Ottón Solís, representante de Costa Rica ante el Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE), reapareció en sus redes sociales para defender la idea de la administración Alvarado de negociar un plan de ajuste económico con el Fondo Monetario Internacional (FMI).
Para el fundador del Partido Acción Ciudadana (PAC), lograr un acuerdo con ese organismo para obtener un financiamiento de $1.750 millones en tres años, en condiciones favorables, “es la única salida” para que el país evite una crisis económica similar a la de los años 80 y reactive su producción.
Sin embargo, cree que como el problema fiscal del Gobierno es “tan agudo, ninguna opción es fácil" .
"El mejor plan es doloroso. Ya no existen posibilidades de que las medidas solo afecten a los que más tienen o a los empleados públicos o a los consumidores”, dijo.
En ese sentido, indicó que cualquier propuesta que se ponga sobre la mesa debe proteger a sectores más pobres “por un principio moral y ético”.
“Pero es imposible que con ese plan la clase media no sufra, es imposible que se eviten cierres de instituciones y hasta algunas privatizaciones -como las ya propuestas-, es imposible que el sector empresarial y adinerado no tribute más de lo que ya ha venido tributando”, añadió.
La propuesta de Zapote, comunicada al país el pasado jueves 17 de setiembre, contiene una serie de medidas temporales y permanentes para generar ingresos por ¢6,4 billones (millones de millones) en tributos, al tiempo que ahorraría ¢2,3 billones en gastos, del 2021 al 2024.
Eso equivaldría al 17,5% del producto interno bruto (PIB) en impuestos y ahorros por un 6,4% del PIB.
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Con esa matemática la administración pretende afrontar el déficit fiscal que este año sería del 9,6% del PIB y variar la trayectoria ascendente de la deuda que al 2021 alcanzaría el 80,5% de la producción.
Pero las fracciones legislativas de oposición y las cámaras empresariales han rechazado la iniciativa, por estar cargada en nuevos impuestos y dejar en segundo plano el recorte del gasto público,
Avala plan, pero...
A criterio de Ottón Solís, el plan planteado por el Gobierno “es claro y logra sus objetivos matemáticos en materia fiscal y de deuda”.
“Pero si brotan mejores propuestas y son viables -en el contexto político de nuestra democracia- deben adoptarse. Escucho que el gobierno está abierto a esa posibilidad”, agregó.
El excandidato presidencial del PAC considera que se retomar la discusión sobre el tipo de Estado que se quiere, una vez que se supere la crisis fiscal del Gobierno Central.
Solís recordó que, desde el 2008 la deuda pública creció sin control. En ese año era del 24,1% del PIB, dos años después alcanzó el 28,3% de la producción y luego se siguió elevando hasta llegar al 58,5% en 2019.
“Ahí nos tomó la pandemia”, indicó, al tiempo que menciona la dificultad de conseguir apoyos para la reforma fiscal propuesta por la administración de Laura Chinchilla (2010-2014), pese al incremento del nivel de deuda pública.
También, mencionó los esfuerzos fallidos desde la Asamblea Legislativa por limitar el crecimiento del gasto y cerrar o fundir instituciones.
Siendo diputado, Solís presentó el proyecto Fusionar para fundir las superintendencias en una sola, para ahorrar ¢5.600 millones anuales, pero no prosperó.
“El cortoplacismo, el populismo, la falta de estudio de algunos y quizá nuestra incapacidad para explicar impidieron avanzar”, señaló.
En ese sentido, insistió en que las posibilidades de implementar un ajuste fiscal moderado se acabaron hace tres años. “Por ahora, debemos digerir lo grasoso, azucarado o amargo”, recomienda.
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Por otra parte, consideró que el financiamiento por $1.750 millones que el gobierno pretende obtener del FMI ayudaría a mejorar la calificación de la deuda en el país.
"De ese modo, los recursos que tendremos que dedicar a pagar intereses por nuestra deuda bajarían y con ello el déficit fiscal.
“Además, un acuerdo es la mejor estrategia para la reactivación económica, en el tanto los inversionistas privados nacionales y extranjeros verían que sí hay luz al final del túnel y ampliarían y ejecutarían sus planes de inversión. Ello beneficiaría el empleo y la recaudación tributaria y reduciría adicionalmente el déficit fiscal”, aseveró.
Por otra parte, advirtió que si no hay acuerdo, la moneda nacional sufriría fuertes devaluaciones, se incrementaría la inflación y la recesión económica sería mayor que la actual. “Lo mas grave, (habría) un dramático incremento en la pobreza”, dijo.
Añadió que al BCIE le interesa que Costa Rica logre un acuerdo con el Fondo Monetario para evitar que se ponga el riesgo el pago de deuda con ese banco.
Solís informó de que Costa Rica acumula $1.400 millones en créditos con el BCIE y que esa entidad ha aprobado $2.000 millones que no se han desembolsado “debido a los tortuosos trámites que acompañan la inversión pública en nuestro país”.
“Los créditos otorgados a Costa Rica representan casi un 18% de la cartera total del Banco. Así que si Costa Rica tuviese dificultades para pagar su deuda, el BCIE terminaría seriamente afectado”, puntualizó.