuda política para campañas electorales, del equivalente al 0,19% del producto interno bruto (PIB) al 0,10% de la producción.
De ese 0,10%, el 0,07% iría para las elecciones nacionales del 2022 y el resto para las municipales del 2024, explicó el legislador.
La disminución sería de un 0,01% en comparación con lo autorizado para las últimas campañas, en las que el Congreso siempre ha reducido ese porcentaje a un 0,11%, mediante reformas transitorias.
Esa medida se dispuso para las campañas nacionales del 2014 y 2018, y para las municipales del 2016 y del 2020.
PAC y PRN apoyan iniciativa, PUSC la critica
Las bancadas de los partidos Acción Ciudadana (PAC) y Restauración Nacional (PRN) se mostraron a favor de la iniciativa, mientras que la del Partido Unidad Social Cristiana (PUSC) la cuestionó.
“Creo que no hace falta ningún proyecto de ley para tomar esas decisiones. Eso puede hacerlo cada partido político de nuestro país. Sobre el fondo del proyecto no me voy a referir, porque no le veo ninguna viabilidad política a excepción del PLN y del PAC”, señaló Rodolfo Peña, jefe de la fracción del PUSC.
El congresista Enrique Sánchez, jefe del PAC, dijo: “Por supuesto que nuestra fracción apoya una reducción de la deuda política. Incluso, hay una reforma constitucional presentada por la fracción con este fin”.
El jefe de la bancada oficialista, también se mostró a favor de que se reduzca el tiempo para reconocer actividades proselitistas como gastos de campaña a cargo de los contribuyentes, “de manera que sea una campaña más austera”, añadió.
En relación con la posibilidad de prohibir actividades partidarias presenciales con aglomeración de personas, dijo que se parte de la realidad de que se vive una pandemia y no es posible realizar actividades de ese tipo.
Sánchez manifestó el lunes que el borrador de Viales, que se estaba consultando técnicamente con el TSE, tenía el espíritu de liberar de actividades electorales todo el primer semestre del 2021, con el fin de permitir una discusión reposada de las reformas legales que el país tendrá que aplicar para cumplir el acuerdo de financiamiento con el Fondo Monetario Internacional (FMI).
Sin embargo, este miércoles, el legislador evitó referirse en esos términos.
Carlos Avendaño, diputado del PRN, indicó que a su fracción le parece importante que se proponga una reducción al financiamiento a los partidos políticos, como lo pide la iniciativa; la prórroga de las estructuras partidarias y la prohibición de actividades partidarias masivas en el 2020.
“Es un peligro poner en riesgo la salud de la gente ante los contagios cuando se está poniendo un esfuerzo grande para evitar los contagios de la covid-19″, dijo.