El Gobierno insiste en autorizar a la Dirección de Tributación Directa para que embargue los bienes y las cuentas bancarias de los contribuyentes a los que catalogue como morosos, sin la necesidad de que medie una sentencia judicial.
Así consta en una propuesta alterna a esa iniciativa que el Ministerio de Hacienda envió el lunes pasado a la presidenta de la Comisión de Asuntos Hacendarios, Rosibel Ramos, y a otros diputados.
En ese plan alterno , también desiste de cobrar todas las deudas tributarias sin la necesidad de acudir a los Tribunales de Justicia y, más bien, crea un equipo denominado fiscales de cobro, integrado por abogados de Hacienda, que se encargue de hacer que los morosos paguen.
“No estamos haciendo el movimiento del cobro en sede administrativa. Ahora estamos fortaleciendo lo que hay, mejorando y agilizando el proceso, de manera que podamos hacerlo más eficiente (...). Hay que entender la realidad política del tema y, por eso, antes de perder del todo el punto, preferimos hacer un planteamiento que permita fortalecer lo que tenemos”, manifestó el viceministro de Hacienda, Fernando Rodríguez.
Sobre la propuesta, el legislador del Partido Liberación Nacional (PLN), Antonio Álvarez, aseguró que todavía hay que aclarar algunos aspectos, pues el embargo anticipado sin orden de un juez solo debe declararse a aquellos contribuyentes que pretendan evadir el pago de impuestos.
“Queremos definir en cuáles casos se puede o no, porque solo sería en aquellos donde hay sospechas de que el contribuyente se vaya a ir del país o vaya a cerrar el negocio, cuando es evidente que se trata de evadir la acción de la justicia o se quiera ocultar bienes. En ese caso, nos sentimos más inclinados a aceptarlo”, declaró Álvarez.
Otras modificaciones. El Gobierno también intenta variar el artículo de ese proyecto que condena a los asesores en materia de impuestos, si Tributación considera que aconsejaron mal. Establece que solo serán sancionados quienes asesoraron de manera dolosa. Por esa falta, además, propone reducir la multa del 20% al 5% de la deuda del contribuyente.
Otro de los puntos donde hay modificación es en la norma que fija que el Estado debe pagar los abogados de los funcionarios tributarios que sean demandados por su quehacer diario.
En su lugar, Hacienda pretende crear un fideicomiso que sea financiado en un 75% con fondos públicos y el 25% restante por los empleados, quienes deberán asumir todas las costas del proceso judicial si son condenados.
Además, se elimina la norma que establece que por un asunto de “responsabilidad solidaria”, los cónyuges y parientes de los morosos (hasta el tercer grado de consanguinidad, como primos y hermanos) podrían estar obligados a asumir las deudas fiscales.
Retira bloqueo. Ante la propuesta alterna del Poder Ejecutivo, Antonio Álvarez Desanti, anunció ayer que retirará las 300 mociones con las que pretendía frenar este proyecto de ley.
Álvarez afirmó que quitará esta semana sus objeciones como “un gesto de buena voluntad”.
“Debo reconocer la actitud y apertura del Ministerio de Hacienda; creo que este es un buen paso y hemos avanzado bastante en aras de alcanzar acuerdos (...). Pero esto no es una renuncia a presentar nuevas mociones de modificación”, advirtió el liberacionista.
