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El Partido Restauración Nacional (PNR), que actualmente carece de diputados y solo tiene nueve regidores, cobra millones de colones al Tribunal Supremo de Elecciones (TSE) por la confección de signos externos, como camisetas, lapiceros, jarras y lonas en periodos no electorales.
Ninguna otra agrupación política cobra al Estado material propagandístico durante esas épocas, en las que los partidos hacen uso de sus reservas de deuda política para gastos permanentes de organización y capacitación.
Con esos fondos, Restauración facturó ¢191 millones por signos externos por los periodos no electorales comprendidos entre el 2019 y el 2022.
En cuanto a las épocas de campaña, facturó otros ¢289 millones en signos externos, para un total de ¢480 millones.
Pero, además, Restauración también cobra, con cargo al Estado, los salarios de miembros de su comité ejecutivo. Juan Carlos Avendaño Salas recibe ¢3,7 millones; su esposa, Cindy Cruz Picado, ¢1,5 millones y el presidente del partido, Carlos Avendaño Calvo, quien es padre y suegro, respectivamente, de los dos anteriores, ¢2 millones.
El proveedor de los signos externos que contrata el partido es un negocio que empezó registrado como un bazar en Pavas. Luego pasó a registrarse como litografía. Se trata de Digrafik y está a nombre de María Fernanda Chavarría Gómez, de acuerdo con datos facilitados por el Tribunal Supremo de Elecciones (TSE).
Restauración le contrata esta firma bolígrafos, blocs de notas, lonas, bolsas impresas, rollers up (carteles enrollables), así como calendarios, banderas y camisetas.
Luego, le cobra las facturas al TSE en las liquidaciones de la deuda política.
La Nación consultó sobre estos gastos a Carlos Avendaño Calvo, presidente de Restauración Nacional, así como a la proveedora, pero ninguno respondió las consultas que solicitaron ambos por escrito. Avendaño, de 67 años, es teólogo y ha sido diputado en tres ocasiones: por primera vez en el período 2002-2006; por segunda vez entre 2010-2014 y la última entre 2018-2022.
La evolución de los gastos
Las primeras contrataciones de Restauración Nacional a Chavarría empezaron para la segunda ronda del 2018. El partido logró avanzar a esa fase -aunque perdió contra Carlos Alvarado- cuando su candidato presidencial era Fabricio Alvarado, actual diputado de Nueva República (PNR).
Gracias a ello, el partido obtuvo derecho a cobrar ¢5.930 millones de deuda política y dispuso ¢3.600 millones para gastos permanentes.
Meses antes, esta proveedora estuvo inscrita ante Tributación bajo el concepto de bazar, pero luego se inscribió como litografía e imprenta. Más adelante, en el 2021, evolucionó también a venta de equipo técnico.
En tres semanas, entre marzo y abril del 2018, el PRN le contrató a Digrafik ¢160 millones en signos externos. Para este momento, Chavarría tenía una oficina y no tenía las capacidades para producir las banderas y camisetas liquidadas, lo que generó cuestionamientos en el departamento de Financiamiento de Partidos Políticos del TSE (DFPP), que, en primera instancia, rechazó ese reembolso.
Sin embargo, ante la apelación del partido político, los magistrados electorales terminaron por reconocer esos gastos, en el 2021.
Por este caso, el Ministerio Público abrió una causa en el 2020, investigación que todavía está en curso bajo el expediente 20-000019-1218-PE, por presuntas irregularidades en la contratación y entrega de los productos.
Finalizada la segunda ronda, en la que Alvarado perdió la segunda vuelta frente al expresidente Carlos Alvarado, el PRN siguió comprando a Digrafik más signos externos, pese a que las elecciones habían terminado.
Signos externos en periodo no electoral
La ley establece que, después de las elecciones, las agrupaciones que alcanzan más del 4% de votos o al menos obtienen una diputación pueden destinar parte de la contribución estatal a gastos de organización y capacitación para financiar su operación en los periodos electorales.
En el caso de Restauración, parte de ese dinero se ha usado para pagar signos externos. Solo en el 2019, la agrupación le contrató a Digrafik ¢73 millones en signos externos; otros ¢55 millones en el 2020; y ¢39 millones en el 2021.
Para el 2022, la agrupación incluyó en sus gastos de organización facturas por ¢129 millones en tarjetas de presentación, camisas, reglas de polipropileno, mascarillas, calendarios, folletos, aunque estos sí correspondían al periodo electoral, entre octubre del 2021 y marzo del 2022.
En estos comicios, Restauración obtuvo el 0,55% de los votos y ninguna diputación, con lo que no adquirió derecho a nueva deuda pública, pero aún le quedaban fondos de reserva obtenidos en la campaña del 2018.
El que fuera candidato presidencial del 2022, Eduardo Cruickshank, dijo desconocer sobre estos gastos, pues estaban a cargo del Comité Ejecutivo.
Para los demás meses del 2022, de periodo no electoral, Restauración cobró otros ¢24 millones para bolígrafos, bloc de notas, banderas y lonas, productos que constan en el II trimestre de ese año.
Adicionalmente al presupuesto en signos externos, Restauración le contrató a este negocio ¢6 millones en volantes, rotulación de paredes, y hasta la desinstalación de una lona que costó ¢790.000. Estos gastos no están contemplados en la sumatoria de los ¢480 millones.
Actualmente, Restauración Nacional se encuentra con las estructuras vencidas, por lo que parte de los gastos del 2022 fueron rechazados ad portas por parte del TSE.
Este partido también ha usado su reserva para pagar salarios y servicios a familiares del exdiputado Carlos Avendaño, presidente de la agrupación, así como a él mismo y a los miembros del comité ejecutivo. Avendaño recibe los ¢2 millones desde mayo del 2022, cuando dejó su curul, pese a que el partido no tiene actividad política ahora.
Su nuera, Cindy Cruz Picado, coordinadora de tesorería y de la caja chica del partido, no solo recibe ¢1,5 millones. Ella también alquila un vehículo a Restauración por el cual recibe ¢340.000 por mes, de acuerdo con los informes de liquidación, facilitados por el TSE a La Nación.
El 29 de marzo, el TSE anunció un proyecto de ley para prohibir a los partidos reconocer gastos en bienes y servicios pagados a integrantes del Comité Ejecutivo o a sus familiares, así como personas jurídicas vinculadas.
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