Según el legislador del PAC Henry Mora, si el Congreso desiste de esa reforma, sería “cómplice de los evasores de impuestos, de los defraudadores de impuestos y de los puros y simples ladrones de impuestos”.
Sin embargo, Liberación Nacional (PLN), la Unidad Social Cristiana (PUSC) y el Movimiento Libertario consideran que sería desproporcionado otorgar a Tributación la potestad de tomar posesión de bienes o cuentas bancarias de contribuyentes, por lo que advirtieron a Hacienda de que el proyecto original no caminaría.
Tras conversar con congresistas opositores, Hacienda envió un nuevo texto que también autorizaría al Gobierno a hacer embargos, pero no a ejecutarlos. Para este último paso, se requeriría la orden de un juez.
No obstante, Henry Mora anunció el lunes en el plenario: “Creemos que hay formas de corregir cualquier abuso, cualquier arbitrariedad que pudiese estar contenida en el proyecto actual, pero que no amerita quitarle el principal instrumento de recaudación para quienes tienen una deuda tributaria con el Gobierno, para quienes pueden pagar y, sin embargo, no quieren pagar, que es para quienes va dirigido este proceso, esta nueva figura de cobro ejecutivo en sede administrativa”.
En su propuesta alternativa, el Poder Ejecutivo también planteó la creación de un equipo de fiscales de cobro, integrado solo por abogados de Hacienda, para cobrar deudas tributarias.
Aunque insistió en que aún no estaba satisfecho con que Tributación pudiese hacer embargos, Antonio Álvarez Desanti, del PLN, retiró las 300 mociones con las que bloqueaba el proyecto, al considerar que Hacienda ofreció una señal de buena voluntad.
El Ministerio estima que, con este proyecto, los ingresos fiscales aumentarían en ¢100.000 millones anuales; es decir, un 0,3% del producto interno bruto (PIB).
Negociación. El jefe de la bancada oficialista, Marco Vinicio Redondo, aseguró que tras un análisis del nuevo planteamiento de Hacienda, se acordó encomendar a Henry Mora y a Víctor Hugo Morales Zapata la negociación con las otras fracciones, en aras de hacer viable el proyecto, sin la necesidad de desistir de la ejecución de bienes por parte del Gobierno.
“Les solicitamos a ellos que hagan todo lo posible para que el proyecto quede lo más cercano posible a como está actualmente (…). Hacienda está tratando de ver cómo se aprueba el proyecto, aunque eso signifique ceder”, expresó Redondo.
Reconoció, además, que el tema ha sido debatido con el Frente Amplio, pues las dos agrupaciones promueven pasar la ejecución de deudas tributarias de la sede judicial a la administrativa.
“Ellos tienen la misma preocupación de nosotros (…). Nos preocupa que no se cumpla con el objetivo y que después nos culpen de no obtener los resultados para manejar el déficit fiscal”, dijo Marco Vinicio Redondo.
Diálogo estancado. Ante la divergencia entre PAC y Hacienda, la presidenta de la Comisión de Asuntos Hacendarios, la socialcristiana Rosibel Ramos anunció que la iniciativa contra el fraude fiscal se paralizó y se reanudará su debate cuando se pongan de acuerdo. “Hacienda nos hace una propuesta para iniciar a dialogar y ponernos de acuerdo y ahora el PAC dice que no apoya esas propuestas. No es posible continuar con esa charlatanería. Ahora no queda más que esperar a que nos hagan una nueva propuesta y ver qué pasa”, declaró Ramos.
Antonio Álvarez, a su vez, informó de que presentará de nuevo sus 300 mociones si Hacienda incumple la negociación.
“Para nosotros, ha sido realmente un balde de agua fría; parecía que cuando negociábamos con don Helio (Fallas, ministro de Hacienda) negociábamos con todo el Poder Ejecutivo y la fracción oficialista. Ahora nos damos cuenta de que no, que los acuerdos no son vinculantes. Hasta que el Gobierno y el PAC no se sienten a hablar y se pongan de acuerdo, es imposible avanzar”, manifestó Álvarez Desanti.
