EscucharUn proyecto de ley presentado por la fracción del Partido Liberación Nacional (PLN) pretende que las contrataciones realizadas por el Ministerio Público para la atención del programa de protección a víctimas y testigos, no sean publicadas en el Sistema Integrado de Compras Públicas (Sicop).
La iniciativa señala que la Ley General de Contratación Pública obliga a brindar datos abiertos sobre los servicios contratados y que, al exponerse públicamente, se revela información que permitiría dar con personas reubicadas o identificar su rutina diaria.
Para los diputados del PLN, la situación actual constituye una ventana de riesgo que ha pasado inadvertida y pone en peligro la vida de las personas con protección por ser víctimas o testigos de delitos.
El plan sostiene que, en estos casos, sí se justifica la confidencialidad y que hoy, incluso, las organizaciones criminales podrían concursar por contratos para atacar a testigos.
La propuesta sostiene que los criminales también podrían amedrentar a los ganadores de los concursos, quienes podrían ser perseguidos y extorsionados para obtener información sobre el paradero de los protegidos.
El Sicop almacena y pone a disposición la información de compras públicas, para que cualquier persona interesada pueda consultar tanto información general como reportes o indicadores de los procedimientos contratados, por transparencia.
La ley exige a dicha plataforma incorporar las facturas con información de la cantidad de días que estuvo una persona hospedada, cuándo se movilizó y cuál fue la empresa que se encargó del transporte.
Óscar Izquierdo, jefe de la bancada del PLN y proponente de la iniciativa, dijo que es ilógico que un programa que busca proteger a personas en una situación delicada exponga a las víctimas mediante el Sicop.
Carlo Díaz, fiscal general de la República, advirtió a los diputados sobre las implicaciones de la reducción aplicada por el gobierno, pues sostuvo que desampararía a personas clave en investigaciones judiciales, ocasionando laOficina de Atención a la Víctima del Delito del Ministerio Público.
Según los datos del plan, el volumen de casos ha aumentado debido al incremento de la inseguridad, por lo que la complejidad de la respuesta institucional ha venido en aumento.
Durante el 2022, ingresaron 4.688 casos por delitos de extorsión, amenazas, amenazas agravadas, agresión con arma, privación de libertad y lesiones graves, lesiones leves, lesiones por riña. La cifra llegó a 3.223 solo entre enero y julio 2023.
Uno de los hechos que más preocupa a los proponentes son los préstamos gota a gota, pues aseguran que han generado un crecimiento en los niveles de acoso, amedrentamiento y violencia, debido a que las bandas criminales abordan a las víctimas y sus familiares para extorsionarlos.
El presupuesto para atender el programa de protección de víctimas y testigos sufrió un recorte de ¢525 millones para el próximo año.
Carlo Díaz, fiscal general de la República, advirtió a los diputados sobre las implicaciones de la reducción aplicada por el Gobierno, pues sostuvo que desampararía a personas clave en investigaciones judiciales, ocasionando la liberación de sospechosos de crimen organizado.
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