EscucharEl fiscal general, Carlo Díaz, advirtió de que el recorte de ¢525 millones en la subpartida destinada al programa de protección de víctimas y testigos desampararía a personas clave en investigaciones judiciales, lo que podría ocasionar la liberación de sospechosos de crimen organizado.
Ante los diputados de la Comisión de Hacendarios, Díaz dijo que los denunciantes y testigos suelen ser amenazados, por lo que muchos no se presentan a dar testimonio y los imputados queden absueltos.
“Estamos atendiendo crimen organizado, casos de corrupción. Creo que una de las provincias donde usted ve un poco más de absolutorias es Limón. ¿Por qué?, porque la gente va a denunciar; si lo hacen, lo hacen con temor. Después, para el juicio, reciben amenazas y prácticamente no van.
“Si con los recursos que tenemos no estamos dando abasto para darle una protección efectiva a esas víctimas y testigos, con un recorte vamos a tener menos recursos para atender a la población”, expresó el fiscal general.
Las medidas de protección incluyen brindar alojamiento temporal seguro, alimentación, insumos personales, medicamentos, escolta y protección policial, así como asesoramiento y apoyo psicológico.
En casos extremos, se puede requerir la reubicación de las víctimas y testigos para garantizar su seguridad a largo plazo.
El diputado Jonathan Acuña, del Frente Amplio, le había consultado a Díaz cuáles serían los efectos que generaría para la Fiscalía la reducción de ¢525 millones en los recursos para proteger a las víctimas y testigos.
Para agosto del 2023, el presupuesto destinado a ese rubro fue de ¢11.750 millones (incluyendo un aporte extraordinario de ¢225 millones), pero el Presupuesto Nacional del 2024 otorga únicamente ¢11.225 millones.
El fiscal general insistió en la necesidad de contar con denunciantes y testigos para sacar adelante las investigaciones, especialmente en casos de crimen organizado, corrupción y delincuencia.
“Reitero: si no les damos protección, los resultados que vamos a tener son los mismos definitivamente. Esta oficina trabaja también -perdonen la expresión-, con las uñas, porque así es.
“Y si se les hace un recorte, pues vamos a tener los mismos resultados y vamos a seguir dejando desprotegida a las víctimas, denunciantes y testigos”, agregó el fiscal.
Los diputados de la Comisión Hacendarios procuran sumar ¢13.000 millones al presupuesto del Poder Judicial para el 2024.
Esos recursos se distribuirían de la siguiente forma: ¢7.000 millones más para el Organismo de Investigación Judicial (OIJ) y ¢6.000 millones la Corte Suprema de Justicia.
Paulina Ramírez, diputada del Partido Liberación Nacional (PLN) y presidenta de la Comisión de Hacendarios, explicó que los ajustes van destinados para atender las necesidades de fiscales, fiscales auxiliares, técnicos judiciales y jueces, lo que de forma indirecta ayuda al programa de protección de víctimas y testigos, pero no le otorga dinero.
“Ayuda que se liberen un poco los otros procesos; eso hace que sea más fácil trabajar el proceso de víctimas, indirectamente”, expresó.
